Gran revuelo están causando en las elecciones del año 2021 la selección de candidatos. Hay asombro ante la selección de artistas y “famosos”, boxeadores, cómicos, que sólo buscan obtener votos para los partidos que los requieren, o la inclusión de “chapulines” que pasan de partido a partido y son seleccionados en vez de escoger militantes probados del propio partido. Causan ruido mecanismos como “encuestas” para escoger al más conocido que bien puede no ser el mejor, pero sí “con fama”, buena o mala, no importa, se viven protestas, denuncias y presiones. Pero al final serán las cúpulas partidarias quienes definan las candidaturas.
La Constitución nos da el derecho a votar y a ser votados, lo que lleva implícita la participación en la selección de candidatos. Pero por ahora solamente podemos hacerlo por las limitadas opciones que se nos presentan ya registradas por los partidos, algunas muy presentables y otras que defienden intereses antipopulares. No hay de otra en la actual legislación herencia del viejo régimen, puesto que las leyes secundarias le otorgan a las cúpulas partidarias el monopolio de la selección de los candidatos. Una mexicana o mexicano puede ser competente, honrado, trabajador y con propuestas, pero no será electo representante popular si ningún partido lo nombra candidato. Un partido puede tener los mejores militantes pero si la cúpula así lo determina pueden postular a los peor de los perfiles, como fue el caso de Lilly Téllez. Así está la política electoral que heredamos del neoliberalismo y el PRIAN. Y eso ha de ser transformado o no habrá democracia alguna que prevalezca en México.
Vivimos en una partidocracia en la que el total control de la vida política y electoral del país lo tienen las cúpulas de los partidos que, además, son financiados por nosotros a través de nuestros impuestos aunque no estemos de acuerdo con muchos de ellos. Cada uno de nosotros financia a los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Fuerza Social por México, Partido Encuentro Solidario (PES) y las Redes Sociales Progresistas (RSP), del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena, pero legalmente no tenemos derecho a proponer como candidatos a personas que conocemos, en quienes confiamos o concordamos en proyectos. De nuestros impuestos se financia a varios de los partidos que gobiernan para servir a los grandes corporativos y que castigan y golpean al pueblo. Este año al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los partidos políticos se les darán 19 mil 593 millones de pesos. Parte de este dinero engordará a una “oposición” corrupta, envilecida y opuesta a toda transformación positiva.
El actual sistema político está diseñado para que un grupo tenga todo el control de las decisiones, entre ellos, todavía se encuentra la “mafia del poder” del PRIANRD y aliados, que subsiste, y esta clase política tradicional está al servicio de los grandes monopolios privados. El sistema otorga gran poder a esta minoría supeditada a la oligarquía pro estadunidense, para que tenga todas las formas de servirla. Vemos de manera clara que ante cualquier medida progresista del gobierno federal se opone el frente de “oposición” y aún algunos personeros dentro de la 4T. Y los organismos financieros internacionales: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio siempre presionan para que nos sujetemos a sus dictados y cuentan con ellos a partidos a su servicio que son financiados por nosotros.
No sólo no podemos seleccionar a nuestros candidatos: además, las campañas son una venta de imagen, guerra sucia, compra de votantes, manejo tendencioso de la información por los medios y no como debieran ser: análisis y propuestas para la solución de problemas.
Las elecciones son inequitativas porque las campañas dependen en gran medida del dinero que pueden invertir los candidatos. Los medios de comunicación aparentan que la competencia es transparente y que a través de “encuestas” se conocen las tendencias de los electores. Pero éstas son manejadas al gusto del cliente y los medios tradicionales impulsan libremente y con gran fuerza su agenda.
Los medios nos hablan a través de sus encuestas, pero resulta que hoy en México se tiene toda la información de las tendencias electorales por colonia, manzana, etc. En unidades habitacionales se llega a clasificar las preferencias por vivienda. De modo que en el diseño de la encuesta, en el universo de quienes van a ser encuestados, ya está claramente predeterminado cual va a ser el resultado. Y después lo dan a conocer como un “estudio neutral”. Las encuestas son utilizadas por los medios para preparar el ánimo del elector y la sociedad para que acepte los resultados finales, que bien pueden ser fraudulentos, como en las elecciones presidenciales de 1988, en la que el PAN ayudó al PRI, y las de 2006, en las que el PRI apoyó al PAN. O ante su total derrota en 2018, siguen activos para denostar a un gobierno renovador o inflar candidatos al servicio de los más ricos, visibilizarlos e ignorar a verdaderos representantes populares.
En vez de analizar las propuestas de los candidatos y discutirlas, de dar a conocer los problemas, sus soluciones y diversas alternativas, la discusión se centra en cómo van las encuestas y se llenan las calles de anuncios con publicidad y muchos nombres y fotos que no dicen nada y sólo producen basura y contaminación visual. Además de polarizar al extremo para descalificar toda medida que afecte a los intereses de los poderosos.
El INE y el Instituto Electoral del Distrito Federal nos bombardean de propaganda en la que nos piden “participar” pero no podemos proponer candidatos ni existen mecanismos para plantear programas de gobierno y después validarlos. Los representantes una vez electos no están mandatados y mientras ofrecen una cosa en campaña, en el poder hacen todo lo contrario como lo observamos en muchos estados de la República. En 2009 todos los candidatos a diputados afirmaron que no iban a incrementar los impuestos y lo primero que hicieron fue aumentar el impuesto sobre el valor agregado al 16 por ciento. Felipe Calderón prometió empleos… ¿y qué pasó? También prometió disminuir el precio de la gasolina y no hizo más que subirlo. Tampoco en su campaña habló de emprender una “guerra”.
Lo que hacen los presidentes en el poder nunca lo dicen en campaña: Carlos Salinas de Gortari jamás habló del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; Ernesto Zedillo Ponce de León nunca mencionó privatizar ferrocarriles o rescatar con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) a bancos privados; y Vicente Fox en absoluto propuso integrar energéticos y seguridad con Estados Unidos y Canadá, y más tarde nos lo impuso a través de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte.
De modo que en la elección se firma un cheque en blanco para que en el poder hagan lo que les venga en gana, ya sea para beneficiar al pueblo o para servir a los verdaderos patrones del PRIANRD (que son las grandes corporaciones extranjeras y sus gobiernos imperialistas). En 2012 Calderón y el Senado aprobaron pagarle 175 mil millones de pesos al FMI….¡para rescatar a Europa!
De modo que para que México tenga una democracia, que lleguen al gobierno personas responsables de un proyecto alternativo y que cuando lleguen gobiernos que buscan la transformación sean apoyados plenamente por el Congreso de la Unión y el sistema judicial, hace falta una renovación democrática y un sistema político que permita que el pueblo mande y decida el rumbo a seguir de modo que sea firme apoyo para un gobierno transformador. Las medidas a tomar son varias.
En primer lugar, financiar el proceso electoral, no a los partidos políticos, para que el dinero se canalice hacia la organización de la expresión del elector. La selección de candidatos debe realizarse por los electores en lugares de vivienda, trabajo, estudio, en los que escojan a personas conocidas, probadas, de confianza. Las elecciones deben ser equitativas, con igual acceso a medios de comunicación para que los candidatos presenten propuestas, cerrar las puertas a las campañas de dinero, a la guerra sucia, a la compra de votantes. Los representantes electos deben cumplir lo acordado en campaña con los electores, sus propuestas, una vez aprobadas por el elector, deben ser un mandato obligatorio. Y por último debe existir un mecanismo de revocación de mandato.
En las elecciones actuales, excepto del proyecto de nación de Morena que puntualiza los compromisos para que México recupere soberanía y retome el rumbo, aunque muchos de sus dirigentes y candidatos sean ajenos y hasta contrarios a esos compromisos, no hay en los candidatos del PRI y el PAN y aliados, propuestas de solución a problemas. Nos han hundido en el neocolonialismo y la dependencia con Estados Unidos. Hace falta una profunda transformación para que el gobierno de López Obrador reafirme la independencia y soberanía de México y la necesidad de impulsar la cooperación para el desarrollo y no para la guerra. Para enfrentar a las poderosas corporaciones, se requiere ya de un sistema político y electoral renovado.
Hoy ha llegado el momento de conquistar la plena independencia y soberanía, y esta lucha va íntimamente ligada al triunfo de la democracia. Urgen profundas transformaciones. Vienen tiempos de cambio, de renovación del sistema político y electoral para que sea el pueblo quien ejerza su soberanía, las decisiones favorezcan los intereses de la mayoría y el desarrollo y bienestar en México. Para ello es imprescindible la renovación democrática. Es una tarea pendiente que exige solución.
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