Arely Miranda González^*

 

En septiembre de 2011 un empresario de Ciudad Juárez denunció de forma anónima a 10 policías federales por extorsión, ataque y secuestro. Él alzó la voz ante la fiscalía estatal y relató a los medios de comunicación cómo fue preso de la injusticia, vestida de azul y bajo la nómina del Estado. El pasado 23 de abril se hizo pública la identidad de este empresario: Eligio Ibarra Amador. Junto con su identidad se reveló su muy lamentable asesinato. Él debió haberse presentado a la cita por el juicio de 10 policías federales. Por algunas tristes coincidencias que ocurren en México, fue atacado el día anterior. La muerte indigna de don Eligio plantea un cuestionamiento agudo: ¿por qué no hay una reacción ante esta doble injusticia?

 

La extorsión por parte de policías federales está enraizada en la corrupción sistémica de las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública. Un policía que no es juzgado se esconde tras la permisibilidad de sus superiores o de un juez corrupto. Los casos de corrupción en el aparato de seguridad pública no discriminan entre rangos. Existen emblemáticos casos, como el de Arturo Durazo, el Negro, quien durante el sexenio de José López Portillo (1976-1982) acumuló más de 46 mil 780 millones de pesos bajo el cargo de jefe de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal.

 

La policía debe prevenir e investigar los crímenes. Estas funciones requieren de un nivel de preparación y de remuneración en correspondencia con esa responsabilidad. A pesar de ello, el nivel de estudios de los policías es, en promedio, de primaria. En las más de 60 academias, el entrenamiento puede durar de tres a seis meses; si bien, un número considerable de elementos nunca ha recibido capacitación. La remuneración es insuficiente y es un motivo (más no justificación) para quealgunos busquen ingresos alternos.

 

Garantizar los más altos estándares de preparación a quienes protegen a los ciudadanos es como alimentar y fortalecer a superhéroes del futuro.

 

 

Algunos Estados han decidido ofrecer mayor seguridad a sus ciudadanos a costa de menos privacidad. Por ejemplo, en China la provincia más poblada, Guandong, con 104 millones de personas, tiene 1 millón de cámaras de vigilancia. Inglaterra cuenta con 3 millones de cámaras. En México hay cárceles con cámaras de reconocimiento facial para identificar a los visitantes.

 

El sistema de vigilancia ofrece pruebas irrefutables y contundentes de un crimen. El argumento en contra de un sistema de vigilancia de este tipo es que podría violar garantías individuales y se podría prestar al abuso de esta información. Sin embargo, la eficacia de un sistema de vigilancia depende de un aparato policial confiable y honesto.

 

Existen policías honestos, pero encontrarlos es una moneda al aire. La realidad es que hay tanto honestos como policías criminales. Y es necesario encontrar las pepitas de oro en el lodo institucional. Hay que limpiar y pulir estas gemas antes de que se ensucien y sean engullidas por un hoyo negro. Policías honestos capturarían a criminales y ojos mecánicos y sigilosos contribuirían a su encarcelamiento.

 

Los candidatos presidenciales actualmente apoyan la propuesta de un mando único policial en cada estado. Por un lado, centralizar la toma de decisiones en una cabeza institucional eliminaría plazas municipales que generan más daño que bien. Por otro lado, el gran vicio histórico de la administración pública es la tendencia cuasi-imperativa de centralizar el poder en pocos individuos, en lugar de distribuir funciones entre más actores. Una cúpula de poder debe tener pesos y contrapesos para rendir cuentas.

 

El mando único requiere de un plan de acción innovador. Para prevenir mecanismos institucionales fallidos, se podría implementar un programa piloto en un estado antes de hacerlo en todo el país. Un programa con un sistema de monitoreo y evaluación ofrecería información sobre la depuración de la policía municipal, capacitación de policías comprometidos e iniciativas de transparencia para la ciudadanía. Hay que proponer cambios realistas. Una inversión siempre se hace con información y análisis de riesgos y beneficios. El aparato policial debe ser una inversión no un costo más a la sociedad.

 

El modelo republicano impera bajo el principio de igualdad ante la ley y de ciudadanos solidarios, libres e iguales, comprometidos con el bienestar público. Sin embargo, este modelo no ofrece una solución para el ciudadano que confía en el Estado a pesar de que éste amenaza su supervivencia.

 

La denuncia de don Eligio, de haber sido exitosa, pudo beneficiar a muchos ciudadanos. Pero esa denuncia no tuvo eco porque una plaga de indiferencia ha silenciado a muchas personas. Los mexicanos, tristemente, no somos una sociedad incendiaria en contra de la injusticia.

 

Cada quien mantiene un valor diferente de la justicia. Si bien pocos actúan como don Eligio, su asesinato es un acto que dice tanto de sus agresores como de quienes observamos impasibles.

 

El ciudadano que busca la justicia lo puede hacer sin arriesgar su vida. Existen formas de presión a la corrupción a través de quienes la comenten. La madre que conoce a los policías corruptos puede denunciar, pero también puede segregarlos o puede asociarse con ellos. El rechazo social hacia personas que generan un daño a la comunidad es una forma de ejercer presión. Es la manera más inmediata de mostrar el rechazo, la repugnancia y el desdén hacia una sociedad en la que no queremos vivir.

 

Don Eligio creyó en el sistema de justicia que en ese momento lo estaba amordazando. ¿Cuántos don Eligios existen? ¿Cuántos don Eligios se necesitan para hacer de México un país justo? Don Eligio debería permanecer como un ejemplo, no como una trágica advertencia.

 

Se deben hacer reformas en el sistema policial, pero con planes concretos y sin propuestas vacías. El Estado de derecho debe garantizar la justicia y plantar la semilla de confianza hacia las instituciones policiales. El tejido social en México se desplomará si hay más niños asesinados, ancianos extorsionados, hombres desaparecidos y mujeres atacadas por quienes supuestamente son los guardianes de la seguridad.

 

^*Maestra en estudios de paz internacional por la Universidad Trinity College, de Dublín, Irlanda; politóloga e internacionalista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, de México