Dos de los más recientes procesos judiciales que se ventilan públicamente e involucran a políticos, artistas y narcotraficantes con el supuesto delito de lavado de dinero, confirman la desigualdad en la aplicación de justicia que hay en nuestro país. Por un lado, el gobierno protege a los amigos y miembros del sistema y evita que rindan cuentas y enfrenten a la justicia, como sucede con el exgobernador y expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira. De manera distinta, se acosa judicialmente y se violan derechos a quienes critican al gobierno y antes de un juicio se les exhibe públicamente en una clara afectación al debido proceso, tal como ocurre con la actriz Kate del Castillo.

El caso de esta artista se observa como una persecución injusta y difamatoria de parte de las autoridades federales en su relación con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Y digo injusta y difamatoria porque se viola el debido proceso al filtrar a la prensa vídeos, grabaciones y fotografías con el propósito de exhibir y criminalizar a esta joven mujer que no ha sido juzgada y por tanto debe gozar de la presunción de inocencia hasta que el Ministerio Público federal pruebe lo contrario. Dicha información proporcionada a los medios forma parte de la indagatoria integrada por la Procuraduría General de la República (PGR) que debió mantenerse en la secrecía; pero, contrario al cumplimiento de la ley, esas pruebas confidenciales fueron filtradas a los medios para provocar un linchamiento social y mediático en contra de la actriz, como ya ocurrió.

El mismo secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que fueron ellos quienes entregaron a la prensa videos en donde se observa a un grupo de inteligencia de la Marina en un enfrentamiento armado con sicarios del cartel de Sinaloa que protegían a el Chapo, pruebas que también formaban parte de un expediente en poder del Ministerio Público federal. Sin embargo, el funcionario rechazó que el gobierno haya filtrado fotografías y grabaciones de las conversaciones entre el narcotraficante y la actriz, pero el problema para el secretario Osorio y la procuradora Arely Gómez es que la PGR es la única responsable de guardar las evidencias contenidas en la averiguación previa; y si éstas fueron entregadas a los medios, entonces hay una evidente intención de la autoridad para desacreditar, causar daño moral y difamar a Kate del Castillo al vincularla con el crimen organizado por el delito de blanqueo de capitales de procedencia ilícita.

Se desconoce quién dio la orden de entregar la información a la prensa, pero lo que es cierto son las constantes y duras críticas que la otrora simpatizante panista Kate del Castillo ha hecho en contra de la pareja presidencial. Una de las últimas que recuerdo fue por la compra de la casa blanca que hizo la esposa del presidente Angélica Rivera a un contratista gubernamental, en donde la actriz comentó que ella, como figura estelar en Televisa, nunca ganó lo suficiente como para comprar una mansión que vale millones de dólares.

Esta violación al debido proceso –recordemos lo ocurrido con la francesa Florence Cassez, quien fue liberada por órdenes de la Suprema Corte de Justicia por violaciones a sus derechos– podría ser utilizado en su momento por la defensa de la actriz si es que la PGR logra probar que ella o su empresa recibió fondos productos del narcotráfico, lo cual por sí mismo será difícil de acreditar y más si tomamos en cuenta que son contados los casos de lavado de dinero que la PGR logra probar y ganar en tribunales.

Por supuesto que la prensa no ha cometido falta legal alguna por dar a conocer la información que recibe o investiga y que es parte de un proceso judicial –aunque sí hay algunos problemas éticos cuando se dejan utilizar en favor de los intereses del gobierno–, pero quienes sí tienen responsabilidad penal son los funcionarios que filtraron esas informaciones para causar un daño moral y difamatorio a la actriz Kate del Castillo y hasta al propio Chapo Guzmán, pues aquí no se discute lo perverso, corrupto y asesino que haya sido este narcotraficante, sino el derecho que tiene toda persona a un debido proceso legal, en donde pongan a salvo todos sus derechos.

El otro caso contrario y en donde la justicia mexicana ha sido omisa, tiene que ver con quien fuera el máximo líder nacional priísta Humberto Moreira, a quien la autoridad protegió y solapó de cualquier delito, a pesar de las múltiples denuncias que habían en su contra. Ahora la PGR ha iniciado dos averiguaciones previas por las investigaciones que se llevan a cabo en contra del exgobernador de Coahuila en Estados Unidos y España, países a los cuales ya enviaron cartas rogatorias para pedir los expedientes judiciales.

El problema para este personaje clásico de la política mexicana y preso en España, que exhibe burdamente a todo el sistema de corrupción gubernamental, es que al refugiarse en Barcelona para estudiar una maestría en comunicación, el profesor Moreira creyó que una vez refugiado en Europa nadie recordaría sus abusos cometidos en México y, al sentirse seguro, habría realizado llamadas telefónicas con supuestos prestanombres, en cuyas conversaciones se revelarían las cuentas bancarias en donde guardan recursos económicos difíciles de comprobar. En el caso del proceso penal que mantienen abierto las autoridades de Estados Unidos, son dos exempleados de Moreira que, en calidad testigos protegidos, dieron cuenta de la corrupción y el desvío de recursos públicos del exmandatario coahuilense.

Por lo pronto un juez español ordenó el encarcelamiento y negó la libertad bajo caución del político mexicano para impedir que salga de España o que realice operaciones financieras que puedan borrar evidencias del supuesto lavado de dinero. Con ello este exlíder nacional del PRI enfrenta por primera vez una verdadera investigación policial y un serio proceso legal que lo puede mantener preso por varios años en otro país.

Puntos suspensivos… Y ahora que la justicia española está muy interesada en cómo se hacen los negocios en México, las autoridades de ese país deberían revisar los métodos de operación de sus empresas como OHL, la cual está sujeta a investigación en nuestro país por supuestas irregularidades en la obtención de contratos con el gobierno federal. A lo mejor España sí descubre los actos ilícitos en la asignación de obras que hacen en México.

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: OFICIO DE PAPEL]

Contralínea 472 / del 25 al 31 de Enero de 2016