Aurelio Morales Posselt*/Carolina Alvarado

 

Quien no lo quiere ver, piensa que sólo pasa en países lejanos. Salir a la calle a expresarse o cuando otros se expresan ya sea con una cámara, con un celular equipado o con mochila al hombro es, hoy en México, jugarse la libertad y la vida. Claro, en México cualquiera puede expresarse, decir lo que siente, subirlo a internet, comunicarlo públicamente, pero hacerlo no es gratis ni seguro. El derecho a expresarse, manifestarse, informar y ser informado es, a los ojos de la autoridad, una amenaza que es necesario contener, reprimir, encerrar, golpear, denigrar, torturar y, finalmente, banalizar, como les sucedió a Gustavo, Pavel Alejandro y otros reporteros y activistas detenidos el 1 de septiembre de 2013 (y a tantos detenidos en protestas anteriores). Hoy internet es un medio de expresión y receptáculo de evidencias de violaciones a los derechos humanos, pero para las autoridades es un arma que les apunta y amenaza.

 

Gustavo Ruiz Lizárraga, reportero de la Agencia Subversiones, filmó su propia y arbitraria detención (ver en YouTube) ese día. Ésa es una de varias detenciones violatorias de derechos humanos realizadas en el contexto de la protesta social evidenciadas en internet (¡claro!, son mucho más las que no se publican). Ya no sólo cubrirse el rostro, vestirse de negro, gritar consignas o hacer pintas en la calle es una “razón” de represión, ahora lo es portar una cámara. Puede ser un síntoma o un “patrón que el gobierno está adoptando recientemente”, le dice Gustavo a Carolina en una charla reciente. Para las autoridades aún no es claro el papel de los medios independientes. Y no sólo el papel, sino su estructura. No saben cómo controlarlos y eso les asusta. Este miedo expande las consecuencias represivas: el problema más grave para todos es que no sólo atacan a medios independientes, parece que ahora quieren intimidar a cualquier persona que decida sacar su celular y grabarlos. Y la cacería de brujas puede ir hasta los vagones del metro (si no, véase: “Detenciones”, “1SMX” o “San Antonio Abad”).

 

Este artículo no hace apología a la violencia, al contrario, denuncia el abuso de autoridad: la violencia desatada por quienes, antes que a nadie, les correspondería evitarla. Es verdad, hay quien en las manifestaciones ataca, y, sobre todo, quien se defiende; pero, en ningún sentido es comparable la capacidad de violencia de unos con la de los otros. El rencor, la impotencia y hasta el odio que un grupo (porque siempre son muchos para detener a uno) de policías provoca a la multitud, no tiene nada que ver con el policía que embiste porque “le faltaron al respeto”. Si el policía no se siente respetado es responsabilidad de los superiores, que los usan como escudos humanos de sus propias bajezas. A Gustavo lo detuvieron por filmar la detención de un compañero periodista, Rafael Camacho. Filmó su propia detención y filmó cuando vaciaban su mochila (véase en YouTube) y no encontraban dentro nada de peligro más que su equipo fotográfico. Los dos videos evidencian la labor periodística del detenido y el actuar contra derecho por parte de los policías, pero ningún video ha sido considerado prueba contundente de su inocencia. Si bien el cinismo del juez 23 en Delitos No Graves, Fausto Favela, no es suficiente para ignorar la contundencia de los hechos, sí lo es para complicar el proceso. “Nos han ido reduciendo los delitos conforme no han podido comprobar lo que supuestamente hicimos. En un inicio, en el Ministerio Público, eran cinco delitos –comenta Gustavo–. Cuando nos trasladan al Reclusorio [Sur] ya sólo eran tres, y ahora sólo quedan dos: ultrajes a la autoridad y resistencia de particulares… Pero de estos dos, el sistema inquisitorio mexicano exige al reportero demostrar que no lo hizo y no al policía demostrar que sí. Y si uno se defiende con todo lo que puede y tiene ante una flagrante detención injusta y en bola, ¿de verdad es delito?”.

 

Hoy Gustavo lleva el proceso en libertad bajo fianza. Carolina le pregunta cómo se siente: “En un inicio fue muy difícil porque todo el tiempo tenía en mente que no tenía por qué estar ahí y que pronto saldría. Desde la detención y en el traslado hacia el Ministerio Público tuve comunicación con compañeros y con gente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal [CDHDF] que me dijeron que nos debían soltar. Entonces, cuando eso no sucede y nos meten a las celdas, fue un golpe muy fuerte. Después, cuando supimos que la fianza ya se había pagado y que era cuestión de horas o minutos para salir y, en lugar de eso, nos sacan para llevarnos al Reclusorio, eso fue otro gran golpe. Y al entrar al Reclusorio y comenzar a ver cómo son las cosas adentro, pues me sentí peor. Parecía que siempre que alguien nos decía que las cosas se iban a arreglar, se ponían peor. Después, cuando nos llevan al Juzgado y el juez sube la multa de 23 mil a 126 mil pesos, pues de nuevo fue otro golpe terrible”.

 

Los golpes fueron físicos y sicológicos. Para quien cree que la tortura es cosa de otros años, el testimonio de Gustavo muestra lo contrario (no tiene que dejar huellas evidentes de más de 15 días para ser tortura): “Cuando entramos al reclu, fueron bastante crueles; supongo que así son con todas las personas. Nos desnudaron, nos pusieron a hacer sentadillas y flexiones y recortaron nuestra ropa; hacían que gritáramos consignas como “¡arriba el Sur!”, o “¡se ve, se siente, el custodio está presente!”. Mientras gritábamos nos decían que eso nos pasaba por andar de revoltosos. También nos pusieron en una postura con las piernas flexionadas y los brazos extendidos al frente; imagina a alguien manejando una motocicleta pero sin motocicleta, y teníamos que quedarnos en esa postura por varios minutos, los que empezaban a bajar los brazos o les temblaban las piernas recibían golpes… Siempre estuvimos con la cara agachada o contra la pared”.

 

Sin embargo, al saberse observados por la CDHDF, la actitud de las autoridades cambió: “El trato que recibimos fue muy distinto. Al día siguiente nos dieron uniformes nuevos, que es algo que no hacen con los demás presos, y por la noche nos llevaron cobijas a la celda.

 

Carolina le pregunta si ese cambio fue porque la CDHDF estaba siguiendo el caso. Él responde que sí, porque incluso fueron recibieron la visita de la Comisión, porque cinco detenidos fueron obligados a declarar sin sus abogados.

 

Actualmente Gustavo sigue el proceso jurídico en libertad provisional. El proceso es lento, y más cuando se han pospuesto varias audiencias ante el juez, porque los policías que lo inculpan a él y a tres personas más no han asistido o han llegado muy tarde. También se está esperando la respuesta que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal debe dar, en torno a una apelación interpuesta por Gustavo y el abogado Leopoldo Maldonado, que la organización Artículo 19 asignó para su defensa.

 

*Integrante del Área de Difusión de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), AC

 

 

 

Fuente: Contralinea 360 / 11 de noviembre 2013