Horacio Esquivel*

Pero vayamos por partes. En 1988, Miguel de la Madrid dejó como saldo un crecimiento de 0 por ciento y una inflación de tres dígitos, similar a lo que hizo su antecesor; pero el PRI no perdió. En 1994, Carlos Salinas nos dejó una nueva crisis, provocada por el torpe manejo que hizo del tipo de cambio y de las tasas de interés. Vivimos la crisis de Balanza de Pagos que devino en crisis financiera y quiebra del sistema bancario del país. Paradójicamente, con Ernesto Zedillo la economía creció casi 7 por ciento en 2000 y dejó el menor déficit fiscal de que se tenga memoria en la historia reciente; no obstante, perdió las elecciones para dar paso a una nueva forma de gobierno caracterizada por el prejuicio militante y doctrinario. Reza un dicho que la derecha es ignorante y que esta ignorancia es la causa de los prejuicios. El Partido Acción Nacional (PAN) valida esta idea de manera notable.

 

Durante la campaña de 2000, el candidato Vicente Fox despertó grandes expectativas de cambio y democratización. Fue el ansia de cambio y no la crisis económica lo que alentó a la población a votar por el candidato de oposición. Cárdenas, quien era el candidato del Partido de la Revolución Democrática, había abierto la llave en 1988, pero después de tres candidaturas presidenciales y un triunfo avasallante en el Distrito Federal en 1997, ya se percibía desgastado.

 

Su aportación a la transición y su lugar en la historia de México están garantizados. No obstante, el primer acto de soberbia panista lo dio el mentor de Felipe Calderón, Carlos Castillo Peraza, quien en entrevista dijo que la transición se le debía a un hombre, Manuel Gómez Morín, fundador del PAN y personaje del siglo XX, quien falleció en abril de 1972, cuando la vasta mayoría de electores que dieron el triunfo a Fox en 2000 no había siquiera nacido o eran tan pequeños que la memoria no les alcanza para siquiera ubicar ese nombre.

 

La generación que en 2000 dio el triunfo a Fox no es la de Gómez Morín, ni siquiera lo es la de 1968. Se trata de una nacida entre 1960 y 1975; es la generación del movimiento social de 1988. Evidentemente, se escatiman los méritos a quien los tiene, propio del mexicano, como diría el sociólogo Gabriel Careaga.

 

Las principales demandas de los mexicanos que votaron por Fox y avasallaron cualquier estrategia de alquimia electoral, a las que está acostumbrado el PRI, fueron: la esperanza de democratización; la idea fútil de que Fox cobraría cuentas pendientes con personajes oscuros de la política mexicana, líderes sindicales, funcionarios causantes de quebrantos financieros sujetos de la corrupción rampante; y la conformación de una base económica más justa y equitativa que combatiera los monopolios, para lo cual habría que combatir el principal cáncer de la economía mexicana que es su manejo político, propio de repúblicas bananeras, como lo sigue siendo hasta hoy. En efecto, la economía la controla y maneja un puñado de empresarios ligados al poder político que los ha favorecido. México vive esclavo de esos empresarios monopolistas y de un gobierno cómplice que, lejos de controlarlos, los ha fortalecido. Tales eran las principales exigencias de esta generación que se vieron incumplidas por Fox.

 

Algunos analistas señalan que la estructura económica de México y la sociedad han cambiado mucho, sobre todo en los últimos 15 años. Nada más falso que esa afirmación. México sigue padeciendo los mismos lastres de antaño que con la transición. Los mexicanos pensaban que el panismo extirparía la concentración económica y la corrupción política a la que ahora se agrega la lucha contra el narcotráfico que ha convertido a México en un país dividido, peligroso y donde poco se respetan las libertades fundamentales.

 

Basta con ver las cifras de muertos y desaparecidos. Periodistas asesinados por ejercer un principio fundamental como la libertad de expresión. El secuestro en todas sus modalidades es sólo superado por países como Brasil que tiene el doble de población que México. En síntesis, un país que suma 50 mil muertos en los últimos cinco años y donde la sociedad civil ve cada vez más mermadas sus libertades y su seguridad.

 

El costo de la transición ha sido enorme para México. Fox no sólo incumplió aquellas demandas que llevaron a votar en masa a su favor, sino que dejó intacto el aparato de gobierno. Para ello basta ver que en materia económica no atacó un sólo monopolio. El más reciente, creado por Salinas de Gortari y que hoy nos concede el triste honor de tener al empresario más rico del mundo en un país con más del 60 por ciento de su población con algún grado de pobreza, y una renta media de 8 mil dólares (cuando en naciones como Chile o Corea del Sur, que en la década de 1970 tenían una ingreso promedio menor al mexicano y hoy tienen ingresos per cápita de 15 mil y 26 mil dólares, respectivamente).

 

Padecemos además una distribución del ingreso catalogada entre las peores de América Latina, donde el 10 por ciento más rico concentra por lo menos el 41 por ciento del ingreso, mientras que en 2006, tenía el 37 por ciento. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que México es miembro, el 10 por ciento de la población más rica tiene un ingreso 27 veces mayor al 10 por ciento más pobre. Se trata de una proporción que triplica a la media de los países integrantes de dicho organismo.

En materia de combate a la corrupción, México esperaba ver en la cárcel a líderes sindicales visiblemente corruptos o a los políticos causantes de la crisis de 1995. Desde luego, tales acciones no eran tan simples, pero al menos se  deseaba ver que se tomaban medidas concretas para subsanar las heridas de 70 años del priísmo corrupto. También había la esperanza de que la economía crecería a un ritmo mucho más rápido, dadas las promesas hechas por Fox durante su campaña, en la que anunciaba un día y otro que, eliminada la traba que la corrupción imponía al crecimiento del país, México crecería al 7 por ciento anual.

 

Nunca lo hizo y el país siguió en su tasa natural de crecimiento mediocre que se ubica entre 2 y 3 por ciento en un buen año. Sobre las multicitadas reformas que harían de México un país más competitivo tampoco se hizo nada. En gran medida por el impedimento de un Congreso de la Unión donde prevalecen los partidos de oposición que no quieren permitirle a ningún gobierno que se acredite el éxito de lograr alguna reforma importante.

 

No obstante, es mucho lo que podía hacerse aún sin reformas. Reducir y reorientar el gasto corriente, por ejemplo; combatir la corrupción, sobre todo en los niveles más altos de la administración pública; mejorar el servicio civil de carrera en todas las entidades públicas; en suma, mejorar la eficiencia gubernamental. Combatir los monopolios tampoco se hizo. Por el contrario, después de haberse instalado en los Pinos, a Fox no se le recuerda por nada más que sus exabruptos que dieron pie a una serie de pasquines para el gozo popular. Anunció con bombo y platillo que se casaría a los casi 60 años con su vocera, lo que hizo palidecer a José López Portillo en la conducción irresponsable y frívola de la institución presidencial; se incurrió en vicios pasados como permitir que la familia de la primera dama se enriqueciera impunemente al amparo del poder.

 

A la corrupción de antaño se sumó la incompetencia y frivolidad de la “pareja presidencial”. No obstante, el sexenio 2000-2006 tenía más joyas de qué presumir: Fox anunciaba la conformación de un gabinete paralelo al formal; nombró comisiones y atrajo a empresarios inexpertos en la administración pública bajo la idea de que éstos son más eficientes en la conducción de presupuestos que los políticos de carrera. Sin embargo, el resultado fue lamentable. Llamó a un grupo de diletantes tan malos en la administración pública que llevaron a decir a un analista oficial que serían “excelentes jefes de departamento; el problema es que estaban de secretarios”. En un acto de exaltación de la ignorancia, una de sus funcionarias de primer nivel (secretaria de Estado) llegó a decir que ella sí había estudiado para secretaria. Tal es el legado de Fox.

 

No obstante, quizá lo que más se recuerde de él es su fallido intento, en términos del resultado, de desaforar a Andrés Manuel López Obrador, a la sazón de Jefe de Gobierno del Distrito Federal. En su afán por impedir que ganara el perredista, Fox intentó descarrilarlo. Al final, no fue esa la razón de la llegada de Felipe Calderón y con él, la garantía de impunidad para Fox y los suyos, sino el dudoso (dicho por cualquier analista serio e independiente, de esos que no se leen en los diarios ni se ven en el canal de las estrellas) manejo y resultado de las elecciones de 2006.

 

Del gobierno de Calderón no hay mucho que decir, o quizá sí, si se es agente del Ministerio Público. Su gobierno pasará a la historia por dos eventos mayores y algunos anécdotas que se olvidarán con el tiempo.

 

Primero, su controvertida llegada al poder mediante un proceso electoral tan cuestionado que nunca logró tener legitimidad ni autoridad moral. El segundo hecho es acaso consecuencia del primero: justamente en ese fallido afán de lograr legitimidad al estilo salinista (recuérdese el arresto de Joaquín Hernández Galicia, la Quina, y la destitución de Carlos Jonguitud), se trata de la cuestionada y fallida “guerra” contra el narcotráfico. Mucho se discute si era necesaria o no, pero los datos son incontrovertibles.

 

México se ha convertido en un país violento donde el número de muertos equivale al de una guerra abierta y convencional. Para continuar con esta lucha el gobierno ha utilizado recursos que podrían haberse destinado a acciones más productivas. La estrategia de combate al narcotráfico podría haber sido más eficaz a la luz de lo experimentado en sexenios anteriores y, sobre todo, al asumir acciones integrales como las que ha expuesto el experto en temas de narcotráfico, Edgardo Buscaglia.

 

En efecto, el gobierno podría integrar un frente que atacara los bienes patrimoniales de los narcotraficantes, como señala Buscaglia, “a través del desmantelamiento de las redes de lavado de dinero en los sectores político y empresarial” y aplicar medidas de prevención social; en cambio, ha destinado los recursos a una “guerra” abierta con nulos resultados, como ha señalado el experto, quien afirma que no hay un efecto “punitivo”, por lo que la delincuencia organizada encuentra en México un paraíso patrimonial. A esto los economistas le llaman incentivos. Sin los incentivos correctos, la delincuencia, o cualquier acción violatoria de alguna medida, continúa rampante y sin control.

 

En materia económica no ha habido ningún cambio respecto de la línea económica que siguieron los gobiernos del PRI desde Miguel de la Madrid, y México no ha tenido ninguna reforma importante, buena o mala, desde  Salinas de Gortari. La crisis de 2008 afectó a toda la economía mundial; y México, desde luego, vivió una caída en la producción provocada principalmente por una menor cantidad de productos exportados a nuestro principal mercado, Estados Unidos, con quien comerciamos el 87 por ciento del comercio total.

 

Paradójicamente, el menos afectado en esta ocasión fue el sistema financiero, e incluso la subsidiaria Banamex de Citi Group sirvió como fuente de recursos para la matriz. Lo mismo sucedió con las subsidiarias de bancos españoles, toda vez que México es el paraíso de la banca extranjera, dadas las altas comisiones y las elevadas tasas de interés que cobran (otra consecuencia de la fallida reprivatización zedillista de la banca nacional y ante lo cual, evidentemente, los gobiernos del PAN no cambiaron un ápice).

 

México saldrá de la crisis en la medida que lo hagan los mercados internacionales, dado que no se han adoptado medidas destacables más allá del sobado argumento de la responsabilidad fiscal y el manejo prudente de la política cambiaria. Destaca el nivel de reservas internacionales que alcanzan los 135 mil millones de dólares, más una línea contingente del Fondo Monetario Internacional por otros 70 mil millones de dólares para el caso de una salida inesperada de divisas. No obstante, carecemos de medidas radicales que busquen mejorar el nivel de vida de la población.

 

Por ejemplo, no se combaten los monopolios televisivos o de telecomunicaciones, lo que sería una medida real para elevar la competitividad del país. Los verdaderos beneficiarios de los gobiernos emanados del PAN son empresas como Cemex, Televisa o el conglomerado de las asociadas al nombre de Telmex, por citar los más deplorables.

 

México vive un tiempo difícil, agobiado por la crisis mundial y por una guerra infructuosa que no ofrece ningún resultado positivo, gobernado por un grupo de aficionados que sólo buscan la riqueza y el posicionamiento personal. Las grandes “reformas estructurales” que impulsó Calderón se reducen a la extinción de Luz y Fuerza del Centro, empresa reconocida por su inutilidad y el deseo pueril e infructuoso de extinguir un banco de desarrollo de 400 empleados. El autonombrado “presidente del empleo” tendrá un turbio porvenir cuando se escriba la historia. Es un triste consuelo para los vivos y para el país que ha visto como se desperdiciaron estos 12 años.

 

Así como en Estados Unidos habrá un proceso para definir al presidente el 6 de noviembre próximo, y que, según señalan, será definitorio en el rumbo que seguirá esa nación, el proceso electoral de México en julio de 2012 no será menos importante para nosotros.

 

*Doctor en economía y maestro en administración pública; coordinador de la especialidad en microfinanzas de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México