La ola de violencia que vive Guatemala –que, según los expertos, supera a la que ocurrió en el conflicto armado–, es quizá una muestra más del fracaso de las operaciones antinarcóticos mexicanas y guatemaltecas.

Sea efecto colateral o un resultado directo, los grupos criminales mexicanos han comenzado a controlar vastas zonas del territorio guatemalteco, así como se han asentado violentamente en el Golfo de México, las costas de Michoacán o el litoral del Pacífico.

Mientras el gobierno mexicano intenta destruir las bases de operación de los grupos criminales en su territorio, éstos buscan espacios de reproducción en las áreas vulnerables de otros países, principalmente Guatemala.

La reproducción ha sido terrible en Petén, jungla tropical al Norte de Guatemala, en la frontera con Chiapas, Tabasco y Campeche, donde Los Zetas intentan anular a sangre y fuego cualquier penetración del cártel del Golfo. La reproducción de los métodos probados de este grupo en México ha generado en Guatemala un ambiente de terror, similar al que se respira en Tamaulipas.

Por las detenciones recientes, hay evidencias que permiten suponer que una parte importante de Los Zetas está compuesta por personas de origen guatemalteco. La Policía Nacional Civil arrestó a un presunto guatemalteco, jefe del grupo que se hace llamar Zeta 200. Eso nos permite suponer que Los Zetas han logrado tropicalizar sus métodos y adaptarlos a las condiciones guatemaltecas.

La disputa entre las versiones guatemaltecas de Los Zetas y el cártel del Golfo ha generado un clima de zozobra similar al que provocó el conflicto armado en este país.  El degollamiento de 27 jornaleros y su empleador, un finquero considerado por Los Zetas como un operador del cártel del Golfo en Guatemala, provocó una respuesta drástica del gobierno de Álvaro Colom, quien ordenó el estado de sitio en la zona de Petén.

Los Zetas guatemaltecos no pararon ahí. Congruentes con el sistema mexicano de lograr lealtades a través del terror, comenzaron a exhibir mantas, asesinar fiscales y jueces, y acusar de corrupción a los gobernantes.

Los cinco corresponsales que trabajan en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, contiguo a Petén, recibieron mensajes de texto con unas palabras que juraban venganza contra el presidente Colom por, supuestamente, haber traicionado a narcotraficantes. Los periodistas recibieron después mensajes de texto con amenazas de muerte para obligarlos a publicar el texto.

Por primera vez en décadas, los guatemaltecos comenzaron a vivir el terror de asesinatos selectivos y matanzas colectivas.

En el mismo municipio de Cobán, Los Zetas secuestraron y despedazaron a un fiscal y arrojaron sus restos en dos bolsas de plástico enfrente del edificio municipal de la localidad. Su cabeza fue hallada horas más tarde.

Estas escenas aparecieron junto a varias mantas que advertían a los periodistas que “esta guerra no era contra ellos” y que no se pusieran en medio.

Los expertos en seguridad guatemaltecos consideran que Los Zetas y el cártel de Sinaloa han establecido operaciones en el país. Mientras los primeros controlan la parte Norte de Guatemala, los segundos controlan la costa atlántica.

Edgar Celada, coordinador estratégico de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, considera que el periodo actual es el de mayor violencia en el país desde el fin del conflicto armado. En una presentación reciente ante decenas de periodistas que trabajan en los departamentos del interior de Guatemala, Celada explicó que los niveles de asesinatos al año superan los del periodo del conflicto armado. Según sus propios datos, de 2006 al final de 2010 han ocurrido más de 30 mil 400 asesinatos.

Aunque el departamento de Guatemala presentó el número más elevado de asesinatos en 2010 (2 mil 243), la tasa por cada 100 mil habitantes es desproporcionadamente mayor en los municipios afectados por la violencia del narcotráfico. Mientras la tasa promedio de homicidios a nivel nacional es de 41.5 homicidios, en el municipio de Flores, departamento de Petén, la tasa alcanza 144.35 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Según Mario Mérida, un coronel retirado del Ejército guatemalteco que ahora trabaja como asesor en seguridad, además de la presencia de Zetas en el Norte de Guatemala y del cártel de Sinaloa en la zona Sur, La Familia Michoacana tiene también actividad en el Norte, Suroeste y centro oriental del país.

Uno de los efectos de la política antinarcóticos mexicana ha sido la dispersión de las células del narcotráfico. Al llegar las fuerzas combinadas del Ejército, la Armada de México y la Policía Federal, los narcotraficantes salen de sus zonas bajo control y se dispersan. Ahora estamos viendo que las organizaciones delictivas mexicanas se han expandido más allá del territorio nacional para evadir la fuerza militar y controlar directamente el proceso de producción y distribución de drogas.

En Guatemala se han encontrado con un presidente que no ha dudado un momento en suprimir las garantías individuales, declarar estado de sitio en Petén y movilizar a las Fuerzas Armadas para enfrentar a Los Zetas y otros grupos criminales. Con esa política, Guatemala también podría caer en el riesgo de su país vecino. La violencia del narcotráfico no se termina con la fuerza militar ni con la suspensión de las garantías individuales. Por el contrario, la ofensiva militar provoca en la delincuencia organizada la necesidad de rearmarse y militarizarse. De ahí que los grupos criminales guatemaltecos también se diseminen por otras partes del territorio.

De ese modo, lo único que está produciendo esa política contra las drogas, basada en el empleo de la fuerza militar, es una multiplicación y dispersión del mal que supuestamente combate.

*Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional; egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington