Publicado en junio de este año por la editorial Océano, La farsa detrás de la guerra contra el narco, de Nancy Flores, es una revisión crítica de la fallida “guerra” emprendida por Calderón, que constituyó el principal eje de su gobierno, a la vez que la razón más inmediata de la debacle del Partido Acción Nacional en las elecciones del 1 de julio.

 

Reportera y editora de la revista Contralínea, la autora ha emprendido, desde hace varios años, una valiente y acuciosa labor de investigación y denuncia, que le ha valido lo mismo ataques provenientes de sectores poderosos, que distinciones como el Premio Nacional de Periodismo, del Club de Periodistas, que obtuvo en 2008.

 

Referencia imprescindible acerca de lo que ha sido la “guerra contra el narco” liderada por Calderón, la obra se basa en reportes oficiales de los gobiernos de México y Estados Unidos, en investigaciones publicadas y en entrevistas con especialistas en el tema del narcotráfico en México.

 

A lo largo de las 231 páginas de su libro, Nancy Flores cita fragmentos de los discursos triunfalistas de Calderón y otros funcionarios, así como los textos de los spots con los que el gobierno derechista estuvo alardeando de los supuestos “éxitos” de su estrategia, y que a lo largo del sexenio repitieron ad nauseam los medios electrónicos.

 

La comparación entre los datos duros y la retórica calderonista pone de manifiesto las mentiras con que la derecha en el poder quiso “vender la idea de que la lucha contra el narcotráfico es total y está dando buenos resultados” (página 19).

 

Como señala Jorge Luis Sierra en su prólogo a esta obra, Flores Nández “explica paso a paso por qué la estrategia antinarcóticos elegida fracasó en la intención de desmantelar el mando estratégico de los grupos criminales”, y la propia autora enfatiza: “La guerra [de Calderón] no ha mermado el negocio del narcotráfico”.

 

En efecto, “las utilidades de los cárteles mexicanos oscilan entre 18 mil millones y 39 mil millones de dólares al año sólo por ventas de narcóticos ilegales en Estados Unidos” (página 87); además de otros rubros, como el dispendio de recursos públicos para la adquisición de armas destinadas a combatir narcotraficantes, y que en cuatro años, de 2007 a 2011, ha superado los 7 mil millones de pesos (página 136).

 

A los datos proporcionados por Nancy Flores cabe añadir que el interés del poder panista para comprar armas, que finalmente sirven para perpetrar asesinatos, contrasta con su tajante rechazo de todo lo que considera como políticas “populistas”, es decir, orientadas a beneficiar gratuitamente a los sectores más vulnerables de la sociedad, como los ancianos.

 

Más trágico aún es el hecho de que la llamada “guerra contra el narco” ha dejado un saldo de más de 50 mil civiles muertos, 3 mil desaparecidos, 230 mil desplazados de sus lugares de residencia, 1 mil 226 menores de edad han sido ejecutados y se calcula que 52 mil 500 han quedado huérfanos (página 173).

 

La intervención del Ejército Mexicano en tareas que son propiamente policiacas acarreó una larga serie de violaciones a los derechos humanos, y fue desde el principio del sexenio –que comenzó en un clima de efervescencia social motivado por el fraude electoral de 2006– un recurso para que el gobierno calderonista pudiera ejercer la represión.

 

Esa militarización puede verse como una nueva versión de la Guerra Sucia que los gobiernos en las décadas de 1960 y 1970 libraron contra las guerrillas izquierdistas de aquella época.

 

En el clima de la “guerra” antidrogas, se ha perseguido a líderes sociales, dirigentes políticos, activistas y periodistas; la parte final del libro incluye una lista de las principales víctimas y que suman varias decenas.

 

Por si fuera poco, el sangriento y oneroso saldo de la guerra calderonista corresponde a una causa perdida pues “ni el tráfico de drogas ni su economía cesarán de existir en distintos rincones del planeta, y los consumidores tampoco” (página 70), como dijera en junio de 2009 Servando Gómez Martínez, la Tuta, narcotraficante del cártel de La Familia Michoacana: “Esto nunca se va a acabar. El día que yo fallezca pondrán a otro en mi lugar” (página 48).

 

Ciertamente, querer acabar con el consumo y tráfico de drogas asesinando a los principales jefes de los narcos es una solución sanguinaria a la vez que infantil, que sigue la misma lógica del chiste acerca de un gobernante tan inepto que pretendía evitar los choques de trenes retirando el primero y el último vagón de cada convoy.

 

La Tuta afirmó también que el entonces titular de Seguridad Pública federal estaba coludido con Los Zetas y con los Beltrán Leyva.

 

Es evidente que el negocio del narco, tan peligroso como lucrativo, requiere de complicidades, que sirven lo mismo para brindar impunidad a los delincuentes que para proveerlos de armas, como sucede en muchas guerras donde los ejércitos se aprovisionan gracias a los elementos corruptos en las filas del propio enemigo.

 

No sólo agentes de policías locales “que trabajan para los delincuentes pueden estar transfiriendo armas a los grupos criminales” sino que la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) reporta que entre 2007 y 2009, sus integrantes perdieron “por extravío o robo” nada menos que 7 mil 929 armas.

 

Otro aspecto de la “guerra” de Calderón ha sido su total sumisión a los designios estadunidenses, en detrimento de la soberanía nacional.

 

La idea misma de una embestida militar contra la adicción a las drogas es un contrasentido, pues “cuando hablamos de drogas no estamos hablando más que de un simple problema de salud, a lo sumo, porque incluso ahí tendríamos que ver el ámbito de la decisión personal” (página 177).

 

 

Me permito añadir algunos comentarios personales relacionados con el tema que acertadamente aborda Nancy Flores:

 

Una cruzada similar a la que emprendió Calderón se vivió a principios del siglo XX en Estados Unidos, cuando se implantó la prohibición del alcohol en la llamada Ley Seca, con su correspondiente secuela de criminalidad desbordada, complicidades, organización de poderosos grupos delictivos, etcétera.

 

Hubo quienes, con criterios autoritarios y obtusos, en la vecina superpotencia del Norte, donde un puritanismo hipócrita convive con una ambición desmedida, se empeñaron en combatir el alcoholismo con cárceles, armas y policías especiales, si bien no se llegó al extremo demencial de encargar al ejército el combate del alcoholismo, lo cual le habría dado la dimensión de una guerra civil.

 

Proliferaron los llamados grupos de gangsters y personajes como Al Capone adquirieron enorme poder y fortuna; sobornaban a las autoridades, se mataban entre ellos y a veces, como el propio Capone, caían en prisión, pero el negocio iba siempre en ascenso y la muerte o captura de uno de su jefes simplemente beneficiaba a sus sucesores.

 

Naturalmente, sólo la derogación de la Ley Seca logró terminar con lo que era ya el principal problema en la vida de ese país.

 

La prohibición de las drogas sigue exactamente la misma lógica, con sus mismas premisas y conclusiones, con la sola diferencia de que la sustancia objeto de la prohibición no es el alcohol sino ciertas drogas, como la mariguana, la cocaína, las anfetaminas y otras. Pero finalmente se trata de lo mismo: un gobierno que se empeña en negarle a la gente su derecho a consumir algo, decisión que concierne sólo al propio consumidor.

 

Irreflexivamente, mucha gente acepta como algo natural la prohibición de las drogas sin preguntarse si realmente está justificada. En buena medida, además de que la penalización es un negocio por demás lucrativo y por ello deseado en un sistema como el capitalismo, donde el único valor es el dinero, esas drogas escandalizan a las “buenas conciencias” porque se consumen simplemente por el placer que pueden brindar, posibilidad que les horroriza.

 

Por ejemplo, la mariguana, la cocaína y otras drogas suelen ser satanizadas por los efectos afrodisíacos que pueden tener. Comprensiblemente, Estados Unidos, con su doble moral tan arraigada, ha sido el principal promotor de una cruzada mundial que ha buscado revivir la Ley Seca, aplicándola a las drogas, y violando la libertad de conciencia y de decisión de los posibles consumidores.

 

Muchos otros casos comparten la lógica de imponer el terror prohibiendo las preferencias y decisiones personales: las persecuciones contra las brujas, y las que la Inquisición llevó a cabo contra judíos y protestantes, la actual criminalización de las mujeres que recurren al aborto, etcétera.

 

El argumento de que hay que prohibir las drogas para que los niños y adolescentes no las consuman tampoco es válido, pues sería como implantar la Ley Seca con el pretexto de evitar que los niños conozcan las bebidas alcohólicas. Para ello, basta restringir su venta a los mayores de edad.

 

La Ley Seca, como lo es ahora la “guerra” contra las drogas, fue una bendición para el llamado “crimen organizado”, como lo hizo notar el fiscal Burton Turkus, quien en la década de 1950 publicó una detallada denuncia del gangsterismo.

 

En su obra señalaba que uno de los principales aspectos del crimen organizado durante la prohibición del alcohol fue “la relativa facilidad con que un criminal podía poner un dedo corrompido sobre el ejercicio de la ley”, mientras que su motivo de congoja era cómo encontrar otras posibilidades de hacer negocio una vez que se derogara la Ley Seca.

 

La cruzada contra las drogas les vino a resolver esa dificultad.

 

Por otro lado, la llamada “guerra” de Calderón es congruente con las tendencias de la derecha y de la ultraderecha, que idealizan a las Fuerzas Armadas y pretenden convertirlas en uno de los pilares del poder; es un objetivo propio de una mentalidad autoritaria y antidemocrática.

 

Calderón se esforzó por otorgar al Ejército y al clero una posición privilegiada, y su “guerra” quedó como anillo al dedo a ese proyecto, que le sirvió también para acercarse a gobiernos latinoamericanos controlados por la derecha católica, como el de Colombia.

 

Ahora que está a punto de dejar el poder, es pertinente recordar un episodio que ocurrió al principio de su sexenio y que anunciaba ya la hipocresía y la corrupción del nuevo gobierno panista: se trata del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, acusado en 2006 de fabricar metanfetaminas, y quien a su vez denunció que Javier Lozano Alarcón, exsecretario del Trabajo, lo extorsionó advirtiéndole: “Copelas o cuello”, a fin de arrebatarle una fortuna de 205 millones de dólares que se encontraban en su domicilio, en la ciudad de México, misma que presumiblemente sería usada en la campaña presidencial de Calderón.

 

Para colmo, la supuesta “guerra” contra las drogas ha estado encabezada por un personaje cuya afición al alcohol, que es comparable con algunas drogas, ha sido motivo de comentarios y críticas en la opinión pública.

 

*Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México

 

 

 

[TEXTO PARA TWITTER: La farsa detrás de la guerra contra el narco o cómo Calderón y narcotraficantes se beneficiaron mutuamente]

 

Fuente: Contralínea 295