Desde que el represivo Decreto de Extinción de Luz y Fuerza, del 11 de octubre de 2009, puso en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la prestación del servicio de energía eléctrica en el centro del país, se generó un conflicto social agudizado al paso de los años como resultado del cobro exorbitante que apareció de la noche a la mañana en los recibos de millones de usuarios, sobre todo los de bajos consumos domésticos y menores ingresos, que prácticamente desde entonces han tenido que enfrentar la disyuntiva de pagar la luz o atender necesidades apremiantes de su núcleo familiar como la alimentación, contraviniendo con ello lo estipulado por nuestra Carta Magna en la defensa y respeto a los derechos humanos, así como en los tratados internacionales en la materia que garantizan el acceso de las personas al servicio eléctrico a un precio accesible y a un decoroso nivel de vida.

Martín Esparza*/Primera parte

El encubrimiento que el gobierno del espurio Felipe Calderón hizo a las razones de fondo de la desaparición del organismo público, y el despido injustificado de 44 mil trabajadores electricistas, buscó escudarse en retóricas mediáticas como la baja en las tarifas eléctricas, mejoramiento en el servicio y fortalecimiento de las finanzas públicas. Al paso del tiempo ninguno de estos tres postulados se cumplió y, por el contrario, los incrementos a las tarifas industriales y comerciales fueron de la mano con los recibos locos aplicados a los consumidores domésticos.

El remedio, como lo constataron millones de mexicanos, salió 100 veces peor que la imaginaria enfermedad, sobre todo porque con la anuencia para aplicar cuanto cambio le viniera el gana, la CFE inició además de sus atropellados cobros, el desmantelamiento de la red de líneas de cobre para sustituirlas por aluminio, así como la instalación de los medidores de prepago sin el consentimiento de los usuarios. Calderón y su runfla de secuaces se cuidaron de hablar y menos de polemizar sobre la descarada violación a los derechos humanos de los mexicanos, particularmente a los de escasos recursos, que representó su autoritaria medida, pese a estar salvaguardados, por añadidura, en los acuerdos internacionales firmados por nuestro país.

Hasta la fecha subsiste una notoria ilegalidad pues los usuarios del centro del país siguen sin tener un contrato legal con una empresa que les fue impuesta y que no se ha tomado la molestia de regularizar su situación jurídica, y menos resolver un generalizado problema social que en todo el país se ha multiplicado por sus ilegales cobros y arbitraria aplicación de tarifas a más de 32 millones de usuarios.

Desde que en 1933, siendo presidente Abelardo L Rodríguez, los usuarios se unieron en todo el país para demandar a su gobierno meter en cintura a las empresas extranjeras Mexican Light and Power y American and Foreign Power, que por la falta de inversión en el sector –sacaban sus cuantiosas ganancias al extranjero–, prestaban un deficiente servicio y elevaban constantemente sus tarifas, impidiendo el despegue de la industria nacional y provocando un serio quebranto a la economía familiar de los mexicanos, no se había visto un movimiento de tales proporciones como el que tomó forma a través del surgimiento de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), a consecuencia de los sistemáticos abusos de la CFE.

Esta organización, nacida de la sociedad civil, ha ido creciendo en su fuerza y presencia por todo el territorio nacional, librando al lado del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) una lucha histórica por la defensa y renacionalización de la industria eléctrica, ponderando como uno de sus principales objetivos la aprobación en el Congreso de una iniciativa presentada en San Lázaro, de manera conjunta, en abril pasado, y donde busca plasmar en el artículo cuarto constitucional el reconocimiento del acceso a la electricidad como un derecho humano de todo mexicano.

La propuesta conlleva además que las autoridades federales asuman la responsabilidad de fijar una tarifa social que ayude a resarcir el poder adquisitivo de los que menos tienen; avale el borrón y cuenta nueva, que ponga fin a los miles de problemas ocasionados por sus recibos locos y “cobros estimados” de la CFE, así como la criminalización de la protesta social de aquellos ciudadanos que han sido privados de su libertad por el hecho de manifestarse en contra de los abusos de la Comisión Federal. Y contra lo que algunos errados legisladores insisten en pensar, la iniciativa radicada en el seno de la Cámara de Diputados no es producto de una generación espontánea sino de un hartazgo social expresado en todas y cada una de las 427 mil firmas que acompañaron la presentación del documento.

Además, el planteamiento surgido de la voz de la ciudadanía no se contrapone con los fundamentos de la propia reforma energética, pues si se considera que en la actualidad el acceso a la energía eléctrica es parte esencial para el desarrollo económico, social, cultural y político de toda persona y de su suministro dependen toda una serie de actividades como el abastecimiento de servicios, transportes, las comunicaciones así como el funcionamiento de los comercios, escuelas, fábricas y hasta los propios hogares, la electricidad no puede ser vista meramente con un perfil empresarial que la ubique como una mercancía más en el mercado de consumo sujeta a la oferta y la demanda.

El Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, busca alcanzar el uso “óptimo” de la electricidad, estableciendo las estrategias, objetivos, acciones y metas que además de incrementar las empresas del sector público y privado, contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.

Desde esta perspectiva, la iniciativa presentada señala en sus fundamentos que dentro del marco constitucional y en el ámbito de los tratados internacionales, la prestación del servicio eléctrico no puede considerarse sólo como una mercancía, sino como un derecho humano y social que debe ser garantizado por el Estado y al cual deben tener acceso todas las personas. Esto es, que desde la esfera de los derechos humanos, los gastos personales o familiares no deben impedir ni comprometer la satisfacción de otras necesidades básicas. En pocas palabras, que las personas, sobre todo las de menores ingresos o que se ubiquen en los rangos de la supervivencia a través de la informalidad no deben sacrificar su derecho a la alimentación, a la salud, a la educación y a otros satisfactores sociales por la obligación de cubrir el gasto por energía eléctrica, que como ahora ocurre, es impuesto de manera unilateral, y elevado discrecionalmente sin tomar en cuenta las condiciones de pobreza y marginación que enfrentan 55.3 millones de mexicanos.

Martín Esparza*/Primera parte

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

 [BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]

Contralínea 496 / del 11 al 16 de Julio 2016