La situación política que agobia a la nación bajo el imperio de la corrupción, la impunidad, la oligarquía, el autoritarismo y la represión de un régimen reaccionario, neoliberal y traidor a los más caros anhelos de la Revolución Mexicana parece haber colmado a la ciudadanía a 1 siglo de padecer mandatarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), después del último gobierno del movimiento armado. Así tenía que ser, porque en cada sexenio posterior al gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río fue notoria la campaña del imperio estadunidense y de los traidores de la reacción, entre los que destacó Miguel Alemán, contra las conquistas sociales ganadas con la sangre de los mexicanos muertos en la guerra contra el tirano Porfirio Díaz, el clero y los terratenientes en 1910.
Finalmente, el gobierno del priísta Miguel de la Madrid Hurtado se descaró instalando el neoliberalismo en México, designó a Carlos Salinas de Gortari para sucederlo; ambos se encargaron de entregar el destino de la nación a los reaccionarios de la derecha del Partido Acción Nacional (PAN), que muy pronto dejaron claro que traían las mañas del PRI. Después de 2 sexenios de gobernar, los panistas devolvieron el poder al tricolor mediante otro fraude electoral, para prolongar la nefasta concertación entre ambos partidos, gobernando juntos hasta destrozar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 mediante multimillonario premio a los legisladores del PRI, del PAN, del Partido Verde y los Chuchos, del Partido de la Revolución Democrática, que votaron a singular velocidad legislativa la aprobación de las reformas estructurales remitidas por el Ejecutivo federal.
En ese marco debe incluirse al Ejército Mexicano que igualmente fue transformado de revolucionario en otro Ejército Federal, como aquel aristocrático de Porfirio Díaz, derrotado dos veces por el pueblo: primero para sacar al tirano y luego para derrocar el golpe de Estado del general Victoriano Huerta, cuando se instaló en la Presidencia de la República. De esa manera, apartado el Ejército de sus orígenes y sus misiones, los políticos lo usaron para salvarse de sus errores, para reprimir, romper huelgas, perseguir disidentes, disolver manifestaciones, cayendo desgraciadamente en la masacre del 2 de octubre de 1968, motivos para que el pueblo fuera perdiendo la confianza que tenía por sus juanes. La tropa paga las consecuencias al cumplir órdenes de la superioridad.
Así llegamos a la llamada transición que nunca fue. Para el Ejército se presentó el cuestionamiento de hasta dónde llevarían los altos mandos su compromiso de la “lealtad a las instituciones”, inventada por el PRI y algún alto mando servil al gobierno en turno, contra la lealtad a la Constitución que proclama la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Los hechos indican que todo obedeció a la mutación mencionada arriba. De la Escuela Superior de Guerra egresaban jefes y oficiales diplomados de Estado Mayor originalmente destinados a auxiliar a los mandos, pero fueron convirtiéndose en una casta privilegiada que cuando se adueñó del Ejército Mexicano, lo apartó de su origen popular subordinándose los altos mandos a los políticos de derecha y el Opus Dei. Los generales diplomados de Estado Mayor hasta la fecha han guardado silencio ante la ofensiva reaccionaria contra la carta magna que juraron “cumplir y hacer cumplir las leyes que de ella emanen”. No hay forma de explicar cómo fue que los expertos en materia de estrategia, seguridad nacional, tácticas de las armas y los servicios de la Escuela Superior de Guerra hayan permitido, sin ser cómplices de esos políticos, llevar al Ejército Mexicano hasta la humillación propiciada por el propio mando supremo ante la opinión pública.
Hoy, después de los acontecimientos en Tlatlaya y Ayotzinapa vienen a la memoria innumerables operaciones militares en las cuales el pueblo indefectiblemente resultaba la víctima, porque esos políticos usaron a los altos mandos para salvarlos de sus errores y porque inveteradamente sus acciones favorecían a los terratenientes, los adinerados, pero también mantuvieron impunes a funcionarios corruptos y traidores a la patria.
Si Enrique Peña Nieto piensa que los muertos de Tlatlaya y los desaparecidos de Ayotzinapa serán olvidados, está equivocado. Se mantendrán con vida en la conciencia de los responsables mientras no se sepa qué ocurrió con los normalistas y el pueblo conozca la verdad. La certeza de que el general Salvador Cienfuegos Zepeda, es decir, el Ejército Mexicano, tiene que ver con la desaparición de los 43 jóvenes irá creciendo y la institución cargará para la historia otra culpa del Ejecutivo federal y su camarilla. Esperemos que el general Cienfuegos asuma que nuestra gloriosa institución no es para cobijar la desvergüenza, la corrupción de políticos inmorales y cínicos que confían en salir de sus problemas protegidos por las armas que la nación confió al patriotismo de sus soldados. Para los mexicanos y para el mundo no hay duda de que Peña Nieto y el general Cienfuegos ocultan la verdad, aún cuando saben que no faltará quien, más temprano que tarde, sacará a la luz pública a los cobardes que callaron.
Samuel Lara Villa*
*General brigadier retirado; presidente de la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC
Contralínea 422 / del 01 al 08 de Febrero 2015
