Que no hay justicia en México todos los sabemos. Lo mismo quienes hemos sido llevados a una delegación de policía que el 46 por ciento de los que viven en una prisión desde hace años y no han sido procesados, menos sentenciados. Más todos aquellos que delinquen cotidianamente y jamás son llamados a rendir cuentas ante la autoridad. Vamos, entonces, del abuso a la impunidad, según la posición política y económica de cada uno.
Dos casos terribles en los últimos años de falta de resultados en la aplicación de la ley han sido el de la Guardería ABC (5 de junio de 2009), donde murieron quemados 49 infantes, y no ha habido ningún sancionado; tanto que, el gobernador de Sonora por aquellos años, Eduardo Bours, se dio el lujo de decir que nada le preocupaba, ya que dormía “como un bebé”. En tanto, el entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Juan Molinar Horcasitas es hoy uno de los operadores electorales del Partido Acción Nacional (PAN). No hay diferencias políticas sustanciales entre ambos, por cierto.
Y acerca del que hace 7 meses ocurrió: la desaparición forzada de 43 normalistas y el asesinato de seis estudiantes: a la fecha nada ha sucedido. Ni la autoridad federal ha investigado en serio, ni los burócratas de Guerrero, entre ellos quien fungía como gobernador, Ángel Heladio Aguirre Rivero, se han despeinado, no obstante que las protestas son mundiales. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y supuestos perredistas continúan tranquilos, listos para que el espectáculo continúe.
Seguramente por esos y otros graves problemas (Tlatlaya, Apatzingán, Atenco, etcétera), Enrique Peña Nieto recibió un estudio de 217 recomendaciones, donde sobresalen 20 acciones, elaborado por 17 instituciones, coordinadas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), presidido por Sergio López Ayllón.
En el acto, por cierto, se cayó una mampara, lo que hizo correr presurosos a varios invitados, entre ellos, Alejandro Poiré, un exacadémico que se transformó en director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y luego en secretario de Gobernación, el cual dijo que varios delincuentes, sobre todo los líderes del cártel de La Familia Michoacana, habían sido liquidados por el Ejército, algo falso.
Peña Nieto señaló que la justicia cotidiana es algo lejano de la mayoría de la población. Y que esa justicia inaccesible genera espacios de ilegalidad e impunidad. Lo cual es sabido y sufrido por la gran mayoría que no tiene posibilidades de presentar una queja, ya que la autoridad o no toma nota o quiere cobrarles a los ciudadanos por hacer su trabajo. Algo conocido si uno acude a una delegación de la Policía. Pero resulta más patético cuando ni siquiera existen instancias a dónde recurrir.
Y volviendo a los casos que señalamos antes (la Guardería ABC y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa), incluso cuando el presidente de la República da audiencia a los quejosos, no hay resultados.
Para los investigadores que elaboraron el estudio, priva el sentido de que el sistema de justicia es corrupto y, además, que los juicios sólo avanzan si hay sobornos a los encargados de aplicar la ley, algo que sabemos desde hace muchas décadas y que sigue vigente y continuará, no obstante la próxima ley anticorrupción, ya que no hay sanciones para muchos, incluido el presidente de la República… O existen personajes intocables, como una buena cantidad de líderes sindicales: Carlos Romero Deschamps como prototipo.
Por cierto, a principios del sexenio actual hubo una explosión en la Torre de Pemex (Petróleos Mexicanos) en el Distrito Federal. Es la hora que no existen responsables al respecto. Por otro lado, luego de los huracanes Ingrid y Manuel en Guerrero, el entonces encargado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó en 2013 que daría los nombres de los responsables de no haber previsto la tragedia y de quienes hicieron mal las cosas. Nada sucedió. Lo sustituyó, no se olvide, Jesús Murillo Karam, el de la “verdad histórica” en el caso de Iguala y los normalistas.
Recientemente, para ilustrar nuestro optimismo, como decía el buen Carlos Monsiváis, el senador Alejandro Encinas denunció un desvío de 500 millones de pesos en los fondos de la Secretaría de Desarrollo Social en Veracruz. Lo mismo debido a obras no realizadas, robos de tarjetas y de cheques para beneficiarios y hasta engaño con apoyos a jornaleros agrícolas. Todo, según el legislador, plenamente documentado.
Hace años ocurrió algo parecido. El supuesto mandatario veracruzano, Javier Duarte, se hizo de la vista gorda. La lupa se puso en Rosario Robles, pero Enrique Peña Nieto la exoneró diciendo la famosa sentencia: “No te preocupes, Rosario”.
El martes 21 de abril, Salvador García Soto (El Universal) había señalado que el oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social, Emilio Zebadúa, utilizaba los programas sociales en Chiapas para hacer propaganda a su favor, ya que desea gobernar dicha entidad. Silencio.
Los videos donde Rodrigo Vallejo, motejado el Gerber, e hijo de Fausto, exgobernador de Michoacán, aparece con la Tuta, continúan difundiéndose. Ahora lo mismo Carlos Loret de Mola que Denise Maerker (El Universal, 28 de abril) presentan cómo ambos departen. Al júnior se le encarceló por un tiempo y salió con una fianza de 7 mil pesos. Otra historia más de impunidad.
Recientemente, Manlio Fabio Beltrones, líder de la Cámara de Diputados e impulsor de Claudia Pavlovich al gobierno de Sonora –la cual fue denunciada por el uso de aeronaves de grupos a los que favoreció con contratos–, afirmó que Guillermo Padrés, gobernador de aquel estado, condonó 708 millones de pesos en impuesto a las empresas de Javier Gándara, suspirante panista a la mencionada entidad. Dijo Manlio que esto lo debe investigar el Servicio de Administración Tributaria, única institución que puede otorgar esas prebendas.
Y qué decir de las balaceras en Tamaulipas, mientras el aparente encargado de dicho estado, Egidio Torre Cantú, departe alegremente con sus invitados en lujosos restaurantes del Distrito Federal.
México tiene el lugar 79 de 99 países en materia de estado de derecho.
¿Habrá justicia pronta y expedita en nuestro país luego del citado análisis de intelectuales?
.Jorge Meléndez Preciado*
*Periodista
[OPINIÓN]
Contralínea 436 / del 11 al 17 de Mayo 2015
