Para lavar su percudida imagen ante la opinión pública, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Antonio Vivanco Casamadrid, decidieron salir al unísono y denunciar uno de los tantos fraudes que desde hace años se cometen en la que debería ser calificada como una “empresa de pillaje mundial”.

El contralor de la federación –que en su gestión no ha hecho nada que justifique su elevado salario– trata de aparecer como el paladín de la transparencia al lado del titular de la CFE, que no ha cambiado en lo absoluto los vicios heredados por su antecesor, Alfredo Elías Ayub, protector del hoy prófugo Néstor Moreno Díaz.

En su montada escena, ya rodaron las cabezas de algunos funcionarios menores y han sido señalados con el dedo flamígero el apoderado legal de CFE, Francisco Ladislao Rodríguez Retes; el juez mixto de Sinaloa, José Raymundo Soto Conde, y el perito externo, Martín López López. Como resultado de las “acuciosas” indagatorias del titular de la Función Pública, se ha establecido que por lo menos 60 funcionarios de la CFE, coludidos con jueces y peritos de Sinaloa, se dedicaron de 2007 a 2010, a timar a la paraestatal por juicios entablados en su contra por particulares, respecto al pago de derecho de servidumbre para instalar líneas de conducción de energía. Tan sólo en 2007, la CFE pagó y perdió cientos de juicios cuando en 2006 el número de litigios apenas y era de cuatro por año.

La red de corrupción era de tal dimensión y cinismo que en el juzgado del hoy acusado juez Soto Conde, la CFE perdió 102 asuntos condenándose al pago de 200 millones de pesos. Los representantes legales de la CFE se amafiaron con los jueces para que fallaran en contra, valiéndose de peritos externos, como Martín López, que sobrevaluaron el precio de los inmuebles. En el 97 por ciento de las sentencias perdidas por los abogados de la empresa, nunca se presentó impugnación. El monto del quebranto es del orden de los 1 mil 320 millones de pesos. Éste es uno de los “fraudes chicos” de la paraestatal. De los grandes, que implican quebrantos por miles de millones de pesos, nada ha dicho Salvador Vega, y nada dirá Antonio Vivanco, como son las concesiones otorgadas a empresas trasnacionales para la generación de energía eléctrica en México, que ha tenido que pagar desde 2000 a la fecha más de 350 mil millones de pesos.

La Procuraduría General de la República (PGR) hizo también su papel de comparsa en el montaje y se comprometió a ir al fondo del asunto, razón por las cual es pertinente traer a colación situaciones no aclaradas hasta la fecha por dicha dependencia y menos por la Secretaría de la Función Pública. Si, como anunciaron Salvador Vega y Antonio Vivanco, se busca combatir la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad y dar transparencia en los recursos públicos que ejerce, las entidades involucradas en esta supuesta cruzada deben presentar ante la justicia a Néstor Moreno Díaz y explicar, entre otras anomalías, cómo fue que al tenerlo en sus manos lo dejaron ir, supuestamente por la protección que le dio un juez federal.

Si el mismo criterio que la PGR ha empleado en el caso de corrupción de Sinaloa se aplicara al pasado inmediato, debieran ser destituidos los elementos de la Procuraduría que permitieron la fuga de Moreno Díaz, lo mismo que el juez que se prestó para protegerlo, tal y como ha sucedido con el juez Soto Conde.

Pero también deberían ser llamados a cuentas Salvador Vega y el exdirector de la CFE, Alfredo Elías Ayub; el primero, porque en su papel de contralor pasó por alto la sanción que en marzo de 1998 hiciera la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo a Moreno Díaz, al inhabilitarlo para desempeñar cualquier cargo en la administración pública por 10 años.

Esa disposición, Elías Ayub se la pasó por el arco del triunfo, a sabiendas de las tropelías cometidas por su entonces coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación. Lejos de acatar lo dispuesto por la Contraloría, Ayub no sólo reinstaló al acusado sino que lo elevó al cargo de director operativo. ¿Por qué entonces ni la PGR ni la Función Pública han llamado a cuentas al exdirector de la CFE?

Ahora, en el hilo conductor de la corrupción de los funcionarios de la CFE en Sinaloa se revela la participación directa de Néstor Moreno, ya que fue la Dirección de Operaciones a su cargo el área que no sólo estuvo al tanto de los ilícitos sino que, además, gestionó y autorizó ante la Dirección de Finanzas de la dependencia los pagos indebidos. Resulta pueril suponer que su protector y jefe superior, Elías Ayub, ignorara la existencia de tan evidente cochupo.

Si la PGR quiere buscar a los peces gordos debe dejar de lanzar su inofensivo chinchorro con el que sólo ha atrapado unos cuantos charalitos, para irse a fondo en asuntos como el otorgamiento de las jugosas concesiones que Moreno Díaz hizo a innumerables contratistas para prestar, con pésimos resultados, el servicio de energía eléctrica que brindaba Luz y Fuerza del Centro antes de su extinción.

También la PGR y la Función Pública deberían revisar los acuerdos nada claros de funcionarios del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae) con Moreno Díaz. Baste recordar que fue a éste a quien se le entregaron para su manejo los bienes de Luz y Fuerza del Centro, y de los cuales nunca rindió cuentas.

Por cierto, y cabe destacarlo, el informe rendido por la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados sobre el manejo de los recursos que hizo el Sae de Luz y Fuerza consta apenas de dos cuartillas, lo que habla nuevamente de la opacidad con que se busca encubrir la cadena corruptiva de la CFE.

Los diputados tienen en sus manos la obligación de que la rendición de cuentas sea transparente; de lo contrario, será más que evidente que la fiebre de corrupción que tiene al borde del colapso a la “empresa de pillaje mundial” termine contagiando a los restos de la extinta Luz y Fuerza del Centro.

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas