Recientemente, el economista François Chesnais, profesor emérito de la Universidad de París 13, escribió que los gobiernos [europeos, de Estados Unidos y otras latitudes], los empresarios y los organismos multilaterales infringen un “doble castigo” a la población. “A fines de 2008 y durante todo 2009, los asalariados sufrieron de lleno el azote de los efectos de la crisis mundial bajo la forma de cierres de fábricas, despidos, reducción de horarios y congelación salarial. Luego, a partir de la primera fase de la crisis de la deuda griega, en mayo de 2010, y la entrada en escena de las agencias de calificación como portavoces de las exigencias de los bancos y de los inversores financieros, los gobiernos emprenden [otro] ataque a las clases populares en todos los niveles en nombre de la obligación de pagar la deuda”.

 

Las medidas impuestas para tratar de reducir el déficit fiscal y la deuda pública descansan en el despido masivo de empleados gubernamentales; la mayor “flexibilidad” y precariedad laboral para arrojar a la calle a los trabajadores del sector privado que sean necesarios, con menores indemnizaciones o sin ellas y contratar a otros con menores prestaciones, en aras de elevar la productividad, la competitividad y la rentabilidad del capital; el alza de los impuestos al consumo y de los precios de los bienes y servicios estatales, los de la educación y la salud; el castigo del gasto de bienestar y de inversión, la baja de los salarios nominales; el recorte y la congelación de las jubilaciones, así como la elevación de las aportaciones y de la edad de retiro para que el menor número de personas puedan alcanzarla o se mueran rápido en caso de recibirla; la privatización sin precedentes de entidades estatales (puertos, aeropuertos, ferrocarriles, agua, telecomunicaciones), la persecución y el cierre de fronteras a los indeseables trabajadores migratorios, mano de obra barata e indefensa que en épocas de crisis se vuelve incómoda, inútil y víctima del racismo oficial y de los grupos xenofóbicos, entre otras medidas autoritarias. Una verdadera estrategia de tierra arrasada en contra de las mayorías, con el objeto de garantizar el pago puntual del servicio de los adeudos públicos (los intereses y el principal). Son harto conocidos los efectos antisociales de esta clase de programas ortodoxos de ajuste fiscal; éstos representarán un latigazo adicional sobre las espaldas de la población, porque su naturaleza recesiva y de estancamiento económico que se extenderá por varios años, provocará más desempleo, más pérdida en los ingresos reales, una caída más rápida hacia el abismo de la pobreza y la miseria.

 

Los gobiernos de la derecha y de la “moderna” socialdemocracia-neoliberal, al estilo del exprimer ministro del Reino Unido, Tony Blair, o del presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ese manoseado y desacreditado vestuario que se pone el gobernador capitalino, Marcelo Ebrad para tratar de vender su “civilizada” imagen de candidato del vago pantano de la “izquierda rosa o democrática”, que permite transitar cómodamente desde el “centro-izquierda” al “centro-centro” hasta el “centro-derecha”, son severos al momento de aplicar los programas de shock económico y la férrea disciplina fiscal, cruelmente complementados con otra terapia no menos “profiláctica” que criminaliza la protesta social: la doctrina militar Shock and awe: achieving rapid dominance (conmoción y pavor: el logro de dominación rápida): El arrasador vendaval de garrotazos a los indignados para someterlos a la dictadura del mercado; el uso del poder aplastante para “controlar la voluntad del adversario, sus percepciones y su comprensión”, hasta que “quede impotente para cualquier acción o reacción”, de acuerdo con la sistema escrito en coautoría del retirado comandante naval, Harlan K Ullman y James P Wade, de la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos.

 

Pero su entereza se agota y su puño se torna flácido al momento de enfrentar al “mercado”, los causantes de la peor carnicería financiera y recesiva desde la depresión de la década de 1930. Los mandatarios Barack Obama, Nicolás Sarkozy y otros prometieron estrictas regulaciones y severos castigos a los especuladores. Pero más allá de rescatarlos con el dinero público, lo que explica fundamentalmente la magnitud del déficit fiscal y del endeudamiento estatal, y de socializar sus pérdidas, desde abril de 2007, cuando la empresa New Century Financial Corporation, especializada en hipotecas de alto riesgo, tuvo que ampararse en el capítulo 11 de bancarrota de los Estados Unidos, nada relevante hacen para restablecer el Estado de derecho, controlar los mercados y acotar la catastrófica hegemonía financiera global, altamente desestabilizadora, que esclaviza a la inversión productiva, los gobiernos y la sociedad.

 

La derecha neoliberal gobernante alemana, opuesta al rescate de las naciones parias de la eurozona, ahora se desgarra las vestiduras, justo cuando sus mercados se encuentran salvajemente asediados y luego que España, Italia y Francia intervinieron a los suyos, a inicios de agosto pasado, para prohibir las “ventas en corto” (short selling), una maniobra especulativa de venta masiva de acciones y bonos que busca provocar su desplome y otra conmoción financiera. La canciller de Alemania, Angela Merkel, señala que su país no se someterá al “chantaje” de los mercados. Su ministro de finanzas, Wolfgang Schäuble, víctima de un atentado que desde 1990 lo obliga a vivir en una silla de ruedas y partidario de la rudeza militar para enfrentar el terrorismo y la criminalidad, del Estado policial para controlar a la población, de la tortura y el asesinato selectivo de los extremistas, apenas balbucea que los financistas son parte de un “sistema autocrático” y exige mayores regulaciones, porque “los mercados financieros son incapaces de autorregularse”. (Clarín, 28 de agosto de 2011).

 

Son tan cínicos y risibles como los economistas neoclásicos, algunos de ellos nobel kitsch, que hicieron una apología de las “virtudes” del “mercado libre”. Ahora que sus doctrinas, sus modelos explicativos y recetas quedaron despedazados, y que como canguros deslumbrados son incapaces para comprender los procesos sociopolíticos, la “generosidad” de las leyes, la racionalidad financiera del capitalismo neoliberal y la exuberante irracionalidad de los “agentes económicos”, se devanan los sesos y elaboran disparatadas “teorías sofisticadas” para tratar de explicarse las causas de la crisis y la “sicología” de los consumidores e inversionistas, que como si escucharan voces en el aire, como los adictos a las drogas o sufrieran trastornos bipolares, pasan de un estado maniaco a otro depresivo. (Clarín, 27 de agosto de 2011).

 

Son tan grotescos como Michele Bachmann, la hooligan del Tea Party y rústica precandidata republicana a la presidencia estadunidense, quien afirma que habla con el todopoderoso, asegura que “Dios ya no sabe qué debe hacer para llamar la atención de los políticos” y se pregunta cuándo van a empezar a escucharlo, y que como castigo les envió a los estadunidenses un sismo y un huracán para que entiendan de una vez por todas que deben recortar el gasto público (Clarín, 30 de agosto de 2011).  Por desgracia, ellos son los que rigen o influyen en el destino del sistema y la sociedad.

 

 

Chesnais debió señalar que las mayorías sufren un triple castigo. Porque antes fueron derrotadas por la contrarrevolución neoconservadora, la guerra de los ricos contra los pobres, del triunfo de su proyecto neoliberal global sobre el Estado de bienestar. Este buscaba legitimar al capitalismo y reconciliarlo con la democracia pasiva, por medio de la integración y la movilidad social a través de la educación que posibilitaba mayores oportunidades y mejores formas de vida, la creación de empleos, la atenuación de las desigualdades al garantizar una renta mínima individual y familiar (subsidios) y una amplia gama de bienes servicios básicos accesibles (educación, salud, vivienda, pensiones), financiados por los trabajadores y con parte del excedente económico obtenido con los impuestos directos diferenciados y progresivos. Aquél es deslegitimador, autoritario, socialmente excluyente, desintegrador y concentrador del ingreso y la riqueza. Con la destrucción del Estado del bienestar y la conversión de los servicios sociales en mercancías onerosas, la austeridad, la pobreza y la miseria se convirtieron en la norma de existencia para las mayorías.

 

En realidad, para ser precisos, Chesnais tiene perfectamente claro que esos castigos no son aislados, circunstanciales. Corresponden a diferentes fases de la misma crisis irresuelta. Pero más que castigos, esa es la forma de funcionar del sistema del capitalismo. Los costos son para unos y los beneficios para otros. Históricamente, como formación económico-social dominante temporal a escala mundial, se fundamenta y se recrea en la dicotomía indisoluble: la explotación del trabajo asalariado por los empresarios, en la esfera económica.

En algunos momentos la pugna por la distribución del excedente económico favorece a los trabajadores. Esto fue perceptible mientras funcionó el Estado de bienestar, que por medio de la mejoría de los salarios reales y de las condiciones laborales, atenuaba los políticos y las desigualdades sociales, además de que al ampliarse el poder de compra de la población y, por tanto, la demanda, se amortiguaba la fase descendente del ciclo económico o se sostenía su expansión y, de paso, se beneficiaban los ingresos públicos. Las organizaciones sindicales, fortalecidas por la generación de empleos, la afiliación de nuevos trabajadores, el ejercicio de su derecho de huelga y las leyes laborales, las que se mantenían al margen de las estructuras corporativas del Estado, reforzaban la ampliación de la participación de los trabajadores en la distribución de los ingresos en la incorporación nacional. Sin embargo, siempre permanece la relación trabajo-capital señalada.

 

Pero todo lo anterior es historia. Las elites neoliberales dominantes cambiaron las reglas de funcionamiento del sistema. Pusieron al Estado al servicio de la acumulación del capital. Desmantelaron al Estado benefactor. Cambiaron las leyes laborales en beneficio de las empresas. Con el bajo crecimiento económico, el traslado de empresas o parte de la producción hacia otros países para aprovechar la mano de obra barata desorganizada o controlada, favorecerse de las normas laborales laxas y reducir costos, la baja creación de empleos formales y el temor al desempleo, debilitan o destruyen los sindicatos, controlan los salarios y han forjado un amplio sector de obreros sin afiliación y una creciente población empobrecida y marginada del mercado de trabajo legal. Pero lo más importante es que con la desregulación, la apertura y la integración de los mercados financieros mundiales, se generaron importantes volúmenes de capital que ya no se invierten en la esfera productiva, sino que buscan una rentabilidad inmediata, con la especulación cuyos efectos son conocidos. Esta fase, iniciada en la década de 1970 fue impulsada por lo que se conoce como “el consenso de Washington”, es decir, el gobierno de Estados Unidos y de la mayoría del mundo, los grupos financieros y los organismos multilaterales. Ellos son responsables de las crisis recurrentes y el semiestancamiento internacional que priva desde hace 50 años.

 

Esa situación sólo puede revertirse de dos maneras. Una es que sus promotores, inquietos por los costos económicos y sociopolíticos provocados por la catastrófica especulación financiera y por el futuro del capitalismo, decidan desmantelar la hegemonía de las finanzas y replanteen las bases de la acumulación de capital. Pero los intereses creados a su alrededor obstaculizan esa posibilidad. Otra es a través de la movilización organizada de las mayorías que obliguen a los gobiernos a modificar el statu quo. La revuelta social ha provocado la caída de regímenes neoliberales, pero sus resultados son con frecuencia desalentadores. El ascenso de gobiernos ajenos al consenso dominante o francamente antineoliberales arroja mejores resultados, como se manifiesta en la mayoría de los países de América del Sur. Pero su triunfo por la vía parlamentaria muestra los límites y la lentitud de los cambios. La legalidad neoliberal impuesta, los poderes legislativo y judicial y los llamados “poderes fácticos”, internos y externos, que siempre conspiran, contrarrestan las transformaciones y las revierten. La vía electoral impone como regla la imposibilidad de aplicar reformas profundas. Al final subsiste la relación de explotación entre el trabajo y el capital que reproduce las desigualdades, aun cuando sean atenuadas.

 

La única manera en que se puede resolver esa contradicción es, como diría Antonio Gramsci, que intervenga un Alejandro con su espada para que corte el nudo gordiano: con el cambio radical postcapitalista.

 

*Economista