La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para modificar la Ley de la Industria Eléctrica, con carácter preferente, representa la oportunidad histórica de devolver al pueblo de México su soberanía energética que establecieran en la Constitución, con un sentido nacionalista, los presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, en el pasado siglo, por lo que los legisladores federales del Congreso tienen la alta responsabilidad de enriquecer la propuesta para no dejar a medias la reparación a los destrozos ocasionados al respecto por la Reforma Energética de Peña Nieto, iniciada de manera paulatina desde los gobiernos neoliberales de Carlos Salinas, sin exceptuar a los sexenios panista de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Con antelación al golpe perpetrado contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por el narcogobierno de Calderón, en octubre del 2009, el SME venía denunciando la paulatina entrega tanto del sector eléctrico como petrolero del país a la iniciativa privada y empresas trasnacionales; el decreto que estableció de un plumazo la desaparición de la empresa pública, Luz y Fuerza del Centro (LFC), que prestaba el servicio de energía eléctrica a 6 millones de usuarios en los estados del centro del país –se alertó entonces–, iniciaba el desmantelamiento de la industria eléctrica nacional reflejada en el crecimiento de los productores independientes de energía y los permisos otorgados a su favor desde el gobierno de Fox.

La propia Comisión Federal de Electricidad (CFE), comenzó a ser disminuida en su capacidad de generación, a través del otorgamiento de contratos que le obligaban a comprar energía a los particulares llegándose al absurdo de subutilizar sus plantas de generación para cumplir con sus compromisos. Ahora que se plantea una regeneración del tejido histórico deben analizarse los orígenes que derivaron en la apertura total del sector energético al capital privado, similar al modelo de concesiones autorizadas por Porfirio Díaz, a principios del siglo XX.

Debe recordarse que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se promovieron reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), que permitieron la generación de electricidad a particulares, mediante la figura de “productores independientes”, violando flagrantemente el Artículo 27 Constitucional. Lo mismo ocurrió en Pemex que fue fraccionado en cuatro subsidiarias, entregando el negocio de la petroquímica a la iniciativa privada, cuando en todo el mundo se sabe que este sector es el que genera mayores dividendos en el aprovechamiento de los hidrocarburos y relegando la importancia de la refinación, con la dependencia en el abasto de gasolinas que hoy enfrentamos.

Desde entonces, los tecnócratas del neoliberalismo hicieron a un lado los principios nacionalistas plasmados por los regímenes de Cárdenas y López Mateos, para que el petróleo y la electricidad contribuyeran al fortalecimiento de la economía nacional y beneficiaran con tarifas y precios justos en la electricidad, el gas y las gasolinas al pueblo de México, obedeciendo los dictados impuestos por organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Los gobiernos panistas prosiguieron la ruta de desmantelamiento a tal grado que al finalizar la administración de Calderón, se habían otorgado 620 permisos de generación a firmas extranjeras, entre ellas Iberdrola y Unión Fenosa, que pagarían el favor dándoles trabajo al expresidente y su secretaria de Energía, Georgina Kessel. Importante resaltar en este sentido el anuncio hecho por el gobierno federal en cuanto a la revisión de estos permisos y contratos que podrían revocarse en caso de haberse obtenido por medios fraudulentos.

El SME denunció desde hace más de una década los contratos leoninos firmados por 25 años entre la CFE y las trasnacionales,  que de no ser auditados y revisados a conciencia, le costarán al país 1.3 billones de pesos, pues los panistas y el gobierno de Peña Nieto, permitieron que los particulares se adueñaran del 50 por ciento de la generación de energía eléctrica en el país.

Pero hay otra caja negra que debe auscultarse a fondo y que tiene que ver con las deudas contraídas en su momento por CFE y Pemex, bajo el esquema de los llamados Pidiregas (Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto), y que no fueron otra cosa que mecanismos de encubierto financiamiento a particulares con costo a las finanzas públicas.

Tan sólo la Comisión Federal registró deudas por este concepto del orden de los 700 mil millones de pesos en el narcosexenio calderonista, y Petróleos Mexicanos llegó a la exorbitante cifra de 1,2 billones de pesos, pues durante la aprobación de la Reforma Energética se indexaron de manera doloso el costo de los Pidiregas a los pasivos laborales, lo mismo que las estratosféricas jubilaciones de los altos funcionarios.

Huelga decir que los Artículos 27 y 28 Constitucionales fueron prácticamente saqueados en su sentido original para legalizar tales abusos a las finanzas públicas y el despojo a la nación de su soberanía energética. Por ello, para recuperar el control de la nación sobre este sector estratégico, debe impulsarse una reforma a profundidad que corrija los abusos cometidos al erario y también a las víctimas que pagaron un precio muy alto por oponerse a esta política antinacionalista.

Corregir el rumbo implica también restituir la empresa Luz y Fuerza del Centro y devolver su empleo a los electricistas del SME que resistieron de pie los embates de los gobiernos neoliberales por el solo hecho de haber defendido al país de las agresiones neoliberales al sector energético. Echar abajo las presiones de las poderosas trasnacionales y los grupos de poder que ahora sienten que un millonario y fácil negocio, entregado en bandeja de plata por panistas y priístas,  se les va de las manos, no resulta complicado si se les sienta a la mesa a explicar a detalle cómo fue que se hicieron de tales contratos donde siempre llevaron las de ganar y México las de perder.

Los electricistas del SME apoyaron en su momento la expropiación petrolera del general Cárdenas, la nacionalización de la industria eléctrica del presidente López Mateos y están dispuestos a acrisolar su ardua lucha para que el país recupere su soberanía energética. Esperemos que en el Congreso de la Unión, los legisladores del partido mayoritario hagan lo propio y corrijan a fondo los destrozos neoliberales, por el bien de la nación.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas