Una grave amenaza se cierne en los derechos de los trabajadores por el anuncio presidencial, del pasado 3 de noviembre, de “otra crisis” en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Es curioso que, cuando se usa este argumento, los grupos empresariales y los sectores financieros del país y extranjeros se ponen en primera fila para beneficiarse.
Ello se confirma con el discurso lacónico de Felipe Calderón para que, al margen de coyunturas políticas, ideológicas o partidarias, se “inicie la discusión sobre nuevas reformas en materia de jubilaciones y pensiones”.
Es un aviso, una petición urgente, para que la maquinaria legislativa reforme la Ley del Seguro Social para aumentar requisitos de edad y número de cotizaciones en perjuicio de los trabajadores que pretendan obtener una pensión o una jubilación.
La evaluación de las últimas reformas en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, que acabaron desconociendo derechos adquiridos en materia de jubilación de los trabajadores burócratas, puede estar en el ánimo de las anunciadas reformas.
En estas reformas se unieron, como delincuencia organizada, los grupos dominantes mexicanos contra los trabajadores. En apenas 16 días naturales (del 15 al 31 de marzo de 2007), consiguieron una ley que derogó la anterior y que impuso nuevos requisitos a los trabajadores burócratas para obtener su derecho a la jubilación.
La nueva Ley del ISSSTE se aplicó de manera retroactiva, pisoteando la Constitución y anulando con ello los derechos adquiridos jubilatorios de los trabajadores burócratas al declararlos “como una expectativa de derecho”. En ese agravio, participó de manera vergonzosa la Suprema Corte de Justicia, para permitir la destrucción de la seguridad social y que los fondos pensionarios se entregaran a los banqueros.
Es por ello sospechoso que los más altos funcionarios gubernamentales, incluido el presidente de la República, se rasguen ahora las vestiduras al anunciar que al IMSS ya no le alcanzan sus reservas para cumplir con sus propios fines y “ni siquiera para hacer frente a la propia operación”, cuando ellos mismos lo han estado descapitalizando (saqueando).
La enorme sangría –ligada a la compra de medicamentos supeditados a constantes y desmesuradas alzas que benefician los intereses de las grandes empresas trasnacionales y la subrogación de los servicios médicos– es fuente de lucrativas ganancias en beneficio de unos cuantos. No hay nadie en el gobierno que los detenga o quiera hacerlo porque también son beneficiarios.
La corrupción ha permeado como un cáncer en esa institución.
Día con día, los funcionarios del IMSS junto con el Ejecutivo Federal y la mayoría de los legisladores se hacen de la vista gorda al permitir que los empresarios de todos los niveles (muchos de ellos también lo son) defrauden las cotizaciones que deben cubrir a sus empleados.
Inscriben con un salario inferior a sus trabajadores o simplemente no lo hacen, y estas acciones que se dan en todo el país representan una pérdida mayúscula en las finanzas de la institución y nadie hace nada para evitarlo, simplemente no les importa. El artículo 308 de la Ley del Seguro Social prevé condenas de tres meses hasta nueve años de prisión cuando se cometa ese delito, pero ese ordenamiento es de mero ornato.
Muchos trabajadores se encuentran indefensos porque sus patrones, cuando les viene en gana, los dan de baja ante el IMSS de manera intermitente, por largos periodos, con total impunidad. Lo desagradable es cuando llegan a las clínicas ellos o sus familiares enfermos y se enteran que no los pueden atender porque están dados de baja.
El beneficio que establece el artículo 109 de la Ley del Seguro Social, de otorgar ocho semanas de cotización después de que los trabajadores perdieron su empleo, muchos patrones lo usan para eludir las cotizaciones en ese periodo y aparentar que están cumpliendo con sus obligaciones.
Los funcionarios del IMSS saben esto y únicamente dicen: “La Ley es imperfecta. No podemos hacer nada”.
Si los trabajadores defraudados deciden acudir al Ministerio Público para denunciar este delito cometido por su patrón, sólo les dicen que su queja es improcedente porque el único afectado legalmente es el IMSS.
Existe un remedo de artículo de la Ley del Seguro Social, el 305, que da facultades exclusivas al IMSS, pero no a los trabajadores, para presentar una denuncia penal.
Este tipo de legislaciones a modo propicia impunidad y un agravio en las finanzas del IMSS. De estos hechos, los voceros gubernamentales callan de manera cómplice.
La otra cara de la moneda se da cuando al trabajador se le acusa de haber defraudado a su patrón. En este caso, la legislación penal es efectiva y punitiva a más no poder, al aplicar una pena de prisión de un 50 por ciento más de la que establece el Código. Ésta es una justicia dispareja: justicia blanda contra los patrones y justicia dura contra los trabajadores.
Es urgente que las organizaciones sindicales, ciudadanos interesados, académicos y especialistas en la materia construyamos un frente en defensa de la seguridad social para detener esta nueva embestida. Es inadmisible que se siga lucrando con los derechos sociales y de seguridad social, que ahora este gobierno pretende acabar, pero no lo conseguirá.
*Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
