Con la finalización de un sexenio siempre es relevante analizar cuáles han sido los avances y retrocesos en el cumplimiento de los derechos humanos que se obtuvieron bajo la administración saliente. Es así que la sociedad se pregunta: ¿cómo estamos en materia de…? Tratando de dar respuesta a esta interrogante, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC (Centro Vitoria), desde 2002 ha publicado anualmente una investigación sobre la situación que guardan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en México. Estos informes han dado cuenta de los avances, retrocesos y violaciones de los derechos a la alimentación, educación, salud, vivienda, medio ambiente y los laborales; y cómo dicha situación impacta en grupos que, por su condición, son discriminados. Igualmente estos estudios han incorporado como ejes de análisis las perspectivas de género y no discriminación.

 

Salomé Almaraz Reyes*

 

En esta ocasión, además de brindar un diagnóstico, el informe 2011 dedicado al Distrito Federal sistematiza algunas experiencias de lucha. El objetivo es brindar un breve panorama sobre cuáles son las perspectivas y retos en materia de DESCA en la entidad, así como algunos ejemplos de movimientos de exigibilidad de estos derechos.

 

Entre los principales resultados obtenidos se señala que en la Ciudad de México, como en el resto del país, una constante en materia de derechos humanos es la brecha entre el reconocimiento y su cumplimiento. En este marco se abre un espacio en el que se desarrolla la exigibilidad como un proceso social y político encaminado a transformar las condiciones en las que se ejercen tales derechos y a promover la participación activa de la sociedad.

 

La exigibilidad se realiza desde diversas áreas: judicial, administrativa, política y legislativa, que suelen acompañarse de otros mecanismos de presión y persuasión en los que se concatena la participación de las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos y los movimientos sociales. De la misma forma que otros procesos, se teje, se promueve y se construye con la participación de diversos actores. El trabajo en conjunto entre víctimas, movimientos sociales y organizaciones civiles de derechos humanos ha desarrollado estrategias de acuerdo con el contexto político y social del país, que toman en cuenta las características del ejercicio de los DESCA y los vacíos en torno a su cumplimiento y justiciabilidad y, sobre todo, haciendo uso de las herramientas que tienen a su alcance en términos de recursos humanos, económicos y técnicos.

 

La participación de las organizaciones de derechos humanos ha logrado visibilizar, denunciar, acompañar y, sobre todo, promover el enfoque de derechos humanos entre diversos actores; trabajar por la reparación de las violaciones a éstos y de esa forma contribuir a la construcción de una sociedad consciente de la titularidad de sus derechos.

 

A raíz del Diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal, cuya realización comenzó en 2009, se generó una dinámica que resulto en el diseño de una política pública en la materia, a través del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF). En 2010 se llevó a cabo por primera vez en la Ciudad de México dicho Programa. Desde su inicio se ha señalado que el PDHDF ha presentado problemas para su efectiva ejecución, en gran medida proveniente del desconocimiento que se tiene de este documento al interior de la propia administración y del personal de base, situación que tiene un impacto negativo en el cumplimiento de los derechos humanos.

 

Por ello el informe señala que, en cuestión del derecho a la alimentación, persisten en el Distrito Federal problemas de mala nutrición, como obesidad y sobrepeso, que aunque ya empiezan a ser atendidas requieren de acciones más coordinadas y sobre todo de la reformulación de los programas relativos a la venta y distribución de alimentos.

 

Del derecho a la educación se indica que en la Ciudad de México el gobierno del Distrito Federal ha contribuido de manera importante a que este derecho sea ejercido: programas como los apoyos económicos para los estudiantes de la educación básica que han perdido su sostén económico, o el programa de uniformes y útiles escolares son acciones que facilitan la entrada y permanencia en las escuelas. Sin embargo, los avances en la educación media superior durante esta administración han sido poco claros, principalmente con respecto de la situación que se ha vivido en los últimos 3 años en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

 

Del derecho a la salud, el análisis remarca que persiste un mal manejo del Sistema de Salud local, que se encarga de atender a la población sin seguridad social que vive o transita por el Distrito Federal. Este sistema presenta algunos problemas de origen, como son la fragmentación que se dio con el proceso de descentralización; una red de instalaciones, unidades médicas y hospitales antiguos en mal estado y concentrados geográficamente; insuficiencia presupuestal aunada a la deficiente distribución territorial de la infraestructura médica, que afectada mucho más a las delegaciones del Suroriente, el Sur y el Suroccidente.

 

En materia de derechos laborales, termina la administración sexenal en la Ciudad de México con grandes y urgentes pendientes. Uno de ellos es fortalecer los mecanismos de defensa del derecho: desde los juicios que se promueven en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el trabajo de los organismos públicos de derechos humanos en el tema laboral, hasta el alto a la criminalización de la protesta y el respeto a la labor de las y los defensores de derechos humanos. Otra de las tareas que es necesario replantear es el enfoque que subyace a la creación de las políticas públicas laborales, así como su eficacia e impacto en la solución de las problemáticas.

 

Con respecto al derecho a un medio ambiente de buena calidad, las principales violaciones a este derecho derivan de la construcción de megaproyectos, como vías de comunicación, por lo que la lucha se centra en el territorio y los recursos naturales. En el caso que nos ocupa, el de la Ciudad de México, la urbanización y el paradigma de desarrollo que se han presentado como guía a otras grandes ciudades latinoamericanas son la base de las políticas ambientales. Ha habido avances. Sin embargo, no deja de ser preocupante la relevancia de los actores a quienes se les otorgan las concesiones para operar el transporte público y la construcción de las obras en la Ciudad, ya que se refuerza el papel del sector privado en el cuidado del medio ambiente y el esquema de desarrollo que, finalmente, es el que ha provocado la crisis ecológica.

 

En la Ciudad de México, con relación al derecho a la vivienda, a pesar de los “avances” exaltados por el gobierno de Marcelo Ebrard, aún existe un importante sector de la población que no es atendida por los esquemas actuales de financiamiento y crédito a la vivienda. A pesar de ser una urbe con una inmensa infraestructura física y un gran número de viviendas particulares –y de contar con dos programas destinados a la cobertura del derecho a la vivienda– en lo que respecta a la adquisición de una vivienda digna, sigue siendo uno de los grandes pendientes que deja el gobierno recién concluido. También quedan como reto los asentamientos irregulares, lo que deriva en la falta de suministro de agua, como de otros elementos básicos (como energía eléctrica), así como la situación habitacional de los pueblos indígenas en las periferias del Distrito Federal.

 

Ante este panorama, los movimientos sociales en torno a alguno o algunos de estos derechos pueden ser reivindicativos, es decir, que luchan contra el sistema establecido o acción que consideran injusta, movimientos políticos que buscan cambios en todo o una parte del sistema político, o antagónicos, que identifican a un adversario social que en muchas ocasiones resulta ser el propio Estado.

 

Es interesante saber que las demandas de los movimientos sociales se refieren a algún elemento de los derechos humanos, aunque esto no se adjudique de manera plena y consciente. El que las personas se asuman como titulares de derechos les permitirá organizarse con mayor fuerza y legitimidad. El enfoque de los derechos humanos conlleva en sus entrañas la semilla de la exigibilidad, vía para construir y demandar una vida adecuada con dignidad para todos y todas.

 

*Coordinadora del Área de Investigación del Centro Vitoria

 

 

 Fuente: Contralínea 314 / Diciembre 2012