Entre los legisladores federales de Estados Unidos circula un memorándum elaborado por el Congressional Research Service (Servicio de Investigación del Congreso) sobre la libertad de expresión en México. En el documento queda claro que las condiciones en que se realiza el periodismo en la nación mexicana se han venido deteriorando de manera sostenida desde 2007. Hoy este país aparece en los listados de organizaciones internacionales como parte de los “not free” (no libres) o “bad” (malos) en cuestiones de libertad de prensa.

A los gringos les preocupan ciertas formas: en los hechos, ellos están financiando, a través de la Iniciativa Mérida, a un país en el que una de las libertades fundamentales, la de expresión, está condicionada. Con qué cara se lanzan contra Venezuela o Cuba si uno de sus países apadrinados entrega tan malas cuentas.

Y también les preocupan sus dineros. Una pequeña parte de los recursos de la Iniciativa Mérida se destina –supuestamente– a garantizar las libertades de prensa (al parecer, sin ningún resultado). Desde 2008 y hasta 2019 los estadunidenses habrán destinado alrededor de 11 millones de dólares (unos 218 millones de pesos) específicamente para garantizar la libertad de expresión en México.

El memorándum –emitido a principios de este mes– se titula Violence Against Journalists and Media workers in Mexico and US Policy (que podría traducirse como La violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación en México y la política de Estados Unidos). En él se asienta que, en los últimos años, las organizaciones internacionales de libertad de prensa han expresado claramente su preocupación por el deterioro de la libertad de prensa en México. La violencia y los intentos políticos para frenar o reprimir a los medios independientes son la constante desde 2007.

En el documento se consigna que durante el año pasado fueron asesinados 22 periodistas en América. Sólo en México, 12 de ellos, lo que coloca al país entre los 10 del mundo con las tasas más altas de asesinatos de periodistas no resueltos como porcentaje de su población.

Con informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Reporteros sin Fronteras, Artículo 19, el Comité para la Protección de Periodistas y, entre otras, Freedom House, el memorándum concluye que el periodismo en México está censurado. Y no sólo es el crimen el que presiona y coacciona. Es, también, el poder político.

Explica que el gobierno mexicano “premia” a los medios que realizan una cobertura “favorable” con “lucrativos contratos publicitarios”. Al mismo tiempo, utiliza “diversos medios para castigar e intimidar”.

Citando a Freedom House, el documento del Congreso estadunidense dice que “los funcionarios de todos los niveles de gobierno [de México] han castigado a los periodistas que critican sus acciones denunciando públicamente su trabajo, empujando a los propietarios de los medios para despedirlos, demandándoles por difamación o el uso de otras tácticas para intimidar y amenazar”.

Los funcionarios son los que cometen el 52 por ciento de las agresiones contra periodistas. Además, apunta que Reporteros sin Fronteras asignó a México el lugar 147 de 180 países evaluados en todo el mundo en materia de libertad de expresión y es el segundo más violento para la prensa, sólo después de Siria (país que vive una guerra abierta entre el gobierno y el llamado Estado Islámico y en el que interviene otra docena de actores beligerantes).

“Muchos periodistas que informan sobre temas críticos, como el crimen y la corrupción, se han convertido en objetivos para los grupos del crimen organizado y los funcionarios corruptos. Algunos grupos de criminales y servidores públicos pagan sobornos a los periodistas para recibir cobertura favorable; pero también amenazan o agreden a quienes buscan exponer sus fechorías.”

Los homicidios y las desapariciones de periodistas no son las únicas modalidades utilizadas por los grupos delictivos y los políticos corruptos para agredir a los periodistas. “Pueden involucrar una serie de actividades que incluyen, entre otras: acoso, demandas por difamación, denuncias públicas del trabajo del periodista, vigilancia digital, extorsión, ataques a las oficinas de los medios, amenazas al bienestar físico de los periodistas o sus familias, secuestro para pedir rescate y tortura”.

Ante este panorama, el Congreso de Estados Unidos externa su “inquietud” por las condiciones de los derechos humanos en México, incluido el tratamiento gubernamental a periodistas y defensores de los derechos humanos.

“Estas preocupaciones se han intensificado a medida que la asistencia de seguridad de Estados Unidos a México aumentó bajo la Iniciativa Mérida, una alianza para la seguridad y el estado de derecho.”

En el documento se destaca que el Congreso estadunidense ha condicionado la asistencia de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad mexicanas a la presentación de un informe “que confirme que México ha avanzado en el cumplimiento de los estándares de derechos humanos”. No se presentó el correspondiente a 2014 ni se ha presentado el de 2016. Pero los recursos han seguido fluyendo.

El Departamento de Estado y la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por su sigla en inglés) han financiado proyectos para fortalecer el sistema de justicia y de respeto a los derechos humanos en México.

Actualmente, la USAID en México tiene proyectos para –supuestamente–  fortalecer el estado de derecho y prevenir los abusos, el crimen y la violencia.

“Los programas de asistencia están diseñados para complementar el trabajo del gobierno mexicano en esas áreas. El éxito de los esfuerzos de Estados Unidos depende, a su vez, de la voluntad política, la capacidad técnica y los recursos presupuestarios dedicados por el gobierno de México (federal y estatales). La USAID ha proporcionado al menos 6.6 millones en programas para apoyar la libertad de expresión y la protección de periodistas en México y planea invertir al menos otros 4.2 millones de dólares en esta área hasta septiembre de 2019.”

El programa más reciente de la USAID tiene una duración planificada de 2 años (de septiembre de 2017 a septiembre de 2019), que puede ampliarse en caso de que el programa arroje resultados positivos. El programa se llama Provoces y se enfoca en mejorar los mecanismos de protección federales, estatales y de los propios medios. Se desarrolla sólo, por el momento, en los estados de Aguascalientes, Coahuila, la Ciudad de México y Nuevo León.

Zósimo Camacho

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