La política antinarcóticos del gobierno actual ha convertido a la frontera México- Estados Unidos en una zona de guerra. Las batallas son cruentas, las armas son de carácter militar, las bajas se cuentan por decenas de miles y las víctimas inocentes, no combatientes, se han multiplicado.
La cantidad de mexicanos involucrados en el conflicto armado es enorme. Casi 1 millón de personas están participando de las hostilidades armadas. Unas 550 mil forman parte de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones federales, estatales y municipales de policía, y el resto lo integran personas que trabajan para los narcotraficantes.
A pesar de la fuerza empleada para reducir o terminar con las bandas de narcotraficantes, la guerra no parece tener ni fin ni victoria. Es cierto que han sido arrestados o asesinados líderes del narcotráfico, sicarios importantes, pero también lo es que esas bajas han sido reemplazadas y que el comercio ilegal de drogas sigue casi igual, sin grandes alteraciones en la oferta y la demanda.
¿Qué sentido tiene entonces librar una guerra que multiplica las bajas de ambos lados, afecta a grandes sectores de la población y que, además, carece de un sentido claro de victoria? Esta pregunta no parece tener eco en las filas gubernamentales, cuyos líderes han decidido librar la guerra enfrentando a las Fuerzas Armadas con los grupos de la delincuencia organizada, en una violencia que afecta al menos a 11 de las 14 ciudades hermanas ubicadas en esta línea fronteriza de aproximadamente 3 mil kilómetros de longitud.
La mayor parte de las más de 34 mil víctimas mortales de ese conflicto armado se ubica en esa zona, alterando la vida de una población que, paradójicamente, crece con rapidez y podría llegar en unos años a 24 millones de habitantes en ambos lados de la frontera.
La dimensión de la violencia ha puesto en estado de alerta tanto al gobierno federal como a las autoridades estatales de California, Arizona, Nuevo México y Texas que temen la dispersión de la violencia en su territorio y la corrupción de sus propias agencias policiales. Estados Unidos ha desplegado a más tropas de la Guardia Nacional y a pequeñas unidades de fuerzas especiales que han llegado en forma discreta a las poblaciones fronterizas más afectadas por la violencia.
En el lado mexicano, las policías de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas están gravemente infectadas por el narcotráfico, lo que impide la rápida desmilitarización del conflicto. A la presencia tradicional del Ejército en la zona fronteriza, ahora se suman los grandes contingentes de soldados y de marinos movilizados intermitentemente a los puntos donde brotan los incidentes de violencia.
La dimensión de las hostilidades armadas también es proporcional al carácter estratégico de la infraestructura económica y comercial comprometida. Unos 350 millones de personas cruzan esa frontera cada año desde México y, según las autoridades estadunidenses, el número de camiones de carga que cruza anualmente desde México a Estados Unidos supera 4.5 millones.
El punto más importante es el cruce Nuevo Laredo-Laredo. Tan sólo para dar un ejemplo de la cantidad de tráfico comercial, legal o ilegal, que ocurre en ese punto específico de la frontera, cada día 4 mil 800 camiones de carga cruzan el puente internacional de estas ciudades hermanas localizadas en la parte Sur de la frontera entre Texas y Tamaulipas. Este cruce concentra el 60 por ciento del total de tráfico de carga entre México y Estados Unidos.
Para la delincuencia organizada, la importancia de ese punto geográfico y económico es muy alta, pues a pesar de la modernización tecnológica de las aduanas en ambos sentidos, aparentemente no hay capacidad, ni humana ni material, para revisar toda la carga que cruza día con día.
Por esa razón, Laredo-Nuevo Laredo es un sitio estratégico para los negocios de la delincuencia organizada y es un espacio donde se confrontan los grandes cárteles que están alterando la vida de esta región fronteriza: los cárteles del Golfo, de Sinaloa, la Familia y Los Zetas. Una situación parecida ocurre con los otros dos puntos fundamentales del funcionamiento de la frontera: Tijuana-San Diego y Ciudad Juárez-El Paso.
El resto de la frontera es desértico y, prácticamente, tierra de nadie. Ahí está ubicado el macrodesierto de Sonora, que abarca 360 mil kilómetros cuadrados de Sonora, California y Arizona. El clima inhóspito en la región ha sido letal para más de 5 mil inmigrantes que han perecido de deshidratación al tratar de cruzar la frontera. Para librar la batalla en mejores condiciones, Estados Unidos decidió cerrar con muros el cruce por las zonas urbanas de la frontera y desviar la inmigración indocumentada hacia las zonas desérticas de Arizona y las áridas montañas de Nuevo México. El narcotráfico, por supuesto, no se vio disminuido, pero las condiciones de riesgo para los indocumentados alcanzaron su nivel más extremo.
El abandono gubernamental en ambos lados de la frontera ha facilitado que ésta sea una región propicia para el reclutamiento de sicarios y empleados del narcotráfico. La población fronteriza es fundamentalmente pobre. Su nivel de ingreso es semejante a las regiones más precarias de América Latina y algunas zonas del mapa económico de la frontera muestran ingresos per cápita menores a 7 mil 800 dólares anuales.
Aunque la frontera común sea una prioridad en materia de seguridad nacional para ambos países, el gasto en infraestructura social no corresponde con ese nivel de importancia. La población fronteriza del lado de Estados Unidos recibe la menor ayuda financiera federal y es la región con más incidencia de tuberculosis y muerte por hepatitis.
La población más desfavorecida del lado estadunidense vive en unas 1 mil 200 colonias de Texas, Nuevo México y Arizona, que son subdivisiones no incorporadas a gobiernos municipales construidas en zonas rurales con alto riesgo de inundación y sin sistemas de drenaje ni agua potable. Ahí viven unas 300 mil personas expuestas a la presión de pandillas y narcotraficantes que han establecido ahí casas de seguridad, almacenes de drogas y resguardo de indocumentados.
¿Cuál ha sido el impacto social y económico de este conflicto armado? Aún no existe una evaluación creíble y efectiva. Algunos indicios apuntan un impacto perjudicial creciente. En Ciudad Juárez, las autoridades han informado del cierre de 10 mil negocios en los últimos meses y de la pérdida de 100 mil empleos y 450 millones de pesos de inversión no obtenida. Los grupos internacionales de protección de desplazados afirman que unos 250 mil mexicanos han sido desplazados. La mitad de ellos se ha refugiado en Estados Unidos y la otra se ha dispersado por otras partes del territorio mexicano.
¿Cuál será el límite en bajas humanas y daños económicos, sociales y materiales? Tampoco lo sabemos. El gobierno actual insiste en que la estrategia seguida es la adecuada y en que la acción militar y policial contra los narcotraficantes no es la causante de la violencia observada. Esa posición nos dice que México vivirá todavía más años de conflicto armado. Porque esto, pese al discurso gubernamental, es una guerra en todas sus dimensiones.
*Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional; egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington
