Cuando el minero Plutarco Ruiz Laredo relata cómo sobrevivió durante siete días, desde el 30 de julio de 2010, atrapado en la profundidad de más de 50 metros bajo tierra, en un pozo de carbón en el mineral La Florida, municipio de Muzquiz en el estado de Coahuila, en realidad cuenta una pesadilla de la que jamás quisiera acordarse.
Fueron unos cuantos segundos. Después de un golpe que lo estremeció, observó cómo el viejo pozo llamado “el Boker”, en que laboraba, se inundaba sin nada que lo pudiera impedir. Él instintivamente se refugió en una de las angostas cavernas donde permaneció, sin probar agua ni alimento alguno por mucho tiempo. Perdió la noción del tiempo en la oscuridad total.
A su esposa Sofía Solís García, le avisaron, a las tres de la tarde, que Plutarco había quedado atrapado en el pozo. Vio con impotencia cómo los patrones se hacían los desentendidos: “No puedo hacer nada, señora. Esto está fuera de mis posibilidades”.
Sorprendidos, los vecinos que rodeaban de solidaridad, trayendo bombas para extraer el agua, vieron cómo jóvenes con playeras rojas con el logotipo del Partido Revolucionario Institucional llegaban como de fiesta, ofreciendo solidaridad y mandados por el gobierno del estado de Coahuila a promover, en esos difíciles momentos, su partido político.
“Ya vienen los buzos, señora; no se preocupe”. Pero los buzos nunca llegaron, porque en esos pozos del infierno ni siquiera hay planos ni topógrafos, ni ingeniero responsable; sólo cavan y cavan los mineros sin dirección alguna, con pico y pala, extrayendo el carbón; no importando en las condiciones de inseguridad en que se les obliga a laborar.
Plutarco salió como pudo el 6 de agosto pasado, con ayuda de sus compañeros que no cesaron en su búsqueda; el auxilio gubernamental nunca apareció.
El minero Ramón Sánchez Arellano no tuvo la suerte de Plutarco: falleció en ese siniestro; era su primer día de trabajo. Otro más que extraía carbón, José René Pérez, quien se encontró con un depósito de agua y fue empujado hasta más de 50 metros hacia el exterior, fue rescatado: tenía cinco costillas rotas y heridas en todo el cuerpo.
En otra mina días antes, el 20 de mayo de 2010, en un pocito llamado el Vertical 4, en el municipio de Progreso en Coahuila, otro minero, Jesús García Ayala, perdió la vida al inundarse el socavón. Francisco Castillo Zamora, sobreviviente de esa tragedia, sufrió rotura de siete costillas, fractura de cráneo y afectación de su columna vertebral. Por reclamar, fue despedido y se le entregó un finiquito de 2 mil pesos. Ahora se encuentra sin seguridad social.
Nuestros sobrevivientes mexicanos, que no gozan de los reflectores de los medios de comunicación, se enfrentan al olvido de las autoridades. Hay menores de edad laborando en los llamados pocitos y ni quién detenga ese oprobio.
Con extrema facilidad, son dados de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a pesar de que se encuentran laborando ininterrumpidamente en los pocitos. De 12 meses laborados, únicamente tres meses están dados de alta. Se les imponen cotizaciones más bajas de lo que perciben. En promedio, de los 300 pesos diarios que perciben, únicamente están reconocidos entre 75 y 100 pesos diarios.
Las autoridades del IMSS no hacen nada para impedir ese fraude en contra de la propia institución y las familias mineras de la región. Hay impunidad total.
Los inspectores de trabajo no se conocen en la zona, al menos los mineros no saben quiénes son; únicamente se entienden con los patrones. Éstos saben con anticipación qué día y a qué hora les va a llegar una inspección y por eso mandan a los menores de edad al monte para que se escondan.
Cuando llega algún funcionario de la Secretaría del Trabajo, se encierra con el patrón y no se sabe nada del acta que levantó. Cuando el inspector pide la presencia de un representante sindical, el patrón llama a su jefe de nómina y le dice al inspector: “Aquí está el representante sindical”, y ni quién sepa del engaño. Son sindicatos y contratos de protección manejados por el mismo patrón. Una burla total.
Las actas de inspección son “clandestinas”; manejadas por unos cuantos, son la mejor protección para la impunidad patronal.
No se sabe de minas clausuradas; si las hay, se burlan los sellos. No hay autoridad que los pare ni legislación eficiente que lo impida.
Las viudas son pobres. Si bien les va, reciben unos 20 pesos diarios y 10 pesos más por cada hijo que haya quedado huérfano. A pesar de que el salario es mayor, no hay manera de probarlo porque se entrega en la mano del trabajador, para no dejar constancia. También, porque el IMSS ni siquiera intenta recuperar lo defraudado.
En las zonas carboníferas del Norte del país, ronda la miseria y el abandono de las autoridades. Los llamados pocitos aparecen por todos lados. Las concesiones se rentan al mejor postor, a pesar de ser bienes nacionales. No importa que no haya experiencia, sino que se explote el carbón y éste se entregue, sin investigar su origen, a la Comisión Federal de Electricidad.
Es carbón sucio el que se extrae en Coahuila, lleno de sangre y muerte, de sudor y bajos salarios, de impunidad y fraude; pero los mineros se están cansando.
*Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y consejero de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal
