El gobierno federal dice estar “muy preocupado” por la filtración de información clasificada como “confidencial o reservada” que probaría supuestos actos de corrupción de mandos superiores en la Coordinación de Operaciones Aéreas de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal, por lo cual el área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control abrió el expediente 2016/PF/DE1275 y ha citado a policías para declaren sobre hechos considerados como “delitos graves” y que podrían ocasionar sanciones administrativas, despidos, inhabilitaciones y cárcel para aquellos elementos policiacos que hayan utilizado información “confidencial” para denunciar el desvío y malversación de recursos federales, daño patrimonial, abuso de poder, fuga de información y corrupción en esa corporación policiaca que ponen en riesgo la seguridad nacional del país.
Se trata de una historia de acoso, persecución, amenazas y procesos legales abiertos en contra de servidores públicos que denuncian presuntos actos de corrupción y que confirma como la estructura de gobierno opera para proteger a todos aquellos que cometen actos de corrupción. Así resulta casi imposible fincar responsabilidades a quienes incurren en actos ilícitos, porque quienes se atreve a denunciar irregularidades –en la administración de bienes y malos manejos de recursos públicos, así como la asignación interesada de contratos de bienes y servicios sin licitar o previamente acordados– son perseguidos y amenazados con ser expulsados de la administración pública federal y hasta pueden ir a prisión.
Este caso que se revisa en la Secretaría de la Función Pública debería llamar la atención del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; del comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, y de la secretaria Arely Gómez, exprocuradora general de la República, quien ha prometido deshacer grupos de poder y de interés que operan al interior de ese órgano de control y vigilancia y que dan protección a funcionarios corruptos, a fin de limpiar la imagen del gobierno de Peña Nieto y perseguir a todos aquellos que cometen irregularidades y diversos delitos en perjuicio del patrimonio nacional. Ya veremos si la contralora cumple lo que dice y actúa imparcialmente en este caso o sólo hizo declaraciones para quedar bien con su jefe el presidente de la República y todo va a seguir igual.
Es público que desde el arranque del sexenio, este gobierno ha estado marcado por la corrupción y la impunidad, promovida desde las altas esferas del poder político y por eso encontramos casos tan absurdos como el descrito, en donde se procede administrativa y penalmente en contra de quien denuncia hechos de corrupción.
En lugar de abrir expedientes y averiguaciones previas en contra de funcionarios que malversaron recursos federales, se persigue a quien los denunció. Citando a Peña Nieto, ésta es una acción buena que no sólo no se dice sino que además se oculta y con todo el aparato de procuración de justicia se arremete en contra de los funcionarios que se atrevieron a denunciar posibles actos de corrupción.
¿Estará enterada la contralora Arely Gómez de esta grotesca investigación (el expediente 2016/PF/DE1275), abierta en la dependencia a su cargo e iniciada cuando efectivos de la Policía Federal presentaron el 11 de mayo una queja ante la Presidencia de la República? En dicha queja obran las pruebas documentales que ponen en evidencia el cambio de cotizaciones y órdenes de compra en contratos como el número SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C046/2015, por un monto máximo de 8 millones 600 mil dólares, cuyo objeto es la prestación de servicios de mantenimiento integral, preventivo, programado y correctivo, así como la reparación y suministro de partes, componentes y herramienta especial para la flota de helicópteros marca Sikorsky Black Hawk, modelo S-70A y UH-60M, que conforman la flota aérea de la Policía Federal y con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015.
De acuerdo con el expediente entregado en la Presidencia de la República y cuya investigación se turnó a la Secretaría de la Función Pública, la operación se inicia cuando la Policía Federal recibe las cotizaciones donde el prestador de servicio Sikorsky International Operations Inc ofrece determinados tiempos de entrega y la dependencia le autoriza las órdenes de compra correspondientes para el suministro de partes y componentes, pero cuando la empresa no cumple en los plazos prometidos, la misma corporación policial da instrucciones al prestador de servicio para que cambie las fechas de entrega en las cotizaciones, con la finalidad de no penalizarlos por el atraso de los servicios ordenados. Además, los funcionarios de la Coordinación de Operaciones Aéreas alteran las órdenes de compra para ajustar los tiempos de entrega, con la finalidad de beneficiar al prestador del servicio y no hacer uso de la pena convencional correspondiente por el atraso de servicios pactados.
Según la denuncia, los funcionarios presuntamente coludidos en la malversación de recursos, daño patrimonial y responsabilidades en este contrato son el coordinador de Operaciones Aéreas, el comisario general Urbano Fernández Núñez; el director general de Mantenimiento, comisario capitán Martín Garrido Nieto; el director de ingeniería, policía segundo Héctor Fabián Cerritos Covarrubias; el encargado de Ingeniería de Helicópteros, suboficial Miguel Ángel Vázquez Cisneros; el encargado de Mantenimiento de Ala Rotativa, policía primero Mauricio Leal Díaz; el encargado de Almacenes, inspector Enrique Juárez Beltrán.
En el contrato señalado (SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C046/2015) que sirve de ejemplo para demostrar la corrupción en la Policía Federal, ahora dependiente de la Secretaría de Gobernación, se autorizó la cotización número SPB 10766 por un monto de 1 millón 276 mil dólares (unos 25 millones de pesos) con fecha 29 de agosto de 2015, mediante la orden de compra PF/SG/COA/DGM/DIH/422/2015 del 14 de agosto de ese año, y se autoriza la prestación del servicio.
Con esa inversión de 25 millones de pesos, se debió dar servicio de inspección a tres helicópteros: una de 500 horas, para el modelo S-70A, y dos de 720 horas para el modelo UH-60M, lo cual de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico del contrato SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C046/2015, numeral X, ítem I, II, por una inspección de la fase de 500 horas a planeador y ambos motores para el helicóptero S-70A, se ofertó a 190 mil 180 dólares, y por la inspección de la fase de 720 horas a planeador y ambos motores para el helicóptero UH-60M, se ofertó a 285 mil 120 dólares, cotización que habría excedido en demasía la cantidad autorizada mediante el oficio de orden de compra PF/SG/COA/DGM/DIH/422/2015, de fecha 14 de agosto de 2015.
A pesar de no cumplir en tiempo y forma con lo pactado por la empresa, la Policía Federal sostiene por escrito la satisfacción del servicio mediante el oficio PF/SG/COA/DGM/1931/2015, de fecha 20 de noviembre del año pasado, en donde solicita el pago de partes y/o servicios a la Dirección General de Recursos Materiales por la factura MéxicoPD01 y MéxicoPD01 y 0082905849, aún cuando los servicios no fueron terminados.
En conclusión, toda una maquinaria de corrupción opera para beneficiar a empresas privadas contratadas por la Policía Federal, la cual paga la prestación de bienes y servicios sin que las contratistas cumplan, según la denuncia entregada en la Presidencia de la República.
Contralínea 513 /del 07 al 12 de Noviembre 2016
