La corrupción que por más de dos décadas se apropió de las estructuras administrativas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha costado al país quebrantos por miles de millones de dólares y la entrega de la industria eléctrica a trasnacionales. A pesar de existir numerosas pruebas para castigar a los responsables de tan monumental daño patrimonial, éstos se ríen de la justicia, amparados en la impunidad del poder y cobijados por una abierta complicidad de las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.

 

El primero tuvo en sus manos las pruebas de la corrupción de los colaboradores del exdirector de la CFE Alfredo Elías Ayub, que no sólo mantuvo intactas las redes de los negocios turbios, además, en un exceso de ignorancia e ingenuidad, se atrevió a otorgar, el 8 de febrero de 2006, el Premio Nacional de Calidad y Tecnología 2005 nada menos que a uno de los personajes más corruptos en la historia de la paraestatal: Néstor Moreno Díaz.

El segundo, al que también se le entregó en agosto de 2009 un expediente con pruebas de los negocios ilícitos de los integrantes del “cártel de la Electricidad”, permitió en su momento, como secretario de Energía, contratos de la “empresa de clase mundial” con Siemens (compañía multinacional de origen alemán dedicada a las telecomunicaciones, transporte e iluminación), que fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública, para concursar en las licitaciones del gobierno mexicano, por haberse negado a pagar impuestos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e incontables actos de corrupción que orillaron al Banco Mundial a alertar a muchos países de tener tratos con sus directivos.

 

Pero Calderón no sólo desatendió los antecedentes de Siemens, además dio manga ancha a trasnacionales como Iberdrola (grupo energético español por capitalización, [líder mundial del sector eólico[^] y una de las mayores eléctricas globales por capitalización bursátil[)^] para convertirla, vía la Comisión Reguladora de Energía, en una de las mayores generadoras de electricidad del país, garantizándole la compra total de su energía a elevados precios, por parte de la CFE. Pero también la firma resultó agraciada con el otorgamiento de permisos para la distribución, transporte y almacenamiento de gas natural.

 

En su momento, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió incumplimientos de la Comisión Reguladora de Energía al reglamento interno de la Secretaría de Energía, ya que otorgó permisos sin que existiera planeación, programación, organización y control para fortalecer el abasto de gas natural en México. Puede decirse que la corrupción en la CFE ha tenido sus momentos de gloria bajo la complacencia de los gobiernos panistas.

 

Uno de los casos más ominosos fue el otorgamiento (en 2007, ya instalado Calderón en la Presidencia) del ventajoso contrato puesto en bandeja de plata por Elías Ayub y su mafia del “cártel de la Electricidad” a la empresa Repsol Comercializadora de Gas, SA (con actividades en exploración, producción, transporte y refino de petróleo y gas), que le permitirá a ésta vender en los próximos 20 años gas peruano a las plantas generadoras de la CFE a un elevado costo, lo que asegura ganancias por 15 mil millones de dólares (el precio real del combustible apenas llega a los 6 mil millones de dólares).

 

No es aventurado suponer que si autoridades como la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República hicieran su trabajo, sin la consiga presidencial para encubrir los mil y un latrocinios cometidos por el “cártel” de la CFE, por lo menos una treintena de sus “capos” (disfrazados de servidores públicos, como Moreno) pagarían con cadena perpetua el robo a la nación que han cometido a lo largo de todos estos años. En el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano tendrían una crujía para ellos solos.

 

Gente como el extitular del Órgano Interno de Control de la CFE, Manuel de Jesús Olvera Mazariegos y el auditor interno Marco Antonio Díaz Tobías han dado fe de que en la CFE casi el total de licitaciones y contratos representan ganancias para un grupo de no más de 50 altos funcionarios que, como ya anotamos con anterioridad, manejan y controlan la entidad como si fuera una empresa de su propiedad y no de los mexicanos. Sus revelaciones, empero, han sido un clamor en el desierto porque ninguna autoridad se ha dignado llamar a cuentas a los responsables.

 

Por el contrario, pequeños constructores que han alzado la voz, como Leonel López Sánchez, propietario de la firma Dobsa Construcciones, SA de CV, quedaron marginados de los concursos de la CFE por el hecho de haber denunciado, en su momento, el cobro de una “comisión” del 6 por ciento, 2 millones 625 mil pesos que le hizo en 2008 el subgerente de Distribución Centro Oriente, Rubén Loredo Romero, para ratificar el contrato DV000-18-08, consistente en construir un edificio de respaldo del Centro Nacional de Control de Energía, en Puebla, cuyo costo total fue de 43 millones 751 mil pesos.

 

A pesar de que Dobsa presentó la oferta más baja, el empresario fue obligado a entregar la “comisión” por lo que se descapitalizó. Forzado por las circunstancias presentó su queja ante Elías Ayub, pero lejos de obtener justicia, terminó por ponerse la soga al cuello ya que el director se abstuvo de aplicar la ley y castigar a su funcionario, pero sí consintió que se acusara de fraude a López Sánchez, boletinándolo con el “cártel de la Electricidad” como persona non grata para la mafia de la CFE.

 

Por eso las anomalías halladas de nuevo por la ASF en la, por demás cuestionada “empresa de clase mundial” en su ejercicio de 2010 son el reflejo de la impunidad con que operan sus funcionarios gracias a la complacencia de Calderón y Antonio Vivanco Casamadrid, quien, tras sustituir en el cargo a Elías Ayub, nada ha hecho por atacar a la mafia heredada por su antecesor. A nadie debe de sorprender que ahora aparezcan otros fraudes: el otorgamiento de la fibra óptica a monopolios como Televisa, a través de la licitación 21, que representa pérdidas por 2 mil 450 millones de pesos a las finanzas públicas, donde no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado, o como los 60 millones de pesos erogados por supuestos pagos de derechos por servidumbre de paso, en Guerrero, autorizados por funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad para indemnizar a gente que oficialmente ya está muerta.

 

En contrasentido y mientras altos funcionarios de la Comisión se enriquecen al lado de monopolios nacionales e internacionales, han sido los usuarios quienes terminaron por pagar los platos rotos de esta política de ineficiencia y corrupción, al grado de que la ASF exigió a la paraestatal la revisión de más de 6 millones de recibos a favor de los usuarios, ya que en lugar de realizar los cobros mediante la toma de lectura en los medidores (como lo marca la ley) simplemente los han “estimado”, por lo que las quejas y abusos ya se suman por miles y miles (sobre todo en el centro del país).

 

Si Vivanco tiene dudas sobre la cloaca, es suficiente con que se asome por las bodegas de la CFE y constate la infinidad de materiales y equipos inservibles, empolvados, llenos de telarañas, que en su momento fueron adquiridos a empresas como Sensa, cuyo verdadero propietario –Moreno Díaz– se hizo multimillonario gracias a la complacencia y complicidad de los presidentes panistas que lejos de castigarlo, hasta lo premiaron y elogiaron como un funcionario modelo. De ese tamaño es el cinismo y corrupción que impera en la “empresa de clase mundial”.

 

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas