La limitación de protestas sociales, acompañadas de detenciones arbitrarias, se han convertido en uno de los métodos de disciplina y control social más usados por autoridades mexicanas en la administración de Enrique Peña Nieto. Éstas son cometidas contra organizaciones sociales y personas de presencia y liderazgo importante entre procesos de resistencia que se oponen a megaproyectos, que se organizan para defender sus territorios y especialmente sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), por mencionar algunos. En la última década, se ha consolidado un régimen de despojo que se ha gestado desde hace ya varios lustros con la imposición de políticas neoliberales, que protegen intereses económicos de las transnacionales e incentivan la mercantilización de bienes comunes naturales y de derechos, que son vistos como bienes de capital.
La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), donde participan más de 70 mil personas, ha sufrido en lo que va del presente año agresiones y detenciones arbitrarias en contra de sus integrantes, que han mantenido una larga lucha con carácter social en contra del desmantelamiento del sector energético y las diversas problemáticas que entraña éste en distintos ámbitos y dimensiones de la vida individual y colectiva. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria acompaña este movimiento en la documentación de hechos violentos relacionados con la defensa del derecho humano a la energía eléctrica, acompaña movilizaciones, e insiste ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la importancia de reconocer y proteger este derecho, también se ocupa de la defensa integral de las personas que han sido detenidas.
Apenas el pasado 19 de agosto fueron detenidas de forma arbitraria dos personas en Naucalpan, Estado de México. Se habían comenzado trabajos de “modernización” en infraestructuras eléctricas, razón por la cual vecinos salieron de sus casas a solicitarle a trabajadores y contratistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) información sobre esas obras, en ejercicio del derecho de petición e información, sin embargo de forma intencionada se les negó, llamándolos “indios cerrados”.
Posteriormente, el día 14 de octubre de 2017 en ese mismo municipio, policías municipales realizaron violentos actos de represión y detuvieron a otras dos personas. Incluso, sobre estos hechos, se denunció tortura sexual en uno de los casos: quien policías sacaron de su automóvil y arrastraron por el pavimento a una de esas personas, para luego ser inmovilizada contra el suelo por dos policías de sexo femenino, sentándose en sus piernas y golpeándola, mientras alrededor se encontraban otros agentes del sexo masculino indicándoles a aquéllas donde golpear para someter a la víctima, mofándose y vociferando insultos como: “¡Eres una puta!, ¡te lo sacaste por revoltosa!” A lo que siguió la puesta a disposición y posterior traslado al seguro social, porque no había un médico legista. Todo con una violencia brutal y un trato degradante.
La mayoría de los casos de detenciones y criminalización de integrantes de la ANUEE se realizó bajo la denuncia y puesta a disposición en la Procuraduría General de la República (PGR), y la subsecuente imputación del delito de oposición a obra o servicio público, el cual se encuentra en el artículo 185 del Código Penal Federal. Delito que debiera ser considerado inconstitucional, toda vez que ahora se usa discrecionalmente cada vez más contra quienes se “oponen” a obras públicas.
En medio de este conflicto, el pasado 16 de octubre, en el penal de máxima seguridad número 1 del Altiplano, Estado de México, se realizó la audiencia de formulación de imputación y solicitud de vinculación a proceso por los hechos del 19 de agosto; se generó un precedente importante en la lucha contra la criminalización de la protesta. En ese proceso personas asesoras jurídicas del Centro Vitoria, que acompañan a la ANUEE, dejaron registro ante el juez del exceso que significa judicializar una problemática social, cuando se pretende aplicar todo el “rigor de la ley” y lanzar una agresiva maquinaria penal contra quienes ejercen el derecho a la protesta social, el derecho a disentir y resistir. Lograron la no vinculación al delito y llamó la atención la argumentación del juez, que protegió a estas personas señalando sus derechos a la libertad de expresión, manifestación y protesta social. Un paso contundente que de forma inmediata las autoridades federales buscan anular, ya que la PGR continúa en su pretensión de criminalizar este movimiento. Sin embargo, obvia reconocer que con ello incurre en graves violaciones a derechos humanos y actúa como defensora no del pueblo, sino de empresas e intereses particulares.
Marisol Feria* y Carlos Ventura*
* Integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
