Bogotá. El río Cauca en Colombia ya no es el mismo. Aunque la hidroeléctrica de Ituango volvió a verter agua para darle vida, consideran los expertos que el desastre ambiental y social por la sequía que le fue impuesta es de magnitud irreparable.
Todo comenzó el pasado 16 de enero, cuando Empresas Públicas de Medellín (EPM) cerró la compuerta número dos de captación de agua del proyecto energético de Hidroituango, lo que generó un descenso brusco en el caudal del afluente, el segundo mayor de Colombia, después del Magdalena.
La situación se vio agravada el 5 de febrero, al producirse la pérdida del caudal ecológico debido al cierre de la última compuerta.
EPM tomó la decisión de cerrar las compuertas, al descubrirse una enorme caverna en el macizo donde se asienta Hidroituango, la cual conllevaba a una peligrosa presión de aire entre los túneles de la casa de máquinas del embalse, el mayor de Colombia.
La medida buscaba evitar un colapso de la casa de máquinas y represar el río para que comenzara a verter de manera controlada al llegar a su cuota máxima, tal como sucedió el viernes 8 de febrero.
Sin embargo, durante días se interrumpió totalmente el paso de agua entre la presa y el río, el cual tiene 900 kilómetros y del que han vivido las poblaciones de 25 municipios ribereños en el país sudamericano.
El imponente río quedó convertido en muchos lugares en pequeños arroyos, mientras se reportaba la muerte de decenas de miles de peces.
Según organizaciones campesinas, indígenas y medioambientales de Colombia, la noche oscura para las comunidades ribereñas del Cauca comenzó mucho antes, cuando en 1990 del pasado siglo grupos de paramilitares realizaron asesinatos selectivos contra los detractores de Hidroituango.
Informes de agrupaciones defensoras de los derechos humanos, citadas por el semanario Voz de Colombia, señalan que en 25 años hubo 73 masacres en esa zona del noroeste de Colombia.
Organizaciones como Ríos Vivos de Colombia han llamado asimismo a que se cancele Hidroituango, tras considerar inviable la megaobra energética por sus daños al ecosistema local.
También autoridades indígenas han pedido se cuide al Cauca, como un espacio sagrado fundamental para el buen vivir de sus pueblos.
“Cuidamos cada ser que vive dentro de nuestra Pachamama, para nosotros el río es un mayor espiritual sobre el cual surge la vida”, han expresado.
Los pueblos indígenas y los grupos medioambientales han condenado históricamente el extractivismo y los proyectos minero-energéticos que a su modo de ver ocasionan miseria, despojo y daños ecológicos irreparables.
El empresariado local, sin embargo, ha defendido Hidroituango como el mayor proyecto de infraestructura del país que busca generar el 20 por ciento de la electricidad de Colombia.
Ubicada en el departamento de Antioquia, a unos 170 kilómetros de su capital, Medellín, en tierras de los municipios de Briceño, Ituango y Toledo, la represa tiene una altura de 220 metros y un embalse con capacidad para 2 mil 720 millones de metros cúbicos de agua.
Las ocho turbinas contempladas en la casa de máquinas podrían generar 2 mil 400 MW, de ahí su monumental potencial hidroeléctrico.
Empero, desde abril del año pasado se presentaron obstrucciones en los túneles de desviación del río Cauca, debido a fallas geológicas causadas por las fuertes lluvias y la inestabilidad del terreno.
Un mes después el colapso del gigantesco túnel de desvío del río obligó a que el cuarto de máquinas de Hidroituango tuviera que ser inundado, para evitar que el cauce del Cauca se desbordara y dejara bajo las aguas varios municipios ribereños.
La alcaldía de Medellín llegó a pronosticar una ola tipo tsunami si colapsaba la presa, lo que condujo a la rápida evacuación de pueblos antioqueños.
En junio de 2018, EPM de Medellín anunció la culminación del vertedero, clave para evacuar de manera controlada el agua embalsada por las cuatro compuertas.
Todo parecía haber vuelto a la normalidad. No se habló de Hidroituango en el segundo semestre del último año en Colombia hasta el citado descubrimiento del socavón en el macizo en que se asienta el proyecto y que derivó en la actual contingencia.
Sobrevino entonces con el mencionado cierre de compuertas lo que muchos en Colombia identificaron como la muerte del Cauca.
Más de 60 mil colombianos que viven en sus riberas quedaron durante días sin agua potable debido al descenso del caudal del afluente en casi un 90 por ciento.
Los caudales medios del Cauca son de 2 mil a 2 mil 500 metros cúbicos por segundo, y se situaron en 50 metros cúbicos.
Generó alta preocupación la alta mortalidad de peces que se descomponían en sus orillas, creando una situación de emergencia sanitaria e infecciosa para todos los pobladores.
Ríos Vivos alertó que estaban también en riesgo cientos de miles de áreas de sembrados alimenticios, de grandes, medianos y pequeños campesinos que carecerían de agua para regar sus cultivos.
De hecho, la Procuraduría General de Colombia anunció que abrirá una investigación por el preocupante daño ambiental y social ocasionado.
“Hemos abierto una investigación disciplinaria contra los miembros de la junta directiva de la Empresa Pública de Medellín y funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales”, informó el procurador general Fernando Carrillo.
El jefe del ente público consideró que debían restituirse los derechos sociales, económicos y ambientales con acciones extraordinarias para los habitantes de los municipios que habitan en la ribera del Cauca.
Y aunque ya se abrieron las cuatro compuertas de Hidroituango y el cauce del río parece se recupera, las comunidades ribereñas mantienen dudas de que el ecosistema de la zona regrese a la normalidad como lo ha indicado Empresas Públicas de Medellín.
En opinión de expertos los impactos ambientales causados por Hidroituango podrían durar muchos años.
Los pueblos originarios de Colombia sostienen que Hidroituango ha demostrado ser un total fracaso como obra de ingeniería y Ríos Vivos asegura que el Cauca no volverá a ser el mismo.
En su recorrido entre las cordilleras central y occidental de Colombia, el caudaloso río atraviesa más de 180 municipios en los departamentos colombianos del Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia, Sucre y Bolívar.
Tania Peña*/Prensa Latina
*Corresponsal en Colombia.
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