No faltan explicaciones y hasta nuevas teorías. México es un Estado fallido. Es un país con narcoterrorismo. ¡No! Se trata de narcoinsurgencia. Más bien estamos ante una Colombia de nuevo tipo. Falso: la nación, a pesar de las adversidades, va adelante pues se han creado más empleos que en muchos años, llega la inversión extranjera y superamos la etapa de recesión, encaminándonos al crecimiento.
Ésas y otras cuestiones son mera palabrería, importantes es cierto, ya que un diagnóstico acertado nos permitirá encontrar la solución a los problemas. Aunque los resultados no se producen en las formas, sino en los contenidos.
Y en lo sustancial, no hay signos alentadores no obstante la intervención del Ejército y la Armada en el combate contra las drogas ni la utilización de la Policía Federal en la seguridad, ni mucho menos lo habrá, según especialistas, con el mando único –muy cuestionado por los alcaldes–, menos en la impugnadísima iniciativa del Ejecutivo para castigar los excesos de las Fuerzas Armadas.
Para darnos cuenta de la realidad, echemos un ojo a las noticias de la semana pasada. El viernes 22, en Ciudad Juárez, Chihuahua, 14 jóvenes fueron asesinados en el fraccionamiento Horizontes del Sur, y 19 resultaron heridos. Al siguiente día, en Tijuana, Baja California, 13 chavos de un centro de rehabilitación cayeron ante las balas de sicarios que entraron como si nada.
Por cierto, en la entidad que ahora gobierna César Duarte, Chihuhua, en 21 días han sido asesinados 234 individuos, entre ellos dos parientes cercanos del mandatario, no obstante que el político aseguró que acabaría con la violencia y elevó las penas de algunos delitos a cadena perpetua. Mientras que en la península californiana se había insistido –porque allá estuvo en el segundo puesto de importancia el actual secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora– que habían bajado notoriamente las actividades de los malosos.
Estamos, pues, una vez más en el cuento de no acabar. Grandes declaraciones, acciones escenográficas impresionantes y reuniones acerca de la seguridad con diferentes personajes y, a fin de cuentas, nada sucede a quienes son delincuentes organizados, algo lógico en un mundo donde sólo van adelante los que tienen nexos y saben cómo emplear los diversos instrumentos de difusión, incluido You Tube y las nuevas redes sociales.
La situación en Ciudad Juárez es realmente desastrosa. Según el alcalde saliente, José Reyes Ferriz, en su trienio hubo 7 mil muertos, 10 mil huérfanos, 250 mil emigrados, 10 mil negocios cerrados, 30 mil empleos perdidos y 25 mil viviendas abandonadas (Proceso 1771).
En el mismo número de esa publicación, nos ilustran, la pintora mexicana Marisa Polin triunfa en Holanda con una exposición acerca de la violencia en nuestro país, donde el horror, lo grotesco y lo cursi sobresalen. Su obra más difundida es el llamado jefe Diego visto en su degradación. El arte, como siempre, muestra lo que algunos poderosos tratan de acallar.
Regresando al antiguo Paso del Norte, fue secuestrado Mario González, hermano de la exprocuradora Patricia González. Aquél dijo que los dos recibían 200 mil dólares semanales de La Línea, ejecutores del cártel de Ciudad Juárez, y que, además, la señora mandó eliminar a dos periodistas: Armando Rodríguez y Enrique Perea; hizo caso omiso a la matanza de la familia Lebarón y desprotegió a investigadores que revelaron nexos permanentes entre autoridades y delincuentes.
Mario estaba atado y rodeado de cinco individuos armados fuertemente. Es obvio que su declaración forzada no tiene ninguna validez. Más aún, Patricia fue a tratar de liberarlo de sus secuestradores.
Pero resulta que uno de los difusores del video fue Jorge Luis Ramírez, periodista que recibió asilo de los Estados Unidos, algo realmente excepcional en el caso de un informador. El mencionado tiene un sitio de internet lapolaka.com donde presenta, desde hace tiempo, una serie de acontecimientos que muestran la impunidad y la corrupción que se vive en la frontera mexicana.
El 2 de febrero de este año, no se olvide, 15 muchachos fueron abatidos en Lomas de Salvárcar. Luego de que Felipe Calderón dijo, sin datos, que era un ajuste entre pandillas, se realizaron varias ceremonias y se acordó una estrategia. Ello trajo como resultado un programa: Todos somos Juárez. Éste tiene asignados 3 mil 380 millones de pesos, aparentemente para actividades sociales. Los resultados han sido nulos o pobres.
Para complementar el asunto, llegaron a la ciudad aludida 5 mil elementos de la Policía Federal, con el objeto de sustituir al mismo número de soldados. El objetivo de los azules: patrullar las 24 horas del día los sitios más peligrosos y evitar lo que hoy se llama “juvenicidios”. Conclusión: todo sigue igual.
Recientemente, Felipe Calderón dijo que la estrategia gubernamental “es un camino largo, quizás (sic) sin muchos resultados en el corto plazo o por lo menos no espectaculares (los resultados). Pero sí es un camino eficaz. Y además es el único que hay”.
En sendas colaboraciones con diversos argumentos, Otto Granados Roldán (La Razón, 25 de octubre) y Ernesto López Portillo (El Universal, 26 de octubre) criticaban la estrategia gubernamental seguida. El primero, exvocero presidencial, decía que a Colombia le llevó 40 años ir remontando la guerra que no acaba, y el segundo se quejaba que “los duros” de esta administración son los que ordenan acciones que no tienen futuro, ya que se concentran en las armas en lugar de hacer inversiones en trabajo, educación y cultura, algo en lo que coincide el expresidente yanqui, Bill Clinton.
Aunque en una nueva reunión internacional, el propio Calderón se quejaba de que no era posible que Estados Unidos lo mismo legalice la marihuana que criminalice su venta. Ello porque el 2 de noviembre, California, habitado por 37 millones de personas, decidirá si se puede vender la mota libremente, aunque, debemos anotarlo, ya hay una compañía que está en acción para distribuir la verde.
En tanto el mundo rueda, aquí seguimos atados a lo mismo.
