La reportera Angélica Enciso, como otros periodistas atentos a los problemas sociales, como el de los mineros, en este caso, de Sonora y precisamente de Cananea, ha renovado la información acerca de que “A tres años de que la mina Buenavista del Cobre derramó 40 millones de litros de residuos peligrosos a los ríos Bacanuchi y Sonora, la contaminación persiste y aún hay pozos con niveles de arsénico y manganeso superiores a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud, señalaron los comités de la cuenca del río Sonora que agrupan a ciudadanos afectados” (La Jornada, 2 de agosto de 2017). El multimillonario Germán Larrea, del Grupo México, con ese derrame causó daños irreversibles a seis municipios, sus tierras agrícolas, su ganado, su comercio. Y, lo peor: enfermedades y muertes en la población. Y como esaLarrea tiene la protección de Peña Nieto, Navarrete Prida y la ya desgobernadora Claudia Pavlovich Arellano, entonces el perverso, maldito, dueño de minas donde explota a los trabajadores, vive en la total impunidad. A la que contribuye el secretario del Medio Ambiente, el tal Pachiano.

De los cuatro funcionarios, el más cómplice es Peña, ya que éste ha mantenido un apoyo, obviamente corruptísimo, a esos empresarios también corruptos. Y el tal Larrea ha sido uno de los favoritos. Por todo el territorio, las inversiones canadienses, estadunidenses e inglesas (todos igual de depredadores), y larreanas, han estado protegidas para que roben los minerales, traten a los mineros como esclavos e invadan tierras comunales, ejidales y de la pequeña propiedad, como parte de la impunidad; causando miles de daños y jamás pagan salarios acordes con el duro trabajo. Además de que no respetan las huelgas. Todo porque Peña, quien juega golf con empresarios, ha ordenado protegerlos. El reportero Cesar Martínez (Reforma, 2 de agosto de 2017) informa que un juez de distrito, en Sonora, acaba de otorgar un amparo por los pozos envenenados. Y ordenó al ISSSTE, IMSS y al Seguro Popular, que sus médicos practiquen exámenes a los pobladores se esas 24 comunidades que beben agua contaminada por las minas de Larrea, contra las que ni la desgobernadora Claudia Pavlovich, en su competencia, ha hecho nada para exigirle que cumpla con sus obligaciones de pagar los efectos de la contaminación de los pozos Sinoquipe y La Labor.

Así que en colusión, el presidente de la República, el secretario del Trabajo, el secretario del Medio Ambiente y la desgobernadora, ejecutaron la fuerza militar y policiaca defendiendo las minas de Larrea y pisoteando los amparos. Estas injusticias son para que los mineros, campesinos y todos los trabajadores de Sonora, apliquen la huelga general en la entidad, para ver si así sus peticiones en grado de reclamos, son atendidas por un peñismo que insiste en proteger a Larrea; y se ha convertido en un nuevo Porfirio Díaz con su capataz Navarrete Prida; quienes están empeñados en orillar a los trabajadores de la mina sonorense, no sólo a hacerse justicia por su propia mano, sino a utilizar el recurso histórico de un estallido revolucionario como el de 1906.

Hoy, a los mineros les adeudan el reparto de utilidades desde 2007 y una década después Peña y Navarrete se niegan a cumplir el fallo judicial que les concede el pago del adeudo. En virtud de eso, los mineros han decidido ocupar las instalaciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje Número 47, porque esos funcionarios no acatan lo dispuesto por el laudo. Incluso, estallaron una huelga que Peña y Navarrete, como esquiroles, rompieron con militares y policías. Luego, Larrea logró cambiar de nombre a la empresa, contrató otros mineros y se burló de los antiguos mineros, negándose a cubrir los salarios y utilidades que les adeuda.

Por eso es que se gesta una rebelión laboral contra el nuevo Porfirio Díaz que representan Larrea y Peña. No hay otra solución a la injusticia que han estado sufriendo los mineros, ya que han agotado todos los recursos legales cuyos fallos los favorecen. Es el Grupo México de Germán Larrea el encaprichado en no cumplir la legalidad, porque cuenta con el apoyo de Peña y Navarrete. La reportera Patricia Muñoz Ríos (La Jornada, 17 de agosto de 2017), informa que una vez que Larrea no cumplió con entregar lo que adeuda y que fue acordado para el 16 de agosto, decidieron retomar la Junta 47 e intensificar sus acciones de protesta, como la de cerrar las carreteras de Cananea-Agua Prieta y Cananea-Imuris. E impedir la entrada de los nuevos mineros, para aumentar las presiones y ver sí de esa manera Peña obliga a Larrea a cumplir.

No hay duda de que los síntomas de rebelión en Cananea pueden recrear el levantamiento de 1906, porque nuevos Porfirio Díaz han aparecido para atacar a los trabajadores. Lo que ha hecho en la Cananea de hoy Germán Luciano Larrea, apoyado por Peña y Navarrete, no puede conducir más que a un estallido social que puede hacer nacer una crisis política que llevaría a un grave problema social, porque los mineros explotados por Larrea y a los que no quiere pagarles lo que les debe, han llegado a la alternativa de que les cumplan sus demandas legalmente válidas, o llevarán sus protestas contra un gobierno peñista-porfirista que ha tomado partido con el patrón.

Álvaro Cepeda Neri

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: CONTRAPODER]

Contralínea 556 / del 11 al 17 de Septiembre de 2017