Como cortados por la misma tijera, Juan Camilo Mouriño y César Nava Váquez comparten un mismo interés: beneficiarse con negocios en Petróleos Mexicanos. Exonerado por una comisión a modo de legisladores, el secretario de Gobernación firmó contratos con Pemex Refinación en calidad de apoderado legal de su empresa Ivancar, al mismo tiempo que era servidor público en la Secretaría de Energía. Igual que Mouriño, el secretario particular del presidente Felipe Calderón también se benefició de Pemex cuando se desempeñó como abogado general de la paraestatal petrolera.

En el número más reciente de la revista Contralínea, la reportera Ana Lilia Pérez da a conocer importantes expedientes clasificados como confidenciales en Pemex y en la Secretaría de la Función Pública, en donde se revela cómo César Nava y su entonces subordinado José Néstor García Reza, actual abogado general de Pemex, entregaron la operación de la Cuenca de Burgos –la región productora de gas no asociado más importante del país– en beneficio de seis empresas trasnacionales que desde 2004 controlan la exploración y explotación del energético en la zona.

Según esos documentos oficiales el ahora secretario particular del presidente de la República autorizó el diseño y suscripción de los contratos de servicios múltiples en beneficio de las petroleras trasnacionales Repsol, Petrobras, Teikoku Oil, Techint, Tecpetro y D&S Petroleum, en contravención a lo estipulado en la Constitución de la República.

Nava tomó tal determinación pese a la alerta de sus subordinados de que el modelo de contrato, diseñado por la firma Pricewaterhouse Coopers, violaba el artículo 27 constitucional; la Ley Orgánica de Pemex y su reglamento, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM), marco regulatorio en el cual se justificaron los CSM. Además, el abogado de Pemex no tenía atribuciones para aprobar operaciones de esta naturaleza.

El artículo 27 de la Constitución dispone como exclusivo de la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible del petróleo y sus derivados, ordenando de manera categórica que “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólido, líquido o gaseoso no se otorgan concesiones ni contratos”, y que sólo la nación llevará a cabo su explotación.

Los expedientes evidencian cómo, en el periodo en que Raúl Muñoz Leos era director general de Pemex y Luis Ramírez Corzo director de Pemex Exploración y Producción, César Nava, en su carácter de titular de la Oficina del Abogado General, y Néstor García, entonces titular del área jurídica de PEP, operaron para que la paraestatal suscribiera contratos como si fuese una compañía privada, para ceder a terceros la exploración y explotación de pozos, pasando por alto las consideraciones de sus subordinados juristas adscritos a la OAG, quienes desde 2002, cuando se diseñaban los CSM, advirtieron que el modelo no era acorde a la ley.

En este esquema comercial disimulado como contrato de obra pública, en el cual ostenta a Pemex como una empresa privada, Nava renunció a la inmunidad que la carta magna da a la petrolera del Estado y a sus subsidiarias y filiales, constriñéndola a que en caso de conflicto sea juzgada en el extranjero ante tribunales comerciales. Todo ello para “hacer contratos atractivos para los inversionistas privados”, según versiones de los excolaboradores de César Nava.

El ahora secretario particular del presidente de la República benefició a las trasnacionales con contratos por más de 4 mil millones de dólares para la exploración, explotación, producción, transporte y almacenamiento de gas natural y sus condensados en la Cuenca de Burgos, sin que Pemex tenga ya control sobre esta zona, por lo que César Nava habría incurrido en supuestas violaciones a los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP), por ceder actividades estratégicas exclusivas de Pemex.

En 2005, esas supuestas violaciones a la ley fueron denunciadas ante Función Pública por el abogado Jorge García, excolaborador de Nava en el jurídico de Pemex, e integradas en el expediente DE/099/2005. El señalamiento alcanza a Néstor García Reza y al entonces director de la subsidiaria, Luis Ramírez Corzo, por haber incurrido en violaciones a la Constitución, a la LOPSRM y a la LFRSP, al avalar un modelo de contrato con dolo, error y lesión en contra de Pemex.

Algunos de los supuestos ilícitos denunciados por Jorge García –quien tenía a su cargo la revisión de convenios y contratos de PEP– habían sido comprobados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2005, en la auditoría especial que el órgano de fiscalización realizara a los CSM; incluso, la ASF había solicitado al Órgano Interno de Control abrir investigaciones a los funcionarios involucrados en las irregularidades. Sin embargo, Contraloría hizo caso omiso al mandato, y a fines de 2006, en el cambio de estafeta del gobierno de Vicente Fox a Felipe Calderón, Función Pública “encapsuló” la denuncia del exsubordinado de Nava Vázquez.

Justificados por funcionarios de la administración foxista como esquemas para capitalizar a Pemex, los CSM son considerados por legisladores y analistas como los primeros modelos de privatización de sectores que por mandato constitucional están reservados al Estado. Por ello, en 2004, el fallecido constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela demandó su nulidad absoluta.

Ante la opacidad jurídica, en 2005, la ASF ordenó a Pemex suspenderlos. Para esas fechas, mediante este esquema, ya se había otorgado a consorcios extranjeros la operación de toda la Cuenca de Burgos.

A pesar de estar documentada toda esta operación irregular, planeada y orquestada por quien ahora se desempeña como particular de Felipe Calderón, César Nava puede estar tranquilo, porque mientras la sucesión en el gobierno federal esté en manos del PAN, la impunidad será el estandarte de este partido de derecha y ningún funcionario gubernamental será juzgado en tribunales penales por el delito de corrupción. El último ejemplo es Juan Camilo Mouriño, quien aún con las pruebas en su contra, él sigue pensando que es un fuerte candidato a la Presidencia de la República para el 2012.

Retrasan fallo en licitación de buquetanques

En plena discusión de la reforma petrolera, para abrir la paraestatal a la iniciativa privada, Pemex continúa otorgando contratos multimillonarios a empresas que incurren en prácticas dolosas, como el tráfico de influencias. Tal es el caso de la controvertida licitación pública internacional 18576018-022-07, operada por las administraciones de Jesús Reyes Heroles y José Antonio Ceballos Soberanis, en Refinación.

Considerada como una de las licitaciones más importantes de Pemex –involucra 5 mil 294 millones 775 mil 90 pesos–, la convocatoria para el arrendamiento de cinco buquetanques con opción a compra, tutelada por la subsidiaria Refinación, enfrenta una nueva prórroga, ahora para dar el fallo a favor de Blue Marine y F. Tapias.

El aplazamiento –que del 15 de mayo pasa al 30 del mismo mes– no es un intento por transparentar el proceso, del que se han inconformado empresarios y que ha padecido la renuncia de uno de sus dos testigos sociales (la Fundación Heberto Castillo). Se trata de un ajuste en los precios del crudo, que podría aumentar las ganancias de las empresas a las que muy probablemente se les adjudicarán los contratos.

De acuerdo con el boletín de prensa 068/2008, “en virtud de que las áreas correspondientes realizan la actualización de los precios de referencia internacional (del crudo) conforme a las condiciones actuales del mercado, a fin de dar cumplimiento a uno de los últimos requisitos de las bases de licitación, Pemex Refinación modificó la fecha del fallo, que inicialmente estaba programada para el día 15 de mayo, para el 30 del mismo mes de este año”.

Como lo ha informando esta columna, empresarios que quedaron fuera de la competencia denunciaron que el proceso estaba amañado, pues un “error” en las bases de licitación cerró la posibilidad de que las compañías arrendaran barcos construidos en 2008 o por construir.

Otra circunstancia que destapó las irregularidades en este proceso fue la renuncia de la Fundación Heberto Castillo a su papel como testigo social, por considerar que faltaba transparencia en el concurso. Más aún, la asociación civil desconoció públicamente a su representante David Shields, por considerar que incurría en posibles prácticas de corrupción.

Al inicio de la licitación, inversionistas afectados denunciaron que los cambios en las bases, ocurridos luego de un año de pláticas en pro de la “transparencia”, beneficiarían a Blue Marine y a TMM, pero sólo la primera se agenciará el millonario negocio. Junto con ésta, la naviera F. Tapias, que tiene entre sus socios al español, nacido en Vigo, Fernando Fernández Tapia.

Además de TMM, del proceso quedó fuera Inbursa, de Carlos Slim. Resulta que para participar en esta licitación, hace unos meses la compañía del hombre más rico de América Latina y casi del mundo, adquirió dos buques.

Los tres barcos de Blue Marine, ya construidos, costarían al erario 3 mil 107 millones 279 mil 142 pesos; mientras que los dos de F. Tapias implicarían una inversión de 2 mil 187 millones 495 mil 948 pesos.

Las futuras ganadoras
Atendiendo la importancia del monto y las supuestas irregularidades que se han venido denunciando, cabe recordar quiénes son los que llegan al final de este concurso:

Blue Marine –que preside el exasesor de Rogelio Montemayor Seguy y Raúl Muñoz Leos, Antonio Juan Marcos Issa– es investigada por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

Las autoridades presumen que esta compañía creó una supuesta red de corrupción y tráfico de influencias, establecida entre altos funcionarios y exfuncionarios de Pemex –como el exdirector corporativo de Finanzas, Juan José Suárez Coppel– y Marcos Issa. Además, medios de comunicación y legisladores han vinculado al Grupo Blue Marine con los hermanos Bribiesca Sahagún.

Por su parte, el 50 por ciento de F. Tapias es propiedad del grupo naviero Teekay Shipping, y el otro 50 de Fernando Fernández Tapias –empresario de Vigo, España–, quien a inicios de julio del año pasado se reuniera con el ahora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo (extraño que otra vez el secretario de Gobernación esté metido en negocios con Pemex) para ofrecer millonarios negocios en Pemex.

En su edición del 18 de julio de 2007, el diario La Voz de Galicia cita: “El hijo del actual presidente del Celta, Carlos Mouriño, contactó la pasada semana en Vigo con empresarios del sector para valorar el inicio negociaciones a corto plazo. Aunque el proyecto se ciñe, de momento, a una declaración de intenciones, el ejecutivo de Calderón prepara una visita oficial a México del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y de empresarios gallegos, antes de final de año”.