Gaspar Morquecho* / Tercera y última parte
La VII Región Militar (con sede en Tuxtla Gutiérrez) incluye Chiapas y Tabasco. Se divide en las siguientes zonas militares: 30, con sede en Villahermosa; 31, con sede en Rancho Nuevo, municipio San Cristóbal de Las Casas; 36, con sede en Tapachula; 38, con sede en Tenosique, Tabasco; y 39, con sede en el predio Toniná, en el municipio de Ocosingo, Chiapas. Esta última, que fue creada en 1993, se considera la zona militar dedicada al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). De todo este territorio, la investigación estuvo concentrada en la región indígena que comprende una parte de la 31 Zona Militar, básicamente la región Altos de Chiapas, toda la 39 Zona Militar y la 38 Zona Militar en territorio chiapaneco. En esta área, el estudio concluyó que existen 91 bases de operaciones militares que abarcan 30 municipios: Acala (uno), Altamirano (dos), Amatenango del Valle (uno), Benemérito de Las Américas (cinco), Berriozábal (uno), Bochil (uno), Catazajá (uno), Chenalhó (12), Chiapa de Corzo (uno), Chicoasén (uno), Chilón (tres), Comitán (dos), El Bosque (dos), Frontera Comalapa (uno), Las Margaritas (siete), Maravilla Tenejapa (cinco), Marqués de Comillas (tres), Ocosingo (22), Palenque (uno), Pantelhó (uno), Sabanilla (uno), Salto de Agua (uno), San Andrés Larráinzar (dos), San Cristóbal de Las Casas (cuatro), Simojovel (uno), Tenosique (uno), Tila (cinco), Trinitaria (uno), Tuxtla Gutiérrez (dos) y Yajalón (uno) [www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=397].
Grupos paramilitares
Por años el gobierno federal y su Ejército negaron su intervención en la formación de grupos paramilitares; sin embargo, fueron los documentos de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos los que develaron el “apoyo directo del Ejército Mexicano a paramilitares en Chiapas, que se brindaba desde mediados de 1994, con autorización del entonces presidente Carlos Salinas, como parte de la estrategia contrainsurgente contra las bases zapatistas. Señala que estas agrupaciones armadas estaban bajo la supervisión de la inteligencia militar mexicana durante las fechas en que se perpetró la matanza en Acteal, ya con Ernesto Zedillo como titular del Ejecutivo. Lo anterior está plasmado en documentos oficiales estadunidenses recién desclasificados y presentados hoy por el Archivo Nacional de Seguridad” (La Jornada, 21 de agosto de 2009).
“A mediados de 1994, el Ejército federal contaba con autorización presidencial para instituir equipos militares encargados de promover grupos armados en las áreas conflictivas de Chiapas. Se trataba de preparar a personal indígena local para ‘resistir’ al EZLN. Además, un cable enviado por la agregaduría de Defensa de Estados Unidos en México a la jefatura de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés), instancia del Pentágono, fechado el 4 de mayo de 1999, afirma que ‘durante la masacre de Acteal de 1997’, oficiales de inteligencia del Ejército estaban involucrados en supervisar a los grupos armados en los Altos de Chiapas”. También crearon una red clandestina de “equipos de inteligencia humana” con el fin de infiltrar comunidades indígenas para identificar a “simpatizantes zapatistas”. Fueron esos equipos los que promovieron los grupos paramilitares antizapatistas que contaron con la “capacitación” y protección de las autoridades de seguridad pública y de las unidades castrenses en la región.”
“Lo más importante sobre los documentos de la DIA es que contradicen directamente la historia oficial sobre la matanza relatada por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo”, afirma Kate Doyle, directora del Proyecto México del National Security Archive. Doyle recuerda que el informe del procurador General de la República, Jorge Madrazo, en 1998, afirmaba que la Procuraduría General de la República había documentado la existencia de grupos civiles armados en Chenalhó, “no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el Ejército Mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatista”.
El cable de la DIA también ofrece detalles sobre el funcionamiento de los equipos de “inteligencia humana” del Ejército Mexicano. Describe que éstos eran compuestos “primordialmente por oficiales jóvenes con rango de capitán segundo y primero, así como por algunos sargentos selectos que hablaban los dialectos de la región”. Eran compuestos por tres o cuatro personas que “cubrían comunidades” por un periodo de tres meses; los “rotaban por seguridad”.
Para Doyle, estos documentos revelan que la lógica de la Sedena era “una estrategia de contrainsurgencia cuidadosamente planeada que combinó programas de acción cívica, propaganda en medios, con operaciones de inteligencia secreta diseñadas para fortalecer a los paramilitares y provocar el conflicto en contra de los partidarios del EZLN”.
En el segundo de los dos documentos desclasificados y presentados por el National Security Archive, se transmite información sobre el despliegue de 5 mil elementos de tropa por parte del gobierno de Zedillo –para reforzar a los 30 mil desplegados de manera permanente en Chiapas– inmediatamente después de la masacre de 45 indígenas tzotziles en Acteal, el 22 de diciembre de 1997. Para el 31 de diciembre de 1997, “el agregado de Defensa de Estados Unidos en México informa a la DIA que unas 2 mil tropas, más otras fuerzas, fueron desplegadas en la zona de Chenalhó para ofrecer ‘ley y orden’ en la región, así como también ‘tareas sociales’ a comunidades indígenas, en particular a las comunidades desplazadas por el grupo MIRA (Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista)”. Indica que integrantes de esa agrupación paramilitar han gobernado la zona por “amenazas y violencia en la región de Chenalhó”. A la vez, se informa que otras unidades fueron “puestas en alerta para asistir en el evento de una sublevación”. Seguramente, esperaban una respuesta militar del EZLN.
Los paramilitares de Paz y Justicia
La masacre de Acteal fue ampliamente conocida en el mundo. Fue un ejemplo de la brutalidad con la que pueden actuar los grupos paramilitares en Chiapas. Sin embargo, la crueldad del grupo paramilitar Paz y Justicia es otro ejemplo de la brutalidad y los alcances de estos grupos si se les permite actuar.
Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), en su Balance anual 2008 sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas, afirma: “El conflicto armado interno no resuelto en Chiapas, como parte de esta estrategia de contrainsurgencia del gobierno mexicano, incentivó la creación de grupos paramilitares en distintas regiones de la zona de conflicto. Entre esos grupos paramilitares, destacó por su crueldad y capacidad operativa la organización Paz y Justicia que operó en el territorio cho’l de la zona Norte de Chiapas, que comprende los municipios de Salto de Agua, Tila, Tumbalá, Yajalón y Sabanilla. Esta estrategia contrainsurgente, documentada por este Centro de Derechos Humanos, dejó como resultado 122 casos de desapariciones y ejecuciones en el periodo que va de 1995 a 2001, de los cuales 37 son desapariciones forzadas (32 hombres y cinco mujeres) y 86 son ejecuciones (79 hombres y siete mujeres)”. Este grupo fue desmantelado durante el gobierno de Pablo Salazar. Al día de hoy, a pesar del encarcelamiento de cinco líderes de Paz y Justicia entre 2001 y 2002, estos crímenes siguen impunes. Además, con el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de Nación en el caso Acteal, se teme que los pocos sentenciados en la zona Norte también sean liberados.
Combate a la pobreza, estrategia de contrainsurgencia
Una mujer base de apoyo del EZLN recordaba los días de la lucha armada y de los años de resistencia.
—Margarita, ¿qué ha sido más duro: la guerra o la resistencia?
—Es más duro la resistencia.
Efectivamente, son 16 años de resistir con sus propios medios, escasos, y con sus propias fuerzas. Soportando el peso de la presencia de las tropas federales en todo su territorio y el incremento de la prostitución y el alcoholismo que acompaña la militarización; el hostigamiento de los grupos paramilitares; de organizaciones sociales como la Organización para la Defensa de los Derechos de Indígenas y Campesinos (Opddic), ahora pantalla del grupo paramilitar MIRA, y las “políticas sociales” de “combate a la pobreza” que llevan a cabo los gobiernos federal, estatal y municipal. El comentario de una religiosa que realiza su trabajo pastoral en zonas zapatistas puede ilustrar el efecto que la derrama de recursos para el “combate a la pobreza” puede ir creando: “Mira, si en un medio de extrema pobreza ves que el vecino recibe láminas, alimentos, ayudas económicas del Programa Oportunidades, es muy duro para los hermanos que están en resistencia… no es cualquier cosa. Recuerda que ya son 16 años de resistir”.
Más metralla
Calderón, propuso al Congreso (2009) “un aumento sustancial a los programas Oportunidades y Apoyo Alimentario, que en su conjunto pasarán de 49 mil 500 millones de pesos a 74 mil 500 millones de pesos, es decir un incremento de más de 50 por ciento de 2009 a 2010. El presidente Felipe Calderón subrayó que el paquete presupuestal enviado al Congreso de la Unión tiene un énfasis “sin precedentes” en los programas de combate a la pobreza, “y en ese propósito, habremos de unirnos los mexicanos”. De manera adicional, se incrementará en 20 por ciento el presupuesto del Seguro Popular (…) y se hará un enorme esfuerzo en materia de infraestructura social básica, sobre todo en comunidades indígenas”.
En Chiapas, la Secretaría de Desarrollo Social informó que la entidad cerraba, “entre los siete estados de la república, con menor índice de desarrollo humano, pero [que] se avanza cada día en el combate a la pobreza y se trabaja con los más pobres”. La delegada en la entidad, Socorro Zavaleta, afirmó que, en 2009, se ejerció un presupuesto de 8 mil millones de pesos. Señaló que el compromiso del gobierno federal es alcanzar condiciones de equidad y desarrollo que permitan a todos los mexicanos tener acceso a la educación, a la salud, a una vivienda digna, a un empleo de calidad y a una red de protección social, promoviendo la igualdad de oportunidades.
Lo real es que en medio siglo de políticas de “combate a la pobreza”, los pobres en México y el mundo siguen creciendo. Esto se puede explicar con el propio discurso de uno de sus creadores: “Se trata de escoger entre los costos políticos de una reforma y los costos políticos de una rebelión”, y de (…) reducir la miseria del 40 por ciento más pobre de la población de los países en desarrollo” (Robert McNamara, 1972, Zibechi, 2010).
Se puede entender ahora por qué para Margarita la resistencia es más dura que la guerra en su fase armada. Margarita, como miles de zapatistas, enfrenta, ni más ni menos que, una estrategia del imperio y su versión nacional que pretende doblegar su rebeldía. El EZLN y sus bases de apoyo han sobrevivido a la militarización, al hostigamiento paramilitar y a las políticas “sociales” y de “combate a la pobreza” de los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox y de Calderón. También, la serie de gobiernos interinos que se sucedieron después de 1994 y de los “gobiernos del cambio” de Pablo Salazar y Juan Sabines.
Crisis económica global, “guerra de divisas”, calentamiento y cambio climático, guerras regionales, maniobras militares y otros escenarios de guerra en el mundo, derechas e “izquierdas” gobernando para el capitalismo. En México, crisis económica, guerra al narcotráfico, derechas e “izquierdas” coinciden. En Chiapas, MIRA y la Opddic continúan provocando y agrediendo a las poblaciones zapatistas y se incrementan las amenazas de muerte a defensores de los derechos humanos del Frayba en San Cristóbal de Las Casas y de Enlace, en Comitán. Parece incontenible el retorno triunfal de Carlos Salinas de Gortari. El horizonte para los pueblos en resistencia es complicado.
*Antropólogo
