Es sorprendente la forma en que el gobierno trata de convencernos de que lo que está haciendo es correcto. Las declaraciones diarias se centran en decirnos que tenemos una economía fuerte y estable; que las reformas estructurales nos van a traer grandes beneficios, aunque aceptan que no será en forma inmediata; que la reforma fiscal era necesaria para elevar la captación de recursos y que en las licitaciones públicas existe todo un marco que permite la transparencia en su ejecución.
Lo peor de todo es que los mexicanos ya no hacemos caso y poco importa si la economía es poderosa y estable como lo dice Enrique Peña Nieto, porque finalmente en los bolsillos esto no se manifiesta. En las cifras del primer trimestre se registró un crecimiento económico insignificante (0.5 por ciento), la pobreza la siguen sufriendo 53 millones de personas, la tasa del desempleo ronda el 5 por ciento, el promedio de salarios es de 5 mil pesos al mes (19 millones de mexicanos están en pobreza alimentaria); la Cruzada Nacional Contra el Hambre sólo es un paliativo para la pobreza y la balanza comercial sigue siendo deficitaria, entre otras situaciones que contradicen lo dicho por Peña.
De acuerdo con la teoría económica se puede aceptar una estabilidad económica, primordialmente, porque ésta se mide con sólo dos variables: la inflación y el tipo de cambio. Pero ello no implica fortaleza en la economía, porque se ha logrado con grandes sacrificios por parte de la población. La estabilización ha implicado un gran costo: bajo crecimiento, desempleo, pobreza, salarios bajos, bajos niveles de escolaridad y de salud.
El gran objetivo de este gobierno fueron las reformas estructurales. Cuando se habla de estructuras, en la economía, implica la afectación de la oferta y la demanda, y ésta significa una relación directa con el precio. Los factores que impactan negativamente en la economía afectan primordialmente al consumo. En economía la “función consumo” es la relación que existe entre el consumo y el nivel de renta (ingreso) de la población. Si el ingreso de los mexicanos es bajo, el consumo disminuye; y, por ende, la producción de bienes y servicios también disminuye. El efecto de esta relación es que muchas empresas tienden a producir menos y, por lo tanto, a emplear a menos personas. También se da el caso del cierre de empresas, primordialmente las pequeñas y medianas, lo cual implica un mayor desempleo. Frecuentemente el gobierno da cifras de generación de empleo, pero no dice qué tipo de empleos y qué salarios se pagan en ellos.
El gobierno siempre ha planteado que con las reformas estructurales el panorama cambiará. Cuando se discutieron las modificaciones constitucionales nos invadieron de comerciales con los cuales se trataba de convencer a la sociedad de que habría mayores empleos y mejor pagados; que disminuirían los precios de la energía eléctrica y que se acabarían los gasolinazos. Una vez logradas estas reformas, resulta que los impactos se empezarán a percibir dentro de 3 años, lo cual me parece demasiado optimista o engañador. Una economía no funciona así, porque no es mover por mover y mágicamente se van a resolver los problemas del mercado, como lo establecía Adam Smith en su teoría de la “mano invisible”.
Lo complicado de una economía es saber en qué momento se mueven las principales variables y en qué dimensión se hace. Por ejemplo, el Banco de México reduce la tasa de interés con el fin de fomentar el consumo y con ello promover la producción. Hay que considerar que la tasa de interés es la variable clave que conecta al mercado productivo con el mercado de dinero. Si hay un interés alto, el consumo se inhibe. Pero también hay que considerar el otro lado de la moneda, que nos dice que si la tasa de interés disminuye la inversión también lo hace. Entonces la pregunta obligada es ¿hasta qué punto se deben de mover las variables macroeconómicas?
Cuando se planteó la reforma fiscal –que no fue otra cosa que una miscelánea fiscal– el objetivo planteado por Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, fue el de aumentar la captación de recursos tributarios y poner en orden a contribuyentes que evadían o eludían impuestos. Otro objetivo era la simplificación tributaria para detectar irregularidades en las contribuciones. Sin embargo, uno de los problemas es que la captación de ingresos tributarios no se ha incrementado, y ha salido a relucir que uno de los factores que provocan esta reducción, entre otros, es la existencia de un sistema de privilegios fiscales. En donde sí se incrementó la captación es en los contribuyentes cautivos (los asalariados) y por ende, se afectó su consumo, y con ello se dio un impacto en la producción y una reducción en el empleo.
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, declaró que las licitaciones públicas eran transparentes porque se contaba con un marco jurídico que las regulaba, se contaba con el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraNet), con el padrón de proveedores, con la presencia de un testigo social y otros mecanismos. Ciertamente es una de las áreas más reguladas del sector público, pero también es una de las más corruptas del gobierno. Una cosa es la letra escrita y otra es la no escrita. Vamos a ver: un lápiz para el sector público le cuesta el doble de lo que cuesta en una papelería.
Me pueden refutar que en CompraNet existe una lista de precios que se deben de seguir para realizar las compras. Y sí existe, pero esos precios están inflados. ¿Y por qué están inflados? Sencillamente porque al proveedor le cuesta un porcentaje (entre el 10 y 15 por ciento) que tienen que pagar al servidor público responsable de la licitación (soborno) para que le sea adjudicada. Pueden decir y argumentar que no es cierto, pero como lo expresé, eso es la letra no escrita, es decir, se hace por debajo del agua. De acuerdo con la normatividad no hay corrupción, porque todo el procedimiento se realiza tal y como lo dicta la propia normatividad, pero en la práctica sí existe, lo cual es difícil o imposible de comprobar.
Aparentemente no existe peculado porque el proveedor factura en su totalidad, pero el soborno lo da fuera de la factura; pero al inflarse los precios, finalmente, el gobierno está pagando ese porcentaje. El negocio es significativo toda vez que actualmente las compras son consolidadas, es decir, se adquieren bienes y servicios para varias dependencias y cada una de ellas absorbe el costo que les corresponde.
Por su lado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que bajo el liderazgo de Peña Nieto se han logrado las grandes reformas estructurales –pese a que existen opiniones contrarias– y lo único que muestra es que desconoce la realidad del país. Con esta declaración lo que salta a la vista es la insistencia del gobierno para ocultar esa realidad y hacer castillos en el aire. Para ilustrar esa miopía del gobierno, el secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha manifestado que el ingreso per cápita de los mexicanos se verá incrementado hasta 2050, es decir, pasarán 36 generaciones para que los beneficios de las reformas estructurales lleguen a la población.
Lo que es cierto es que la renta que generen las reformas estructurales será disfrutada, casi inmediatamente, por los inversionistas. Lo peor de todo es que si se trata de inversión extranjera, la mayor parte de la renta generada en el sector energético será transferida al exterior.
*Doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en gasto público y presupuesto
Contralínea 394 / 13 de Julio al 20 de Julio
Oscar Enrique Díaz Santos*
