Carlos Miguélez  Monroy*/CCS

Si la policía captura a una persona que sabe dónde se ha puesto una bomba, ¿sería legítimo torturarla hasta que confesara en dónde está el explosivo para salvar vidas? Muchas personas utilizan analogías similares para justificar la tortura, una violación contra los derechos humanos que se perpetra no sólo en dictaduras, sino en países que se consideran estados de derecho.

Estos castigos físicos y sicológicos se utilizan sobre todo para conseguir confesiones falsas y para disuadir a la población de protestar contra el poder. Pero incluso cuando se trate de salvar vidas, hay otros mecanismos que no socavan su propia legitimidad y que no le obligan a violar derechos fundamentales. Admitir excepciones abre un resquicio del que abusan quienes detentan el poder o quienes deseen conseguir un “golpe de efecto” con su “eficacia policial”.

De torturar a supuestos criminales adultos se pasa a menores de edad y a mujeres indefensas, como denuncia Amnistía Internacional en su campaña Stop Tortura. El documento de la campaña se centra en casos de tortura en México, en Marruecos y en el Sáhara Occidental. En realidad, los motivos y los métodos no difieren tanto de las atrocidades cometidas por dictaduras militares el siglo pasado o de más antiguas cacerías de brujas a partir de bulos y falsas informaciones.

Víctimas de distintas épocas coinciden muchas veces en el ensañamiento de sus torturadores. No paran tras arrancar la confesión. Fuerzan la traición a la familia, los amigos y las creencias para abrazar “lo más grande”: los “valores” oficiales de la nación torturadora. Buscan además la humillación, la aniquilación de la persona. Ahí está Juan Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño. Muchas víctimas de este excomisario de policía buscaban extraditarlo a Argentina. Excompañeros policías han reconocido el sadismo de quien ahora se dedica a correr maratones, que quiere “vivir una vida tranquila” de la que no gozan quienes sufren las secuelas físicas y sicológicas de su brutalidad. ¿Se puede permitir una democracia dejar en paz a quien cometiera delitos que no prescriben por considerarse violaciones graves de derechos humanos?

En 1984, George Orwell ya adivinaba la función de la tortura como engranaje de una maquinaria estatal para preservar el pensamiento único. Aunque tomaba como modelo el totalitarismo soviético, algunas democracias liberales han sucumbido a esta “razón de Estado” para defender sus intereses.

En La doctrina del shock, Naomi Klein asocia los estragos que produce la tortura en los cuerpos con los que producen las medidas económicas que adoptan muchos gobiernos. Ambas tienen como objetivo poner en blanco aquello sobre lo que operan. Las economías pueden así implementar modelos de “libre mercados sin vicios”, aunque luego exijan al Estado inyectar dinero cuando las cosas se tuercen. Cuando se trata de personas, la tortura buscaba un “borrón y cuenta nueva”: individuos reprogramados para que abracen la ideología del sistema.

Transcurría la década de 1950 cuando la estadunidense Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) financió a un médico canadiense para que llevara a cabo torturas como “experimento”. Entre las técnicas empleadas figuran privaciones en el sueño, aislamiento sensorial continuo, la aplicación de descargas eléctricas y el consumo de drogas alucinógenas.

Varios años después, la CIA tuvo que restituir a quienes padecieron los efectos de la pretensión “científica” de construir personalidades a las que se podía reprogramar desde cero. Habían regresado a un estado infantil, de desentendimiento de la realidad, de ideas extrañas y tendencias autodestructivas.

A pesar de la pobreza de los resultados, la CIA los tomó como religión en la paranoia de la Guerra Fría, cuando cabía la posibilidad de que espías y soldados estadunidenses cayeran en manos de soldados de países no-alineados o al revés. Dominar la técnica evitaba perder el control en una sesión de tortura. Por otro, permitía dominar sus técnicas para obtener información valiosa.

La tortura no es una pesadilla exclusiva de Pol Pot o las dictaduras en América Latina. Cada día se conocen más las consecuencias de la guerra contra el terror, de la guerra que emprenden los gobiernos contra el narcotráfico… y contra enemigos que cuestionan su legitimidad. Ahora mismo alguien inocente sufre descargas eléctricas, está colgado en una posición incómoda, sufre palizas o pierde el conocimiento tras ser sumergido en agua. Si queremos ahuyentar ese fantasma, no podemos relativizar la tortura.

*Periodista, coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias

Contralínea 387  / 25 de Mayo  al 01 de Junio