Corrupción, impunidad e intereses extralegales impiden que la justicia funcione, de acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional –la anterior se realizó en 2003–, llevada a cabo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que concluyó en mayo pasado.
Un amplio grupo –encabezado por el director del Instituto, Héctor Felipe Fix Fierro, y la doctora Julia Isabel Flores Dávila– efectuó la muestra. Se entrevistaron a 2 mil 208 personas de todo el país, en cuatro regiones. Y como siempre, hay algunas cuestiones que destacan. Para siete de cada 10 personas las cosas empeoraron, y el 50 por ciento ve con pesimismo 2012, lo cual muestra claramente que no obstante los innumerables anuncios gubernamentales de “vamos bien”, la gente no lo percibe así. Hay un foco rojo muy brillante para el año electoral que se avecina, algo que debe preocupar a Felipe Calderón y al Partido Acción Nacional, especialmente, pero también a los demás partidos.
El 18 por ciento percibe la situación política muy peligrosa. Lo que nos trae a la memoria los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y Juan Francisco Ruiz Massieu. Varios analistas han alertado sobre ello, por lo que no debemos ignorar la advertencia; menos después de escuchar las campañas de lodo que salpican a todos los grillos, las cuales se exacerbarán más en las jornadas posteriores.
Si bien antes los crímenes, el secuestro y el robo eran lo preocupante –lacras que han crecido ciento por ciento o más, según un reciente estudio de organizaciones sociales–, hoy lo que amenaza es la violencia generalizada y la delincuencia organizada. Y es verdad, los recientes acontecimientos como el allanamiento y robo al escritor Efraín Bartolomé –a quien todavía no le regresan los objetos sustraídos, ni se han detenido a los culpables, policías del Estado de México en activo–, y la balacera ocurrida cerca del estadio de futbol de Torreón, Coahuila, muestran que la violencia ha crecido desmesuradamente y no es ya dolor de cabeza de unos cuantos.
Varias pruebas de ello: campos de cultivo abandonados, emigración a Estados Unidos incluso de ricos, unidades habitacionales abandonadas en el Norte del país, aumento de los feminicidios y de trata de personas. En esto y más está metido el narcotráfico.
Y es que la justicia es deficiente, de acuerdo con el 50 por ciento de la muestra. Para el 60 por ciento, alcaldes y gobernadores hacen poco caso a los habitantes, y el 50 por ciento expresa lo mismo de los jueces y magistrados. En tanto, el Ejecutivo no está tan mal evaluado, seguramente por sus intensas giras donde inaugura obras y otorga favores y por su cotidiana propaganda de “todo va bien”.
Además, que los derechos humanos no se respetan, indica el 60 por ciento, lo que debe ser una llamada de atención a las oficinas encargadas del asunto, las cuales muchas veces piensan que por emitir recomendaciones todos quedarán satisfechos.
El 36 por ciento señala que los políticos son quienes más violan las leyes, después de la policía. Es paradójico: quienes elaboran las normas, y hacen campañas intensivas en radio y televisión para decirnos que los reglamentos nos benefician, son reprobados por sus representados. Nuevamente vemos que la propaganda no hace milagros permanentes, cuando más parciales y distractores.
Cabe desatacar que siete de cada 10 están a favor de un Congreso Constituyente y la elaboración de una nueva Carta Magna, lo cual hará sentirse muy orondo a Porfirio Muñoz Ledo, el principal impulsor de esas iniciativas. Y por lógica, el 50 por ciento señala que la Constitución ya no responde a las necesidades actuales. Esto se acentúa en la zona centro del país y entre las clases con mayor escolaridad, lo que debe llamar la atención de los partidos políticos en sus estrategias rumbo a 2012.
Dos cuestiones trascendentes que empatan con lo anterior: el 60 por ciento está por la revocación de mandato cuando haya faltas graves y el 75 por ciento por transparentar la información, incluso en la llamada “guerra” contra el narcotráfico. En este último asunto, las producciones del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y las series televisivas como El equipo y La teniente sirven de poco a los fines de ensalzar a quienes se enfrentan contra los malosos, pero que en ocasiones utilizan la prepotencia con el fin de resolver supuestos problemas y, en el fondo, violan las leyes.
El 80 por ciento de los mexicanos afirma que no tiene protección contra abusos de la autoridad. A pesar de las múltiples instituciones creadas, autónomas o no, ninguna es confiable a ojos de las personas.
No obstante las violaciones al Estado laico y las reiteraciones de que la Iglesia Católica deba estar presente en nuestra vida cotidiana, en los últimos 10 años de panismo, el 60 por ciento está en contra de que los ministros religiosos opinen de política, lo cual es un balde de agua fría al portavoz de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar Romero, al obispo Onésimo Cepeda Silva, y al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, entre otros.
La encuesta señala que seis de cada 10 opinan que no debe existir enseñanza religiosa en las escuelas, lo que traerá dolores de cabeza a los seguidores del padre Marcial Maciel, y a muchos colegios privados que utilizan el credo supuestamente para impartir educación. De las instituciones, resultan mejor evaluadas las universidades públicas y el Ejército. Al fondo: partidos políticos, diputados y policías. Los tres últimos tienen largos años en esa pésima situación y no rectifican, más bien insisten en deteriorar su imagen.
En síntesis, hay un despertar ciudadano, incipiente, que muestra la necesidad de cambios serios, de fondo, en todos los organismos sociales, a riesgo de que haya inconformidades mayúsculas. Pero ya sabemos que los encargados del poder ven llover y no se mojan, algo muy nítido en esta temporada de aguaceros donde muchos sufren y unos cuantos se ríen del tiempo entre charlas de café y copas.
*Periodista
[TEXTO PARA TWITTER: Políticos y policías, quienes más desconfianza despiertan entre la sociedad: Jorge Meléndez]
