Ramón Eduardo Ortiz*

Altar, Sonora. La violencia nunca se fue. Reapareció, contundente, en la región el 10 de enero pasado. El resultado de este “brote” fue de seis sicarios muertos (entre ellos dos adolescentes), al enfrentarse a elementos de la Policía Estatal Acreditable, que forman parte de un primer grupo –de casi medio millar– que, paulatinamente, se irá destinando a esta parte de Sonora para tomar bajo su cuidado las tareas de vigilancia y prevención que antes estaban a cargo de las policías municipales de siete localidades, de acuerdo con datos proporcionados por Ernesto Munro Palacio, secretario ejecutivo de Seguridad Pública del gobierno estatal, durante la ceremonia de instalación del Mando Único Policial. Los elementos de la nueva corporación recibirían, apenas unas horas después de su presentación, su bautismo de fuego, con bastante y rara fortuna para quienes participaron en el enfrentamiento, pues ni uno solo de ellos resultó herido, mientras que de la parte contraria fueron abatidos todos sus oponentes.

Se desconoce si los integrantes del comando de sicarios que se enfrentó a las fuerzas de la ley son parte del cártel que domina el paso de drogas y migrantes por esta región, que tiene como base de operaciones este municipio y la frontera entre Sásabe y Sonoyta, que lidera un individuo conocido como el Ocho; o el grupo contrario, con base en Caborca y Pitiquito, que lideraba hasta hace poco Nacho Páez, quien fue detenido y trasladado a la Ciudad de México por un grupo especial enviado por las autoridades federales; o bien pudieran ser integrantes de un tercer grupo que quiere disputar el control de este lucrativo y riesgoso negocio en toda la región ante los reacomodos provocados por la detención de Nacho Páez, la muerte del Macho Prieto y de Félix Jáuregui, conocido como el Paletero, quien fuera jefe de otro grupo que era quien en realidad operaba y controlaba este sector (se dice que fue traicionado al ser invitado a una reunión para delimitar tareas, regiones y mandos entre grupos del Cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín Guzmán Loera, el Chapo). Dicho cártel es el que controla, hasta el momento, el tráfico de marihuana y cocaína en esta región de Sonora, al ser el más fuerte de todos los grupos en el país. El negocio en la zona le es disputado por grupos afines o aliados a los Beltrán Leyva, cuya cabeza visible, se dice, es otro Beltrán, con residencia en Caborca desde siempre.

Por lo pronto, la lucha iniciada en febrero de 2013 con la ejecución del Paletero en la mencionada reunión realizada en Caborca parece no tener fin, y muestra de ello es cómo están dispuestos a encarar la muerte antes que dejarse vencer por la ley.

Estos hechos se dieron, además, apenas 1 día después de que el gobernador Guillermo Padrés, acompañado de su secretario ejecutivo de Seguridad Pública, Ernesto Munro, y mandos militares, acudieran al municipio de Tubutama para presumir la instauración del Mando Único Policial en el estado, donde es el Ejecutivo local, a través de la Policía Estatal Acreditable, quien se hará cargo de la seguridad en sustitución de la Policía Municipal de Tubutama, Átil, Sáric, Oquitoa, Altar, Pitiquito y Trincheras, municipios que desde hace 3 años están en una crisis de seguridad debido a la presencia de grupos armados que lo mismo han asesinado policías que empleados administrativos, funcionarios municipales y civiles que nada tenían que ver con estos grupos (y que han sembrando terror, zozobra y sicosis entre la población ajena a las cuestiones del narcotráfico).

Antecedentes

La situación es tal que hasta hoy cientos de personas prefieren no visitar esos municipios ante el temor de ser objeto de agresiones físicas, asaltos, despojos de sus bienes, levantones o asesinatos. Tan grave es lo que se vive, que en Tubutama se carecía de policía local, por lo cual la Policía Estatal era quien se hacía cargo de la vigilancia; pero de nada servía, pues eran tan sólo tres los agentes asignados a esa base operativa. Los cuales, además, ni residían ahí sino en el vecino municipio de Sáric, donde está otra base operativa, y lugar donde la Policía Municipal estaba también acotada, al ser apenas dos elementos los que componían la corporación.

Toda esta historia que culminó con la puesta en marcha de este publicitado Mando Único Policial se gestó a partir de 2010, cuando a mediados de éste se dio un enfrentamiento entre dos grupos fuertemente armados con ametralladoras Barret calibre .50, AK-47 (cuerno de chivo), M-16, R-15, granadas y otras armas de alto poder y asalto, que disputaban el control del territorio. Uno de los grupos era encabezado por Raúl Sabori Cisneros, alias el Negro Sabori, cabecilla de uno de los varios grupos o células del Cártel de Sinaloa que operan en la región, que hace aproximadamente 2 años fue detenido por un grupo especial del Ejército y la Policía Federal en la ciudad de Hermosillo, y trasladado de inmediato a la Ciudad de México, achacándole la muerte de dos policías de Caborca, narcotráfico, acopio de armas, lavado de dinero y otra serie de delitos, además de ser exhibido en televisión nacional como operador del Chapo Guzmán en esta región.

El grupo de sicarios, que iba en un convoy de aproximadamente 15 vehículos y compuesto por un centenar de individuos capitaneado por él, pretendían expulsar a otro grupo de narcotraficantes afines a los Beltrán Leyva, y se dice que lo integraban también sicarios de Los Zetas, quienes estaban aliados a un narcotraficante local conocido como Gilo o el M4, de nombre Arnoldo del Cid Buelna, ejecutado por un comando armado que lo persiguió y le dio muerte –junto a otros seis pistoleros que lo cuidaban– en una brecha cercana a Sáric, a finales de abril de 2012, donde tenía su centro de operaciones y cuyo grupo pretendía hacerse del control del territorio. Para ello estaban atrincherados en el municipio de Sáric, en ranchos y campamentos entre el monte y cerros de esa región, que era su cabeza de puente o playa para irse haciendo del control.

Indicios de la existencia de este grupo se empezaron a dar desde 2 años antes. La guerra inició en el municipio de Nogales, donde se daban enfrentamientos, ejecuciones y levantones casi a diario entre integrantes de un grupo conocido como Gente Nueva, del Cártel de Sinaloa, contra integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva, trasladándose poco a poco hacia esta región, donde los Beltrán Leyva hicieron su reducto. Poco a poco, la guerra que éstos tenían terminó en un enfrentamiento que acaparó los titulares en el mundo entero.

Inicia la guerra

Fue en la madrugada del 1 de julio de 2010 cuando las huestes de Sabori Cisneros, con él a la cabeza, quisieron sorprender a este grupo, pero los sorprendidos fueron ellos al ser emboscados en un paraje cercano a Tubutama, donde la carretera pasa entre cerros cortados, y desde las alturas y el monte los coparon sin poder dar marcha atrás. El saldo oficial fue de 29 muertos, entre ellos, se dice, había militares activos que apoyaban con información de inteligencia y acciones armadas disfrazadas de operativos contra el narcotráfico, según se dio a conocer después; y sí eran militares, pero estaban ahí para limpiar el terreno al Cártel de Sinaloa y contra el de los Beltrán Leyva.

El enfrentamiento duró, dicen, más de 4 horas. Los muertos quedaron regados sobre la carretera o bajo los vehículos donde se trasladaban. En un principio se dijo que eran 20 los cuerpos sin vida, después la cifra subió a 23 y finalmente se aceptaron 29 muertos. Sin embargo, pobladores hablaban de que pudieron ser cerca de 60. Sólo tres personas fueron detenidas en esa ocasión, y eso porque los encontraron heridos y no podían moverse por sí mismos. Todos fueron trasladados a una clínica de Caborca llamada Santa Fe, lugar a donde son llevados, casi siempre, los que participan en acciones violentas y tienen los recursos para ser atendidos. De ellos no se volvió a saber nada; se desconoce si están presos o fueron liberados bajo previo arreglo.

La promesa medio cumplida

Un año después, el 21 de junio, Tubutama fue sede de los tres poderes por acuerdo, días antes, en el pleno del Congreso estatal, donde se decidió se trasladasen los poderes al municipio. En sesión solemne se votó una iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal y se votó la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Pública, entre cuyos artículos está la creación de la Policía Estatal Acreditable y la instauración del Mando Único Policial, de acuerdo con la iniciativa presentada por el gobierno federal para unificar tareas de seguridad bajo un sólo mando. Así desapareció la Policía Municipal. De esta manera el gobierno estatal presume que Sonora es el primero de los estados en aprobar esta reforma a la Ley de Seguridad Pública, y anuncia entonces que se instalará en la región un cuartel para elementos militares, federales y estatales de la nueva policía que estaba en formación y que apenas el pasado 9 de enero se concretó parcialmente.

Apenas 20 días antes, el último policía en funciones del municipio había sido ejecutado. Él había sustituido al director de la corporación cuando éste renunció en diciembre de 2013, después de salir a relucir que conducía una camioneta Suburban blindada –la cual resultó ser robada– y acusaciones de que protegía al grupo delictivo de la región. Eso y el clamor popular fue lo que orilló al Poder Legislativo, Judicial y estatal a realizar esta faramalla y decir que trabajaban por la seguridad de la población en la comunidad más golpeada por los embates violentos del grupo que controlaba ese territorio. Además de policías, funcionarios de la comuna fueron asesinados por hacer su trabajo, y se dice que por desobedecer las directrices de los facinerosos que tenían prohibido transportar gasolina extra a la que debían llevar en los tanques los vehículos que transitaban por la carretera vecina de acceso y brechas. Quien era sorprendido con combustible era amedrentado o asesinado, lo que llevó a quienes comerciaban con el combustible a dejar tan lucrativo negocio. Asimismo, los delincuentes no dejaban que se abastecieran los comercios locales, y empleados de empresas distribuidoras de frituras, refrescos y alimentos dejaron de entrar a esos municipios a surtir comercios. Cientos de pobladores huyeron dejando propiedades, tierras, ganado y viviendas o comercios ante el acoso de los delincuentes.

De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a diputados, antes de los hechos de violencia Tubutama, la cabecera municipal, tenía una población de 1 mil 800 habitantes. Un año después, 800 habían dejado la comunidad. En una comisaría y localidad vecina, La Reforma, 60 de poco más de 100 viviendas fueron dejadas en el abandono por sus moradores, quienes emigraron a Caborca, Altar o Estados Unidos.

Hoy se desconoce si ya volvieron los ausentes o aún permanecen fuera, pues aunque se dice que la zona ya está tranquila y que hubo un acuerdo entre los grupos en pugna para no molestar a quienes transiten por ahí sin estar relacionados con sus actividades, la verdad es que la instalación de esta policía en el municipio y los hechos ocurridos el pasado 10 de enero demuestran que el gobierno sabe que todo es una ilusión y los grupos armados tienen el control hasta el momento y, de hecho, el poder; y no serán fácilmente dominados, pues están dispuestos a todo. Muestra de ello es cómo un grupo de seis sicarios se enfrentaron a muerte con elementos de la nueva Policía Estatal Acreditable al mando de Alejandro Coronado Miranda, jefe de grupo y comandante de la región del Río Altar.

En este enfrentamiento, se dice, murieron cuatro adultos y dos menores, uno de 16 años y otro de 14. Todos, armados con fusiles de asalto y pistolas de grueso calibre. De ellos sólo se ha dado a conocer la identidad de tres: el conductor de uno de los vehículos en el que se transportaban, quien respondía al nombre de César Jesús Peña Páez, de 29 años de edad, con domicilio en el ejido 16 de Septiembre, en el municipio de Altar; el copiloto Alfredo Robledo Madrigal, de 40 años de edad, con domicilio en la colonia Industrial, en la ciudad de Caborca, Sonora (Robledo Madrigal contaba con historial por el delito de lesiones); el tercer pasajero era un menor, de 16 años de edad, de nombre Luis Alfonso. Se habla de que también falleció un agente estatal.

El “incidente” interrumpió por más de 2 horas el tránsito de la carretera México-Tijuana en el tramo Altar-Pitiquito y causó temor entre los viajeros que fueron interrumpidos en el viaje a su lugar de destino en las dos direcciones.

¿Será el Mando Único la panacea ante la inseguridad?

*Periodista

 Contralínea 371 / 2 al 8 de Febrero de 2014