Aumentan los reclamos ciudadanos por una nueva Ley General de Aguas, la cual debió aprobarse por el Congreso en 2013 y, hasta la fecha, no lo ha hecho. Urge para garantizar el derecho humano al agua.

Antes del gobierno neoliberal de Carlos Salinas, desde 1917 hasta 1992, había poco más de 2 mil concesiones. Del salinato a la fecha, son alrededor de 550 mil: Coca Cola –55 mil millones de litros anuales–, Pepsi –32 mil millones–, Danone –15 mil millones– y Nestlé –9 mil millones–.

Estas empresas acaparan 133 mil millones de litros, mientras que más de una tercera parte de los hogares carecen de agua corriente. Se ven obligados a comprarla en garrafones, botellas, latas o bien recipientes de cartón.

Siempre se ha despojado a las poblaciones del agua, pero nunca como cuando Salinas de Gortari creó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 1989. Entregó el vital recurso a las grandes corporaciones; hizo aprobar la ley de Aguas Nacionales (LAN) en 1992; creó “mercados del agua”, y desconoció los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

Esta ley, neoliberal hasta la médula, sigue vigente hasta la actualidad, casi 32 años después. Como consecuencia, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 3 mil 300 empresas acaparan el 20 por ciento del agua, lo que representa una enorme inequidad.

Las cerveceras y refresqueras representan el 1 por ciento, sin embargo, sobreexplotan la quinta parte del agua en México. Son un grupo privilegiado que cuenta con grandes concesiones. Algunos se encuentran en zonas desérticas, como Monterrey, por lo que tienen que sobreexplotar los mantos acuíferos. Además, la industria es la principal generadora de contaminantes orgánicos en el agua.

Las grandes corporaciones apoyadas por las potencias capitalistas aumentan la inequidad. El Coneval informó que 9 millones 300 mil personas carecían de toma de agua en sus viviendas en 2022.

En el medio rural, el 15 por ciento de las viviendas no estaban conectadas a la red hidráulica. Mientras tanto, en zonas urbanas, es sólo el 2.8 por ciento. Asimismo, en los hogares capitalinos más pobres se consume cinco veces menos agua que en los más ricos. Además, son los más afectados con los cortes.

El problema suele tratarse como un fenómeno natural. Sin embargo, la realidad es otra: no hay agua por el sobreconsumo de unos pocos; contaminación de acuíferos; sobreexplotación por parte de las corporaciones que promueven la corrupción, y el abandono institucional.

Por cada hectárea que se urbaniza, la recarga se reduce a 2 millones 500 mil litros de agua al año. Actualmente, el abastecimiento de agua potable a la Ciudad de México es de 31.2 metros cúbicos por segundo (m3/s).

Por otra parte, 9 m3/s extraen del sistema Cutzamala (Michoacán); 2.1 m3/s, del sistema de pozos en Barrientos (Estado de México); 0.6 m3/s, de la Caldera (Estado de México); 4 m3/s del Río Lerma (Estado de México); 0.9 m3/s del sistema Chiconautla (Estado de México), y 14.6 m3/s de los manantiales y pozos ubicados en la capital.

La extracción es mayor que la recarga. La demanda crece y se reducen las zonas de captación. Además, las corporaciones son consentidas por Conagua. La defensora del agua, Elena Burns, ha señalado que este organismo administrativo recaudó el 22 por ciento de los derechos que los usuarios industriales tenían que pagar.

Esto hizo que 43 mil millones de pesos quedaran en los bolsillos de los usuarios industriales, agroindustriales y de servicios. Esos recursos son necesarios para invertir en la infraestructura hídrica.

Es necesario que la metrópoli sea sustentable. Asimismo, se necesita que capte el agua de lluvia y racionalice su uso y tratamiento. La población demanda agua potable y de buena calidad para dejar de consumir agua embotellada; esto sólo conduce a millonarias ganancias a las corporaciones que la venden.

También, se debe procurar la captación de la lluvia, construir terrazas y pequeñas represas para retener el agua y aumentar su infiltración al subsuelo. Así, rescatar lagos y ríos contaminados.

Los campesinos son quienes necesitan agua suficiente para alcanzar la soberanía alimentaria. Actualmente, 27 millones de personas sufren hambre. Es necesario financiar apoyos a cooperativas y a los pequeños y medianos agricultores, con el objetivo de ayudar en la producción, transporte y comercialización.

De igual manera, importamos casi el 50 por ciento de los alimentos que consumimos. Asimismo, cada vez importamos más maíz. Durante 2022, llegamos a 18 millones de toneladas, y un año después se rompió récord con 19 millones 700 mil.

El tema del agua es prioritario y el poder legislativo no puede seguir postergando una nueva Ley General de Aguas. Por ello, aumenta la organización y la movilización para arrancar ese derecho indispensable.

¿Qué propone esta iniciativa ciudadana? Reconoce el agua como un bien común de la nación, proveniente de la naturaleza, a ser manejada sin fines de lucro:

1. Comprometernos con una Agenda Nacional: agua para ecosistemas; para todos, y para la soberanía alimentaria. Y también para poner fin a la contaminación; a la destrucción de cuencas y acuíferos; a la vulnerabilidad, y a las inundaciones y sequías por el mal manejo.
2. Construir instancias de participación comunitaria y ciudadana desde la microcuenca hasta el nivel nacional, para consensuar Planes Rectores vinculantes, con el objetivo de hacer cumplir con la Agenda Nacional cuenca por cuenca.
3. Establecer la Contraloría Social del Agua, instancia ciudadana auto-organizada a nivel municipal, de cuenca y nacional, para evaluar el desempeño de autoridades, cuyas acciones u omisiones vulneren los derechos asociados con el agua. Y, en caso necesario, recomendar la revocación de su mandato.
4. Reconocer y restaurar los derechos a las fuentes históricas del agua de los pueblos originarios.
5. Desmontar el sistema de concesiones que ha resultado en la privatización, acaparamiento y sobreexplotación del agua. Los Consejos Ciudadanos determinarían los volúmenes a dedicar al uso personal y para la alimentación sana.

También, respetarían los límites de las cuencas y los acuíferos, al tiempo que determinarían los volúmenes disponibles, las prioridades y los condicionantes de acceso para usos no prioritarios.

No se permitiría el uso de aguas nacionales para la minería tóxica, la fracturación hidráulica (“fracking”), ni para usos que implicarían su contaminación con sustancias peligrosas.

6. Poner los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en manos públicas y comunitarias, sin fines de lucro, con mecanismos que garanticen su administración eficaz y transparente.

Tendrían que consensuar y ejecutar Planes Municipales, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a agua de calidad, así como bebederos y baños dignos de libre acceso.

7. Reorganizar el uso agrícola del agua y la infraestructura para riego. Comités de ejidatarios y comuneros, pequeños agricultores, consumidores, y asesores técnicos consensarían planes, cuenca por cuenca. De esta manera, pondrán fin a la contaminación y el desperdicio del agua. Al mismo tiempo, se priorizaría la producción de alimentos sanos para el consumo local y nacional.
8. Establecer un Fondo Nacional para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, para el financiamiento directo de proyectos autogestionados por parte de comunidades sin acceso a agua o saneamiento. También, priorizar el equipamiento de escuelas públicas.
9. Garantizar presupuesto para el agua de por lo menos 0.7 por ciento del producto interno bruto (PIB), para ejecutar los Planes Rectores y Municipales, y garantizar sistemas de monitoreo y vigilancia hídrica, públicos y ciudadanos.
10. Toda obra hidráulica tendría que contar con un dictamen. Éste debe demostrar que implicaría menos costos y más beneficios socio-hídrico ambientales a lo largo de su vida útil. No se permitiría la concesión (privatización) de obras hidráulicas.
11. Prohibir la autorización de grandes proyectos de urbanización en cuencas que sufran de estrés hídrico, como hundimientos, grietas, agua fósil, inundaciones, zonas sin acceso al agua, aguas residuales sin tratamiento y reúso.
12. Requerir un Dictamen de Impacto Socio Hídrico adicional al Manifiesto de Impacto Ambiental, a ser elaborado por especialistas avalados por el Consejo Ciudadano de Cuenca, Debe contar con el consentimiento libre, previo e informado de los habitantes, y asegurar que el proyecto no pondría en riesgo los derechos asociados con el agua.

Para ello, es vital el punto tres: construir la Contraloría Ciudadana del Agua.

Afortunadamente, en estos momentos hay acciones, el 11 de agosto, al término del análisis de La Crisis Hídrica en Puebla por el Grupo Promotor de la Controlaría Autónoma del Agua de Puebla “Joel Arriaga”, Elena Burns señaló la necesidad de deshacer los modelos privatizadores y las instituciones que los garantizan. Asimismo, subrayó la necesidad de crear contralorías ciudadanas a nivel local, estatal y federal.

En Puebla, organizaciones acusaron que la subcuenca del Alto Atoyac tiene un déficit hídrico, debido a las concesiones concedidas por Conagua. Es inadmisible que se reprima a la población ante sus justas protestas, como sucedió el mes de junio.

En ese momento, dos hermanos, Jorge y Alberto Cortina Vázquez, fueron asesinados por elementos de la Fuerza Cívica de Veracruz, cuando apoyaban un plantón instalado por campesinos frente a la corporación Granjas Carroll, en la comunidad de Totalco, municipio de Perote. Hoy, se exige justicia y el retiro de la criadora de cerdos de la Cuenca Libre Oriental.

En otro frente, del 5 al 9 de agosto se desarrolló una intensa Jornada del Agua en el Estado de México, en busca de alternativas agro-hídricas ambientales. Tenían el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la Cuenca Lerma-Chapala y el Altiplano Central, una de las más importantes y extensas del país.

Destaqué la urgencia de abandonar el modelo extractivista del agua, que explota este recurso para la producción masiva de materias primas. De igual manera, subrayé la necesidad de poner fin al despojo y a los negocios que lucran con el agua y la contaminan sin tratamiento alguno.

Se debe lograr la unidad de acción para hacer valer los derechos al agua y al medio ambiente sano frente al extractivismo. Sólo así se logrará justicia y la plena garantía de derechos para todos, tanto seres humanos como la madre naturaleza.

Es necesario que el pueblo asuma su soberanía y conquiste el poder político para que decida y mande. Así, velará por sus intereses y por los del país frente a los intereses de las corporaciones y las potencias capitalistas. Es hora de una renovación democrática que impida los abusos y privilegios al amparo del poder.

Hoy por hoy, se construye la respuesta popular para llenar los vacíos que aprovecha la ultraderecha y asumir la soberanía; se fortalece la participación consciente para que en México se ejerza el poder del pueblo, el cual lleve a la profunda transformación y a la armonía entre los seres humanos y con la naturaleza.

Pablo Moctezuma Barragán/Segunda y última parte*

*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social

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