Elevar la extracción de hidrocarburos es el objetivo de diversos ensayos que se vienen realizando desde el gobierno de Vicente Fox. Entre otros (en ese gobierno tan pintoresco, casi lindando con la comicidad), los llamados Contratos de Servicios Múltiples. Su sucesor, otro clown, pero responsable además de la guerra que desgarra este país, también diseñó otros llamados Contratos Incentivados, que tampoco funcionaron, como lo exhibe la reciente licitación de Chicontepec, donde fueron desairadas la mitad de las áreas ofrecidas.

Ahora el gobierno inicia un nuevo ensayo al despejar las restricciones constitucionales como pretende. Podía elegir entre tres modelos: 1) el de concesiones, que es el que los gringos prefieren en los países que someten; 2) el de producción compartida, expresamente prohibida en México por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; y 3) la modalidad que Peña Nieto eligió, llamándola Contrato de Utilidad Compartida. Las empresas extranjeras ya están insertas, y de manera abrumadora, en la exploración y producción de petróleo, pero sólo como “prestadores de servicios”. Peña Nieto quiere convertirlos en socios, como operadores de uno o varios “bloques”. De hecho, desde hace 2 sexenios, las áreas prospectivas de este país están siendo cuadriculadas para señalar las áreas a ofertar, como puede verse, para el caso de las áreas cerca de la frontera con Estados Unidos, en la ilustración que publicamos en estas páginas.

La privatización hace décadas que comenzó

La privatización, entendida como cesión por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) a las empresas privadas de ciertas actividades o áreas geográficas, está en marcha y ha avanzado cotidianamente desde hace décadas. Desde 1982 el Estado empezó a retirarse de la petroquímica y de la reclasificación de decenas de productos, es decir, el retiro de Pemex de esa rama se realizó desde hace más de 30 años, durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Más tarde, a finales de la década de 1990, Zedillo intentó la venta de las plantas petroquímicas.

La perforación de pozos por empresas estadunidenses ha llegado al extremo de realizarse con un tipo de contrato llamado Llave en Mano, en el que todas las actividades y logística quedan a cargo de los extranjeros, quienes entregan el pozo listo para operar. Pero esa era una privatización disfrazada, vergonzante; la de Peña es sin máscara. Como escribió Pablo Gómez, cito no textualmente, se acusaba al gobierno de violar la Constitución; ahora Peña pretende derogar la Constitución.

Pero los gringos están “desilusionados”

Como anotamos, Peña Nieto estuvo ante tres posibilidades: 1) la opción gringa de concesiones es el modelo que firmó Porfirio Díaz con el gringo Doheny, de la Huasteca Petroleum Company, y el inglés Pearson, de la Compañía El Águila. Ellos incluso compraron enormes extensiones de tierra y eran dueños del suelo y lo que encontraran en el subsuelo; 2) un segundo tipo de contrato, el de producción compartida, establece que el gobierno y el contratista se repartan los hidrocarburos en los porcentajes convenidos y cada quien hace lo que quiera con su parte. Los yanquis podrían venderla o incluso guardarla como parte de sus “reservas estratégicas”, para sacarlas al mercado en el futuro.

Pero en la modalidad de “utilidad compartida”, que es la tercera posibilidad, los socios no podrán registrar los volúmenes de hidrocarburos que descubran como parte de sus activos, sino sólo los ingresos, en pesos mexicanos, que esperan recibir. Ese registro lo harán en sus estados financieros.

Las reservas de hidrocarburos de una empresa petrolera son parte de los activos, lo que les permite mejorar su calificación crediticia y obtener financiamientos para el desarrollo de proyectos, de ahí que la prensa gringa y el Partido Acción Nacional (PAN), que intentó establecer el Contrato de Concesiones porque la secretaria de Energía durante el gobierno de Calderón fungía al mismo tiempo como miembro del Consejo de Administración de una empresa extranjera, se manifiestan como “desilusionados” ante la iniciativa de Peña.

Los propagandistas del modelo de concesiones auguran que el tipo de contrato que anunció Peña no será lo suficientemente “atractivo” para los inversionistas; que la propuesta de Peña no podrá “competir” con las rebajas y todo lo que ofrecen los contratos, por ejemplo, de los dictadores africanos u otros desesperados por “apresurar el progreso” y “la felicidad de sus pueblos”, como también promete Peña Nieto…

Hoy ni Peña Nieto sabe qué tipo de contrato prevalecerá

En resumen, la iniciativa sólo adelantó una propuesta general que se resume en reformar la Constitución. La forma concreta la establecerá la legislación secundaria, que será discutida primero en el Senado y, luego de ser aprobada, pasará a la Cámara de Diputados; posteriormente a los congresos locales, donde, por lo menos 17, tendrían que votar afirmativamente por la nueva Constitución.

Pero aquí no terminan estos ejercicios de poder. Este es un problema político que se decidirá según la correlación de fuerzas. En primer lugar una movilización muy vigorosa podría lograr cambios. Desde luego constatamos condiciones muy desfavorables, pero nada está escrito…

Si la Constitución se modifica queda abierto el camino para que en la legislación secundaria se establezca cualquier modelo de contrato. Algún grupo de empresarios anunció que cabildeará una propuesta para que se establezcan los tres modelos y los inversionistas elijan a su conveniencia.

Según la percepción de los neoliberales sobre la correlación de fuerzas, podrían dejar la iniciativa de Peña tal como la envió y avanzar al modelo de concesiones para otro episodio, en otra Legislatura.

Así, es muy probable que el contenido concreto de la verdadera reforma sólo la conozcamos hasta que, eventualmente: 1) se publique la legislación secundaria; 2) cuando se conozca el texto de los primeros contratos, que permitirá conocer la interpretación de los abogados; y 3) cuando, evento con incertidumbres, que podría ocurrir o no, en 2014, se firmen las primeras licitaciones y pueda saberse si los inversionistas lo encontraron atractivo o lo rechazaron, como ocurrió con la última licitación en Chicontepec.

La defensa de la Constitución y de los recursos naturales es una lucha que tiene que librarse. La reforma constitucional equivale a la derogación de los aspectos esenciales que condensan conquistas históricas de este país. Su derogación abre la caja de Pandora de más desastres. Aun manteniendo diferencias, si las hay, es preciso realizar esfuerzos unitarios con todos los que hoy resisten a la iniciativa de Peña. Invito también a mis lectores a la concentración del 8 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México y también a las otras en los próximos meses, en defensa, sea mucho o poco, del petróleo mexicano.

*Investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México

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Fuente: Contralínea 350 / 1 de septiembre 2013