Una ciudad amurallada, reflejo de la inseguridad que priva en el país, fue la sede de la Cumbre de los Líderes de América del Norte, donde el presidente estadunidense, Barack Obama, se convirtió en el personaje central que dio el espaldarazo definitivo a las reformas estructurales aprobadas por la vía fast track en México y que beneficiarán, en gran medida, a las empresas petroleras y de electricidad de su país, asegurando además las reservas energéticas y estratégicas de la nación más poderosa del mundo.

Lo ocurrido en Toluca hace unos días es la ratificación al seguimiento de las políticas neoliberales que comenzaron a permear al país a finales de la década de 1980 con el ascenso al poder de Carlos Salinas de Gortari, y que alinearon el modelo económico en consonancia con los postulados de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con base en el llamado Consenso de Washington, que planteaba la liberación arancelaria de las fronteras, la privatización de las empresas públicas y la eliminación de los subsidios a las clases marginadas, entre otros de sus puntos medulares, y cuyo objetivo era acrecentar el poder de las multinacionales en perjuicio de las naciones en desarrollo.

El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que selló el acuerdo regional firmado por México, Canadá y Estados Unidos para crear una zona de libre comercio, siendo ahora la Cumbre realizada en el Estado de México la reedición de un pacto que, a 20 años de distancia, arroja inevitables saldos negativos a diversas áreas de nuestra economía, sobre todo en materia agrícola.

También durante el salinismo (1988-1994), nuestro país ingresó como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), misma que, en sus parámetros de medición, ha ubicado a México en el último lugar en materia de seguridad pública, estableciendo tal clasificación con base en el número de delitos y homicidios que se registran en nuestro territorio.

Hoy, la clase política aliada al “nuevo” Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha cometido uno de los peores excesos al aprobar, con su intolerante mayoriteo parlamentario, reformas como la laboral, la educativa, en telecomunicaciones, fiscal y energética sin consultar al pueblo de México. Esta última es la que mayor regocijo ha causado al gobierno estadunidense, pues otorga la certeza jurídica a sus empresas petroleras y eléctricas de apoderarse de nuestros recursos naturales y de la infraestructura del sector energético, levantada con el trabajo de generaciones enteras de mexicanos, para obtener millonarias ganancias. Una mesa puesta a la que sólo tienen que pasar a sentarse…

La clase política ha desechado, sin sustento alguno, la tesis de que la apertura total del sector energético es la consumación de una estrategia largamente acariciada por el gobierno estadunidense para garantizar sus reservas estratégicas y de petróleo a costa de las nuestras. Empero, tal teoría, más que abonarse en el terreno especulativo, ha germinado en la realidad misma.

Fue el propio jefe de Energía del Departamento de Estado y exembajador estadunidense en México, Carlos Pascual, quien el 11 de abril de 2013 presentó ante el Congreso de su país un documento elaborado en Washington que encierra los pormenores para operar un proyecto bautizado como Connect America, que plantea la apertura total para que las empresas estadunidenses puedan generar y distribuir electricidad a través de una red hemisférica, desde el Río Bravo hasta la Tierra del Fuego en Argentina, y que les reportaría ganancias por 1.4 billones de dólares (razón por la cual es de entenderse el porqué la reforma energética en México era parte medular del ambicioso plan).

Voces como la del senador mexicano Manuel Bartlett alertaron que de aprobarse en el Congreso de la Unión la reforma energética en los términos como se planteaba, ofertarían la industria eléctrica nacional a las multinacionales, brindándoles la oportunidad de realizar, con la mano en la cintura, negocios multimillonarios. Además, en la estrategia geopolítica de Washington, al avalar este proyecto mediante las reformas aplicadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la clase política ayuda al gobierno estadunidense a acrecentar su poder hegemónico en todo el Continente. Así de sencillo.

Al aprobarse en fast track la reforma energética, ninguno de sus impulsores en el Congreso se atrevió a debatir –ya no digamos a analizar– el proyecto Connect America, que representa una de las pruebas contundentes sobre los planes que echará a andar el gobierno de Estados Unidos una vez que esté consumada la ley secundaria en la materia, y en donde no sólo México llevará las de perder junto con sus habitantes, sino todos los países latinoamericanos, pues en el lenguaje de las poderosas trasnacionales los términos “empresa pública” y “sentido social” no existen.

Por eso es alarmante que, luego de 4 lustros de devastador neoliberalismo, la propia OCDE reconozca en sus parámetros el fracaso en la aplicación de las políticas en materia económica y desarrollo social en los países en vías de desarrollo, impuestas y alentadas por los organismos internacionales. No obstante, el gobierno mexicano porfía en seguir por la misma ruta que ha dejado a su paso más de 50 millones de pobres y un país abrumado por la inseguridad como consecuencias directas de la paulatina eliminación de subsidios, el desempleo, la pauperización de la fuerza laboral y el aniquilamiento de otros mecanismos de beneficio social, tal y como lo estableció hace 25 años el Consenso de Washington.

Las patéticas radiografías de la OCDE echan por tierra las argumentaciones de que con las reformas estructurales aprobadas de espaldas a la nación el país saldrá adelante y se enfilará a las puertas del primer mundo. Al abandonar el Estado su papel como impulsor de las políticas de desarrollo social, los proyectos de redistribución de la riqueza y los planes de industrialización y apoyos al campo, se antepuso el interés de la oligarquía internacional a los intereses de la nación y el bienestar de millones de mexicanos.

La Cumbre de Toluca, en la que sonrientes posaron para la fotografía el presidente Enrique Peña Nieto, el mandatario estadunidense, Barack Obama, y el primer ministro canadiense, Stephen Harper, representa para la clase política mexicana el aval que esperaban del exterior para consolidar las contrarreformas, sobre todo porque nuestros socios comerciales, a 20 años de distancia, cumplen su sueño dorado de adueñarse del país con todas las de la ley y sin restricción alguna, gracias a los destrozos aplicados a nuestra Constitución por los dóciles y serviles legisladores, tanto del “nuevo” PRI como de sus aliados.

Por eso reiteramos que al pueblo de México le corresponde la defensa de la patria y de nuestra Constitución, para evitar que el país se nos deshaga en las manos y las futuras generaciones gocen de una nación de libertades, con democracia y justicia social. Todo lo contrario a lo registrado hace unos días en la amurallada capital mexiquense.

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

Fuente: Contralínea 375 / 3-8 de marzo 2014