A  finales de la década de 1950, cuando la Revolución Mexicana se bajó del caballo y se subió al Cadillac –automóvil que regresó para las pretensiones de una clase rica que del pulque ha pasado a las revistas del corazón y de sociales, aunque su mal gusto continúa siendo evidente–, existió un señor Jaime Merino que en Petróleos Mexicanos (Pemex) hacía negocios con los camiones que distribuían el combustible. Los transportes tenían doble fondo y una parte la llevaban a las gasolineras y otra se la apropiaba quien también era funcionario de la empresa. Gracias a una investigación de mi amigo, el recordado Antonio Caram, todo se descubrió.

 

La talacha periodística trajo el arresto del mencionado hampón, pero nunca supimos quiénes también se enriquecían con tan evidente negocio. Ya se sabe que en esos trafiques únicamente se descubre al ladrón notorio, pero jamás se jala la liga para evidenciar a los de más arriba.

 

Luego la paraestatal ha sufrido muchas otras atrocidades. De ésta han manado innumerables recursos para todo, lo mismo a la campaña presidencial de Francisco Labastida –cuyos maquiavélicos organizadores Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana fueron recompensados con diputaciones y senadurías–, que los hijos de Marta Sahagún, quienes hicieron mil tropelías y nunca sufrieron alguna sanción, hasta que uno de ellos aceptó su culpa en un tribunal de Estados Unidos (Nancy Flores y Miguel Badillo en Contralínea  lo documentaron antes), lo que no importó a Chente y Martita para continuar dando lecciones de moral en el rancho del botudo.

 

También grupos criminales como Los Zetas y demás pandilleros han ordeñado los ductos para saquear la riqueza petrolera y vender gasolina en muchos lugares públicos. Algo que curiosamente no ha sido descubierto por las diferentes Fuerzas Armadas, tan prestas a obedecer órdenes de la DEA (Administración Federal Antidrogas estadunidense) y la CIA (Agencia Central de Inteligencia, también estadunidense).

 

Claro, hace poco se dio a conocer que el citado Romero Deschamps posibilitaba que su hija viajara en avión privado con sus mascotas por todo el mundo; y que su otro vástago, Carlos Romero Durán, tuviera dos departamentos en Miami, Estados Unidos, de más de 7.5 millones de dólares, con prediales de 125 mil billetes verdes por año. Al ser interrogado su ilustre papá, simplemente dijo que él no era el contador de su chamaco. ¡Vaya cinismo!

 

Pero recientemente nos enteramos de algo que ya sabíamos, pero se constató por la declaración de Peter Paul Muller, ejecutivo de Siemens: César Nava, muy cercano a Felipe Calderón, ordenó no cobrar dos cartas de crédito a esa y otras empresas por 102.8 millones de dólares. Incluso para hacer que se reintegrara ese monto a Pemex, la empresa envió a una ejecutiva, Lucía Munive, a Seúl, Corea del Sur, pero al llegar a esas tierras se le indicó que diera marcha atrás y si no lo hacía sería despedida y acusada penalmente (Reforma, 14 de mayo de 2013).

 

El que fuera director jurídico de Pemex, después secretario particular de Felipe Calderón en la Presidencia de la República y un pésimo dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) ha negado, obviamente, las acusaciones. Pero ahora, gracias a Muller, tendrá que hacer otra cosa más que declaraciones. Y el asunto, además, debe preocupar grandemente a su jefe de siempre, el becario de la Universidad de Harvard, pues ya no podrá continuar presumiendo el gobierno eficaz que dijo haber realizado durante su sexenio.

 

Es bueno recordar, por ejemplo, la liberación de varios personajes y generales que fueron a la cárcel aún cuando eran inocentes, las decenas de miles de víctimas que hubo durante la gestión calderonista y la ruina en la que dejó al país, el cual ahora está en franca decadencia económica y sin recursos.

 

Regresando a César Nava: antes supimos que compró a su novia Patricia Sirvent (2008), mejor conocida como Patylú –quien tiene una canción famosa, La vaca Tomasa–, un departamento en Polanco de 15 millones de pesos. Algo fuera de serie, ya que su salario no era mayor a 1 millón de pesos anuales, cuando más ingresos obtuvo.

 

En aquel entonces su partido, el PAN, intentó refutar las informaciones y dijo que el costo del predio era de la mitad (7 millones 200 mil pesos) y que lo había comprado a plazos. Nava ni siquiera pronunció una frase corta.

 

La actual denuncia de Pemex muestra, otra vez, que funcionarios van y vienen, parientes gozan de las mieles de esa empresa que debería ser una palanca del desarrollo mexicano, y contratistas, como Jaime Camil, quien también vende armas al Ejército, hacen de las suyas en los negocios petroleros. El asunto tiene, sin duda, una gran cola.

 

Es un estate quieto para Felipe Calderón y sus acólitos actuales, Ernesto Cordero y Javier Lozano, para que no hagan más olas al famoso Pacto por México.

 

También muestra que no sólo el Partido Revolucionario Institucional es deshonesto en serio, con ejemplos tan dramáticos como Carlos Romero, Javier Duarte y los operadores electorales que aparentemente ya no están en la Secretaría de Desarrollo Social pero siguen actuando; sino que en el PAN también hacen quesos (Fernando Larrazábal, dixit).

 

Asimismo es una espada de Damocles contra la oposición para que tenga mucho cuidado en las elecciones que vienen, las cuales en muchos lugares serán competidas, especialmente el gobierno de Baja California y la alcaldía de Puebla.

 

Y podría ser, aunque lo dudamos enormemente, que el actual gobierno con casi 6 meses de vida necesite llevar a la piedra de los sacrificios a una víctima más, ya que el efecto Elba Esther Gordillo ha pasado.

 

Aunque como dice un amigo monotemático, también puede tratarse de un nuevo episodio con el fin de privatizar Pemex, al mostrar la gran corrupción de sus funcionarios.

 

De lo que sí estamos ciertos es de que no se trata de un inicio de lo que el país necesita: un embate contra la corrupción política y privada. Lástima.

 

 

*Periodista

 

 

 

 

 

Fuente: Contralínea 336 / mayo 2013