La segunda auditoría que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó realizar a las arcas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue a un contrato con Televisa por 50 millones de pesos, para servicios de “comunicación social”, firmado en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto.

Identificado con el folio 02/2019, el proceso de fiscalización se abrió el pasado 28 de marzo y se concluyó el 4 de junio, 1 mes antes de que Carlos Urzúa renunciara a la titularidad de Hacienda.

La orden salió de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, que encabeza la doctora Irma Eréndira Sandoval y se centró en los detalles de la contratación ADN-41-002/2018, celebrada el 6 de febrero de 2018 con Grupo Televisa, SAB, por los servicios de transmisión de mensajes en televisión abierta en sus diferentes formatos para la difusión de la campaña Mensajes a la Ciudadanía.

El expediente de la auditoría da cuenta que el monto involucrado fue por 50 millones de pesos y salió del presupuesto de la Unidad de Comunicación Social y Vocería de Hacienda.

De acuerdo con los resultados de la investigación del Órgano Interno de Control, la Dirección General Adjunta de Difusión de Hacienda no entregó los reportes de transmisión por mes vencido, como lo establece el Anexo 1 del propio contrato. Según lo estipulado en la contratación, éstos deberían presentarse a más tardar a los 5 días hábiles posteriores de cada mes vencido de inserción.

La Dirección General Adjunta de Difusión informó a los auditores que Televisa sí remitió en tiempo sus reportes, “pero debido a diversas inconsistencias en los mismos, le fueron devueltos, quedando al final que sólo se entregaría un reporte global de servicio”.

El informe de observaciones agrega que, a pesar de esa indicación, “no se localizó, dentro del expediente respectivo, la evidencia documental de dichas inconsistencias; asimismo no se especificó dentro de ninguna acta de acuerdo que se entregaría un solo reporte global del servicio”.

Otras anomalías señaladas por la Función Pública tienen que ver con que Hacienda no estableció los horarios en los que se deberían haber transmitido los mensajes publicitarios, por lo que fue Televisa quien determinó los mismos.

Adicionalmente, se observó que del monitoreo realizado por un tercero, la empresa Auditoría de Medios y Servicios a Anunciantes, se desprende que un spot estuvo fuera de la pauta, “sin que se exigiera la pena convencional respectiva”.

Televisa también presentó inconsistencias vinculadas a 13 supuestas transmisiones, pues los testigos presentados no coinciden con los horarios; e incluso omitió entregar copias de las escrituras donde consta que se transforma de sociedad anónima de capital variable a sociedad anónima bursátil.

Para el Órgano Interno de Control, lo anterior ocurrió por la falta de supervisión en que incurrió el administrador de los contratos para dar cumplimiento a lo establecido; inadecuado control y seguimiento de la contratación de bienes y servicios; e indebida integración de los expedientes.

Todas estas fallas atribuidas a la Secretaría de Hacienda derivaron en lo que los auditores calificaron como el “incumplimiento de contrato”. Por ello y por la indebida integración de expedientes que pudieran determinar una responsabilidad administrativa para los servidores públicos, “por la omisión en los procedimientos de contratación, generando pagos indebidos y/o detrimento al presupuesto de la dependencia”.

El informe de resultados de la auditoría interna agrega que también se observó falta de control y transparencia en la información relativa a la contratación de los medios utilizados en las campañas, respecto al uso de criterios objetivos, imparciales y claros.

Por lo anterior se determinaron cinco recomendaciones de carácter correctivo dirigidas al titular de la Unidad de Comunicación Social y Vocería de Hacienda, de las que destaca la última: “se aclare y justifique por qué no se exigió la pena convencional respectiva por el spot fuera de pauta, […] en su caso se aplique la pena convencional respectiva a Grupo Televisa, SAB”.

Caos, en el archivo de la Unidad

El caso de Televisa es apenas un ejemplo del caos que reina en los archivos de la Vocería de Hacienda. El reporte revela que la Unidad de Comunicación Social carece de condiciones para resguardar todos los expedientes en su posesión: “se cuenta con un lugar físico para la guarda y custodia de los archivos documentales; no obstante, se incumple con medidas de índole técnica, administrativa y tecnológica que permitan obtener una adecuada preservación de los archivos”.

Agrega que tampoco existe una persona a cargo del archivo que garantice la correcta conservación, organización, custodia y consulta de los archivos que contienen la información pública gubernamental. Además, apunta que “se tienen documentación y videos de entregables de comunicación social en cajas, sin organizar y sueltos, desde el año 2005 a la fecha”.

Ello sucede, a decir de los auditores de la Función Pública, porque las autoridades hacendarias desconocen la normatividad aplicable con los archivos y supervisión en el manejo de la documentación.

El efecto, apunta el informe de resultados, es “que se extraiga, destruya, oculten, inutilicen, alteren, manchen, raspen, mutilen total o parcialmente y de manera indebida cualquier documento”. También, “que la desorganización impida u obstaculice la consulta de documentos de los archivos; que se actúe con negligencia en la adopción de medidas de índole técnica, administrativa, ambiental o tecnológica para la adecuada conservación; [o] que se omita la entrega de algún archivo o documento por parte de los servidores públicos que se separen del empleo, cargo o comisión”. Así el caos en Hacienda con el tema de la publicidad oficial.

Nancy Flores

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