Soren Ambrose*/IPS

Nueva York, Estados Unidos. Ya está en marcha la última ronda de negociaciones por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los sucesores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptará en septiembre.

La ONU y muchos gobiernos miembros quieren concluir los debates antes de fines de este mes, para que no haya una discusión abierta durante la cumbre de los ODS. Pero todo indica que el ambiente reinante es de fuerte desconfianza.

Eso se debe a lo sucedido durante la conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo (FPD), celebrada en Adís Abeba en junio.

Los países del Sur en desarrollo –agrupados en el Grupo de los 77 (G77), que 50 años después de su fundación tiene ya 134 miembros– respaldaban la propuesta de una organización intergubernamental universal, dentro de la ONU, cuyo propósito sería la reforma y el mantenimiento del sistema tributario internacional.

Si bien esta propuesta no habría subsanado de inmediato el sinfín de formas en que las corporaciones evaden los impuestos en el Sur en desarrollo, habría sido un cambio decisivo en un sistema que permitió que este tipo de actividades prosperaran.

Las reglas internacionales, o normas y pautas, vigentes en materia de fiscalidad son propuestas y elaboradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el club de los 34 países más ricos del mundo.

De vez en cuando la OCDE consulta a los 134 países restantes al respecto, pero éstos nunca llegan a votar en realidad.

En la nueva forma propuesta para la toma de decisiones sobre las normas fiscales internacionales, cada país tendría voz y voto. Esta lucha importa porque el Sur en desarrollo afronta la necesidad de cambiar cómo, y quiénes, hacen las reglas.

Hasta que lo logren seguirán, en el mejor de los casos, corriendo para permanecer en el mismo lugar. Modificar quién hace las reglas es una condición necesaria, aunque no suficiente, para el cambio permanente.

La fiscalización es de vital importancia porque las empresas y los individuos acaudalados perpetúan esa riqueza utilizando sus considerables recursos para contratar abogados y contadores que los guían en la evasión de los impuestos que deberían pagar en los países en donde extraen, cultivan o compran sus materias primas, ensamblan y venden sus productos.

La mayoría de las grandes empresas manipulan “los tratados fiscales” entre los países y los paraísos fiscales como Islas Caimán, Mauricio y Suiza, para crear ficciones jurídicas que les eximan del pago de tributos.

En general, lo que hacen no es técnicamente ilegal, debido a la imposibilidad de seguirle el rastro a las tácticas que emplean los ejércitos de expertos dedicados a la evasión fiscal. Pero tampoco es ético.

Esto priva a los países de al menos 100 mil millones de dólares cada año, que necesitan para financiar el desarrollo, y perpetúa la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, lo que se expresa en poder y en una verdadera plutocracia mundial.

La OCDE dio algunos pasos para frenar las formas más descaradas de evasión fiscal, como el proceso de “erosión de las bases y la transferencia de beneficios” (BEPS, por su sigla en inglés) iniciado en 2013.

Los abogados y contadores corporativos tenían cierto nerviosismo acerca del BEPS, pero ahora que el proceso se está desarrollando parecería que las reformas que exigirá serán manejables. Las promesas iniciales de incluir a los países en desarrollo nunca se concretaron.

El proceso de FPD fue, por supuesto, universal. A la ONU y los gobiernos nacionales les gusta tener un “documento final” preparado antes de las reuniones cumbre. La idea de una negociación desordenada, con miles de activistas esperando afuera, los pone nerviosos. Pero tras meses de negociaciones en Nueva York y una serie de plazos incumplidos, el gran debate fiscal quedó irresuelto. Los ministros fueron a Adís Abeba con las negociaciones abiertas.

Alentados por el apoyo de cientos de organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos del G77 se mantuvieron unidos.

Tres países del grupo conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, denominado BRICS (Sudáfrica, que preside el G77, junto a Brasil e India), estuvieron del lado del Sur en desarrollo, algo que no siempre se puede presuponer a medida que ascienden en la escala de poder mundial.

Cuando los negociadores comenzaron a reunirse en Adís Abeba, antes del inicio formal de las sesiones el día 13, abundaban los rumores. Pero el 15 de julio, la víspera del último día programado de la conferencia, se produjo el anuncio: habría un documento final con pocos cambios al poco satisfactorio borrador traído de Nueva York.

Se hicieron promesas para ampliar los recursos y el prestigio del existente Comité de Expertos Fiscales de la ONU, pero nada más. No tendría composición universal ni la autoridad para emprender reformas.

El G77 se mantuvo firme. Pero los países ricos, liderados por Estados Unidos, con el apoyo constante de la Unión Europea, Australia, Canadá y Japón, se negaron a abandonar el régimen de lagunas, paraísos y jugarretas que implican miles de millones de dólares en ingresos perdidos cada año.

A no confundirse. Los ricos en los países ricos también pierden con la evasión fiscal de las corporaciones. Pero como sus territorios son los principales facilitadores de esa evasión en el mundo, sus gobiernos demostraron que quieren que el sistema actual se mantenga.

El actual hipercapitalismo mundial ya no le pone restricciones al capital. Las ganancias, la riqueza y el poder ilimitados del sector financiero y las empresas y personas ricas se han acumulado durante más de 40 años. Los políticos de los países ricos no sólo lo toleran, sino que promocionan al sector privado como la panacea para el desarrollo en los países pobres, sin que exista casi evidencia alguna que los respalde.

Y en casa recortan los servicios públicos e imponen la austeridad, mientras explican que el gobierno no puede permitirse el lujo de servirle a la gente. Su prioridad ha sido el apetito infinito de lucro y poder de las corporaciones y los inversores.

Como escribió mi colega Ben Phillips sobre la conferencia FPD, en realidad es una buena noticia que los países ricos tuvieron que terminar de fea manera las negociaciones, con apenas un documento de compromiso para guardar las apariencias. En general, se las arreglan para encontrar la forma de culpar a otros.

Obligarles a mostrar sus cartas tiene su valor. Está claro que quienes hacen las reglas están mucho más identificados con unos pocos poderosos que con el público al que dicen servir.

El siguiente paso es la cumbre de los ODS a finales de septiembre, durante las sesiones anuales de la Asamblea General de la ONU. Allí veremos si los países en desarrollo les harán frente, y hasta qué grado, a quienes han monopolizado el poder durante tanto tiempo. Si lo hacen, es posible que estemos en camino a revertir las partes del sistema que perpetúan el statu quo.

Pase lo que pase, no vamos a ninguna parte. La sociedad civil no cambiará esta dinámica mundial al asistir a estas conferencias, ni mediante el lobby cortés. Tendremos que soportar muchas más reuniones y contratiempos.

Pero en última instancia, será la presión de la gente la que obligue a sus gobiernos a ser responsables. El movimiento para hacerle frente a quienes secuestraron nuestro poder se está levantando. (Traducción de Álvaro Queiruga)

Soren Ambrose*/IPS

*Director de Política, Activismo e Investigación en ActionAid International

[OPINIÓN]

 Contralínea 449 / del 10 al 16 de Agosto 2015