Bogotá, Colombia. La detención del dirigente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) Jesús Santrich colocó el proceso de paz en Colombia en su punto más crítico.

A esa conclusión llegó el Consejo Político Nacional de la FARC, cuando a las pocas horas del arresto responsabilizó a la Fiscalía de Colombia de plegarse a la justicia estadunidense en arremetida no sólo contra Santrich, sino contra el partido en su conjunto.

Desde el búnker de la Fiscalía donde fue llevado el mismo 9 de abril, día de la detención, Zeuxis Pausias Hernández Solarte (Sucre, 1967) se declaró inocente de los cargos de narcotráfico que se le imputan.

“Soy un revolucionario cabal y he emprendido mi última batalla que es la batalla de la dignidad”, afirmó en mensaje a la militancia fariana Santrich, quien adoptó ese nombre de guerra en honor a quien era su mejor amigo, un líder estudiantil asesinado en 1990.

Ahora más que nunca voy a persistir en la batalla por la liberación de todos nuestros presos, aseveró luego de anunciar que comenzaría una huelga de hambre en rechazo a su encierro y al de unos 600 exguerrilleros con derecho a ser amnistiados.

No sólo la FARC reaccionó ante el arresto de Santrich. También lo hizo la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia que alertó sobre las consecuencias profundas para el proceso de paz que pueden derivarse del caso.

A través de un comunicado la instancia de la ONU hizo un llamado a las instituciones del Estado colombiano a evaluar el caso con el mayor discernimiento, teniendo en cuenta que las decisiones que se tomen tendrán hondas repercusiones en el proceso de paz.

La Misión de Verificación llamó la atención sobre el Acto Legislativo que crea el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el cual establece que será el Tribunal de Paz el que debe decidir el procedimiento apropiado respecto a un integrante de la exguerrilla.

Asimismo Cuba y Noruega, como países garantes del Acuerdo Final de Paz en Colombia, manifestaron preocupación e instaron a las instituciones del Estado a garantizar la protección de lo pactado en La Habana.

Llamaron al respecto a asegurar el estricto cumplimiento de lo acordado, incluyendo las disposiciones relativas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“El proceso de paz está viviendo momentos difíciles. En este contexto es importante que las partes y también la comunidad internacional reafirmen su apoyo a la implementación y cumplimiento de lo establecido”, manifestaron los garantes.

El 21 de abril el dirigente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) Iván Márquez escribió en Twitter: “Para salvar el proceso de paz, pedimos la liberación inmediata de Santrich”.

“Tanta actividad y saboteo contra el Acuerdo de Paz contrasta con la falta de actividad de la Fiscalía en la persecución de los crímenes del paramilitarismo y de los responsables de los falsos positivos”, añadió.

Ese mismo día el presidente del partido político, surgido de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, Rodrigo Londoño (Timochenko), llamó a la militancia de la FARC a cerrar filas en la defensa de la paz.

Hago un llamado a la tranquilidad, no dejemos que la incertidumbre que algunos buscan generar nos paralicen o nos dispersen; hay que seguir adelante, subrayó en un mensaje dirigido a los excombatientes en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).

Tampoco nos dejemos meter temores. Mientras tengamos la conciencia tranquila, con la fuerza que nos da la autoridad moral y ética de nuestro actuar, seremos capaces de pasar por encima de cualquier montaje, agregó.

El presidente de la FARC se refirió de ese modo al encarcelamiento de Santrich, considerado por el partido como un acto ilegal y un montaje jurídico, orientado a deslegitimar la agrupación.

Lo cierto es que el apresamiento y la ya anunciada como espada de Damocles posible extradición causaron conmoción y agudizaron en grado alto el clima de desconfianza en cuanto a la implementación del Acuerdo de Paz por parte de la institucionalidad gobernante.

Añade dimensión a la gravedad de la situación creada que se trata de uno de los principales negociadores de la paz en La Habana, de uno de los representantes de las FARC en la CSIVI (Comisión de Impulso y Verificación a la Implementación) y de uno de los 10 congresistas para el período 2018-2022.

Desafortunadamente estamos viviendo una coyuntura muy compleja que tenemos todos que asumir con mucho cuidado, con análisis sereno, sin apasionamientos, con mucha objetividad, alertó Timochenko.

Nuestro deber principal es mantener incólume la autoridad moral y ética del Partido, insistió el presidente de la colectividad.

Coinciden analistas locales que este hecho en plena campaña electoral está siendo usado en beneficio de los enemigos del Acuerdo de Paz.

Por otra parte para el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en pleno diálogo de paz, la experiencia que está viviendo la FARC no es buen ejemplo.

Pablo Beltrán, jefe negociador de la guerrilla del ELN, ilustra sobre el vendaval que ha debido sufrir la FARC: les tocó retirarse del proceso electoral, ahora están amenazados de extradición, no han salido todos los presos políticos.

Y añade: “Se las ingeniaron los políticos de los partidos tradicionales para hundir la circunscripción especial de paz en el Congreso; es el deporte de ellos, atacar el proceso de las FARC lo más que puedan y eso nos introduce muchas dudas”.

A juicio del secretario general del Partido Comunista de Colombia, Jaime Caycedo, la captura de Santrich es una burda provocación al proceso de paz y a la fuerza política legal en cuyo nombre fue electo parlamentario.

Subraya Caycedo que lo de la estadunidense Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) es un novelón sobre un supuesto delito, inducido mediante la perfidia, con agentes infiltrados para dar apariencia de complicidad y justificar así la extradición.

“Cae como anillo al dedo al propósito desestabilizador”, señala tras advertir: lo que verdaderamente está en juego es la vigencia de un tratado de paz que es un asunto político central de interés nacional.