Hace unas semanas un “experto en materia de corrupción” vino a México para darnos una cátedra sobre este fenómeno de descomposición social y que, según él, para erradicarlo en México se debe trabajar en la parte normativa, en la cultural y en la punitiva, ya que no hay país que genéticamente sea corrupto, sino que se aprovechan las debilidades institucionales para cometer conductas indebidas.

Y vaya que si alguien sabe de corrupción gubernamental es ni más ni menos que el exsecretario de Hacienda y Crédito Público,José Ángel Gurría, actual secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quien durante el gobierno priísta de Ernesto Zedillo benefició a la familia de su jefe el expresidente. Entonces les otorgó perdones fiscales a los hermanos Zedillo Ponce de León, para lo cual torció las leyes en la materia para evitar que éstos pagaran los impuestos correspondientes por las diversas empresas constituidas en Chiapas y en la capital del país cuando su hermano Ernesto ocupó la Secretaría de Programación y Presupuesto y después asumió la Presidencia de la República.

En un intento porque se olviden las historias de corrupción e impunidad que la burocracia ha cometido en este país en sexenios anteriores y que aún ocurren con mayor impunidad, Gurría presentó en enero un estudio elaborado por la OCDE sobre la integridad en México y dijo que “no hay ningún país que sea intrínsecamente ni más transparente ni menos transparente por vocación. Ni más corrupto ni menos corrupto por vocación, o genéticamente, ciertamente no. Lo que hay son más o menos oportunidades de llevarse el gato a la bolsa [y de esto él sabe mucho]. La posibilidad de identificación y sanción de la conducta ilícita o indebida en la que finalmente establece la mayor o menos incidencia”.

En coordinación con el gobierno mexicano, el secretario general de la OCDE estuvo en México para apoyar y promover el Sistema Nacional Anticorrupción que pretende instrumentar próximamente el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin importar que falten sólo año y medio para concluir su mandato y que apenas se haya dado cuenta del grave problema de la corrupción que se come las finanzas públicas y que fomenta este cáncer social.

Según Gurría, el gobierno mexicano tiene que construir un edificio de muchos niveles y parte de ese diseño ya está delineado en el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual apenas está en su fase de implementación.

Pero como los mexicanos no olvidamos a los funcionarios corruptos, que en una revisión rápida prácticamente no hay quién se salve, recordamos ahora los beneficios fiscales que Gurría otorgó a la familia del expresidente Zedillo y a sus amigos empresarios y políticos.

De acuerdo con documentales oficiales de la Secretaría de Hacienda en poder de esta columna y de acuerdo con versiones de exservidores públicos, en 1998 José Ángel Gurría otorgó un trato preferencial a los hermanos de su entonces jefe el presidente Zedillo, de nombres Rodolfo, Verónica Crystela y Luis Eduardo Zedillo Ponce de León, así como a su empresa, Grupo Intecon, para liquidar extemporáneamente impuestos que por ley debieron enterar al fisco entre 1991 y 1996.

En los primeros días del gobierno de Vicente Fox, a quien Ernesto Zedillo entregó la banda presidencial, el entonces contralor Francisco Barrio prometió que realizaría una exhaustiva investigación del caso y que, de haber elementos, aplicaría la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos a todos aquellos, incluido el exsecretario Gurría, que hubieran participado en las supuestas anomalías de los perdones fiscales. Pero obviamente esto nunca se cumplió, a pesar de las pruebas que había de la corrupción gubernamental para encubrir evasiones fiscales de la familia presidencial.

Inmovilizado, el entonces contralor Barrio pidió ayuda al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para investigar a la familia Zedillo Ponce de León, pero su petición fue rechazada y le negaron las pruebas de cómo su antecesor José Ángel Gurría benefició ilegalmente a la empresa de los hermanos de Zedillo.

En información publicada en esta columna en diciembre de 2000, se dio cuenta de la explicación que el arquitecto Rodolfo Zedillo, hermano de Ernesto y presidente del Grupo Intecon, dio a Oficio de papel sobre los beneficios fiscales que recibieron por parte de Gurría cuando su hermano era el presidente de la República.

En aquella ocasión Rodolfo Zedillo decía que “no había recibido un trato preferencial de la Secretaría de Hacienda en la liquidación de sus adeudos fiscales”; sin embargo, reconocía haber incurrido en retrasos de obligaciones tributarias “por causas externas a las propias empresas”.

Y agregaba que los adeudos fiscales fueron liquidados con “cargos muy sustanciales en apego a la ley”. Es más, agregaba, “jamás he recibido un trato especial de autoridad alguna y que, por el contrario, las autoridades han sido especialmente cuidadosas con mi familia para que ésta cumpla con el pago de sus impuestos”.

Sin embargo, las pruebas que aun guardo en viejos archivos señalan otra cosa: las cuatro empresas de la familia del expresidente Zedillo –Integración del Sistemas para la Construcción, Conductores Eléctricos de México, Promociones Electro Iris e Inmobiliaria y Constructora Gegaza– acumularon deudas y recargos por impuestos no pagados al gobierno federal hasta por 15 millones 275 mil 343 pesos, entre los años 1991 y 1996.

Para resolver ese problema antes que su pariente dejara la Presidencia de la República, el arquitecto Rodolfo Zedillo buscó un arreglo con las autoridades de Hacienda, por lo que en mayo de 1998 logró que mediante el pago de 8 millones 103 mil 779 pesos quedaran liquidados sus créditos fiscales, lo que le significó una disminución de más de 7 millones de pesos.

Según la tarjeta informativa que el exsubsecretario de Ingresos, Tomás Ruiz, le envió al secretario José Ángel Gurría (cuya copia está en mi poder), el SAT también les autorizó a las empresas de la familia Zedillo incorporarse a los convenios del Programa de Apoyo Fiscal, que les permitió pagar en una sola exhibición el saldo de los adeudos y los relevó de las obligaciones de presentar la garantía del interés fiscal y, por si eso fuera poco, los créditos que les otorgó Hacienda no fueron garantizados y al final les condonó las multas.

Cada uno de los créditos fiscales que las autoridades hacendarias les fincaron por las omisiones en que incurrieron los Zedillo al no pagar contribuciones de sus cuatro empresas, se encontraba sin garantía alguna, lo que es contrario a las disposiciones fiscales, pues el espíritu de toda norma tributaria es en el fondo salvaguardar el interés fiscal, mismo que debe ser garantizado a plenitud en todos los créditos que las autoridades hacendarias determinen, situación que en el caso de las empresas de la familia Zedillo no se cumplió por razones poco claras, lo que denota un trato preferencial del fisco federal a favor de los hermanos del expresidente de la República.

Contralínea 526 / del 12 al 18 de Febrero 2017