Caracas, Venezuela. El tiempo le jugó una mala pasada al vicepresidente de Estados Unidos, el conservador Mike Pence, en su afán de ir a la Organización de Estados Americanos (OEA) con el propósito de presionar para aplicar la llamada Carta Democrática a fin de legitimar la política injerencista de Washington.
Según trascendidos, estaba planificada el 21 de marzo una sesión protocolar en la que Pence solicitaría “a todos los países miembros que aumenten la presión” contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, para que haga frente a la supuesta “crisis humanitaria” y libere a los “presos políticos”.
Así lo declaró la portavoz del vicepresidente estadunidense, Alyssa Farah, quien adelantó el corte injerencista de la intervención de Pence, pero una tormenta de nieve le hizo agua su plan.
Las agresiones del vicemandatario contra Venezuela no son nada nuevas. En junio del año pasado criticó a la OEA por no aplicar la Carta Democrática contra el país.
“A lo largo de esta semana, nuestros diplomáticos han trabajado para construir un consenso que apoye la democracia y el orden en Venezuela.
“Estamos, francamente, decepcionados por la inacción de la OEA ante la crisis y su negativa a proteger el sistema interamericano sobre el que la organización está fundada”, dijo el 23 de junio de 2017.
“Vamos a seguir con nuestros esfuerzos para aislar a Venezuela económica y diplomáticamente y supongo que va a haber sanciones adicionales bastante pronto”, afirmó el 13 de agosto de 2017 desde Colombia, luego de sostener un encuentro con el presidente Juan Manuel Santos.
Aún más, 2 días después desde Argentina, y luego de una reunión con el presidente Mauricio Macri, el alto cargo estadunidense matizó la amenaza que ese mismo mes había lanzado su presidente acerca de una “posible opción militar” contra Venezuela.
“El presidente (Donald) Trump tiene muchas opciones a disposición, pero creemos que al incrementar la presión diplomática y económica sobre Maduro, no sólo en el continente sino en todo el mundo, vamos a lograr por medios pacíficos que regrese la democracia”, señaló.
No obstante, en su triste papel al erigirse como juez del mundo, Estados Unidos tiene un bochornoso historial de agresiones y sanciones contra la estabilidad de Venezuela.
Este tipo de medidas, cuya génesis se remonta a 2015 con la emisión de la Orden Ejecutiva 1369, firmada el 8 de marzo de ese año por el entonces presidente Barack Obama, pretende aislar a la nación suramericana del escenario internacional a través del bloqueo económico y financiero, con la intención de vulnerar la estabilidad de los venezolanos y justificar así una intervención militar.
Esa normativa que declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior estadounidense”, se prolongó por 1 año en 2016, siendo ratificada por el presidente Trump en 2017 y 2018.
Una mirada a las acciones de la Casa Blanca permite establecer una cronología del intervencionismo estadunidense pese al cual Venezuela resiste y lucha por decidir en las urnas su destino el 20 de mayo.
Cronología de sanciones aplicadas por la administración estadunidense contra Venezuela:
2015
9 de marzo: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declara “emergencia nacional” por la “amenaza inusual y extraordinaria” que, a su juicio, representa Venezuela para la seguridad estadunidense.
2016
28 de abril: El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley para extender, hasta 2019, las sanciones aplicadas por la nación norteamericana a funcionarios del Gobierno Nacional.
2017
13 de febrero: La Oficina de Control de Activos de Estados Unidos incluye al vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, en una lista de personas vinculadas al narcotráfico, sancionándolo bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.
27 de julio: A pocos días de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplicó sanciones a Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Elías Jaua, ministro de Educación; Tarek William Saab, fiscal general; Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz; Carlos Alfredo Pérez, director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y Franklin García, exdirector de la PNB.
De igual modo, sancionó a Sergio Rivero Marcano, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); Jesús Suárez Chourio, comandante general del Ejército; Carlos Erick Malpica, tesorero nacional; Alejandro Fleming, exviceministro para América del Norte y Europa entre 2015 y 2016; Rocco Albisinni, presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior; Simón Zerpa, entonces vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela e Iris Varela, hoy ministra de Asuntos Penitenciarios.
31 de julio: Un día después de las elecciones de la ANC, Estados Unidos impone sanciones directas contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, congelando los activos sujetos a la jurisdicción en territorio estadunidense.
9 de agosto: El Departamento del Tesoro sancionó a los constituyentes Francisco Ameliach, Adán Chávez, Darío Vivas y Hermann Escarrá, así como a Érika Farías, actual alcaldesa del municipio Libertador; Carmen Meléndez, hoy gobernadora de Lara; Tania D’Amelio, rectora del CNE y Bladimir Lugo, coronel de la GNB.
25 de agosto: El gobierno de Estados Unidos, mediante la Orden Ejecutiva 13808, prohíbe a los bancos estadunidenses realizar transacciones nuevas con el gobierno o con Petróleos de Venezuela, SA (Pdvsa), así como transacciones en bonos emitidos por el Estado y la estatal petrolera.
La decisión constituye la primera sanción emitida al sistema económico y financiero de Venezuela.
9 de noviembre: El secretario del Tesoro estadunidense, Steven Mnuchin, anuncia nuevas medidas coercitivas contra Jorge Eliézer Márquez, ministro del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno; Ernesto Villegas, ministro de Cultura; Freddy Bernal, ministro de Agricultura Urbana; y Carlos Osorio, ministro de Transporte.
Socorro Hernández y Sandra Oblitas, rectoras del CNE; Carlos Quintero, rector suplente del CNE; Elvis Amoroso, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y Manuel Fernández, presidente de la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (Cantv), también figuran en la lista de sancionados.
2018
5 de enero: El Departamento del Tesoro aplicó sanciones a Rodolfo Marco Torres, gobernador de Aragua; Francisco Rangel Gómez, exgobernador de Bolívar; Fabio Enrique Zavarse Pabón, general de división de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Gerardo José Izquierdo Torres, ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz.
19 de marzo: El gobierno del presidente Donald Trump prohíbe las transacciones relacionadas, la provisión de financiamiento y demás operaciones con cualquier moneda digital emitida por el gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018.
Ese mismo día, el Departamento del Tesoro emite sanciones restrictivas contra William Contreras, presidente de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde); Américo Mata, expresidente de Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy Francisco de Miranda (Corpomiranda); Nelson Lepaje, exjefe de la Oficina del Tesoro Nacional y Carlos Rotondaro, expresidente del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS).
Luis Beatón/Prensa Latina
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