En las últimas semanas se ha recrudecido la lucha política y la guerra sucia por el control de Petróleos Mexicanos. Antes de que Felipe Calderón llegue a la mitad de su gobierno, panistas y priistas se disputan ferozmente a la principal empresa del Estado. Los panistas están representados por Rosendo Villareal Dávila, director corporativo de Administración y quien ha adquirido un enorme poder con el apoyo de Los Pinos; los priistas se identifican con el director general de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles. Pero ninguno de los dos poderosos grupos planean sanear y mejorar la empresa, mucho menos piensan combatir la corrupción que corroe toda su estructura. Su objetivo es apoderarse del botín en que se ha convertido el crudo que corre por las venas de la empresa petrolera.

Tras nueve años en el poder, el PAN no ha podido ni ha querido erradicar las viejas prácticas corruptas que prometió combatir cuando Vicente Fox asumió el poder. En cambio, ya empieza a desarrollar a sus propios dinosaurios. Uno de ellos es Rosendo Villarreal Dávila, quien desde la posición estratégica que mantiene en la empresa, controla las fuerzas de inteligencia creadas en Pemex y que son utilizadas para hacer “trabajitos” paralelos que permiten ayudar a los objetivos políticos de los sectores radicales de su partido.

Villareal coordina los recursos humanos de la organización y, a través de la Gerencia de Telecomunicaciones, tiene la capacidad técnica para intervenir teléfonos de todo Pemex y sus directivos; vigilar y espiar por vía satélite a funcionarios y directivos del grupo opositor; acceder a correos electrónicos de toda la empresa, y presionar la asignación de contratos sólo con el poder de su firma. Todas esas viejas prácticas que el priismo conoce muy bien. Además, los vínculos y las relaciones que estableció Villareal cuando se desempeñó como funcionario de lo que ahora se conoce como Secretaría de la Función Pública, le permiten encubrir errores y tropelías de sus aliados y exhibir y detonar investigaciones contra sus enemigos, de quienes ya hay denuncias en Función Pública.

Con estos instrumentos de vigilancia y espionaje, al más puro estilo del Cisen, sólo que mejor estructurado y organizado que el òrgano de máxima vigilancia del Estado, se pretende controlar y después disminuir la presencia del equipo de Reyes Heroles, a quien un sector del PRI califica de traidor por haber apoyado a Felipe Calderón en la contienda presidencial de 2006, mientras que el PAN lo acusa de ser priista infiltrado en el gabinete y pasar información al grupo opositor.

Mediante presiones y amenazas, Rosendo Villareal busca la destitución de Reyes Heroles y que llegue un  “panista fiel” a la Dirección General de la paraestatal. Uno de los propuesos para sustituir a Reyes heroles es el senador Juan Bueno Torio, quien durante el sexenio foxista fue director general de una de las subsidiarias petroleras (Refinación), para desde allí operar con los métodos tradicionales que permitían “pagar” deudas de campaña y beneficiar a los aliados políticos. En columnas políticas y comentarios radiofónicos se habla ya de la renuncia de Reyes Heroles. Ese fuego en medios contra el director de Pemex es promovido desde la Dirección Corporativa de Administración.

Otro de los factores de la disputa coyuntural obedece a que el director general presentó un estatuto orgánico a la consideración del nuevo Consejo de Administración de Pemex, en el contexto de la reforma energética aprobada por el Congreso en octubre de 2008. Dicha propuesta planteó consolidar ciertas funciones en la Dirección Corporativa de Operaciones, a cargo de Raúl Livas, un incondicional de Reyes Heroles.

En respuesta, Villarreal pretende acaparar más funciones de las que tiene,  como las tecnologías de información y suministros. En esta lucha por apoderarse del control de las áreas estratégicas de la empresa, el director corporativo y sus aliados panistas iniciaron un fuerte ataque contra Reyes Heroles y su equipo, aprovechando la coyuntura para tratar de eliminar a un contrincante que no es adecuado para los propósitos electorales del grupo panista en las postrimerías del proceso electoral de 2009, pero sobre todo en preparación para la pugna electoral de 2012.

Frente a esta ofensiva mediática, la organización petrolera espera la decisión del presidente Calderón: ratifica la apuesta por un equipo técnico que no ha sabido manejarse en un mar de intereses económicos y políticos o entrega a su partido la gestión de la empresa para que las cuentas se ajusten como siempre, dinero a cambio de favores políticos y anteponiendo intereses grupales y particulares a los de la nación.

Grupo radical panista en Pemex

Rosendo Villarreal, representante del grupo radical panista que está en el centro de esta ofensiva contra Reyes Heroles, tiene sus raíces en el periodo que fungió como contralor interno de la Secretaría de la  Contraloría, entre 2000 y 2003. Para agosto y octubre de ese último año, un grupo de contralores internos descubrió un supuesto caso de prevaricato que involucraba a Juan Agustín López Huesca, quien había sido designado abogado de Pemex Petroquímica. La defensa inadecuada del caso le habría costado a la paraestatal 241 millones de pesos, que fueron a parar al municipio de Coatzacoalcos, que a su vez usó parte de esos recursos para impulsar el proyecto de un túnel en el que participaba Emilio Baños, hermano del líder del MURO y panista furibundo.

Villarreal jugó un papel clave en el “congelamiento” de este caso desde su posición como contralor interno de la SFP. El auditor Marco Antonio Díaz, responsable de la investigación, fue despedido por falsas acusaciones de “acoso sexual”  en contra de dos pasantes contratadas por el contralor de Pemex Petroquímica, Felipe Barragán y Juan Carlos Ramos Garibay. Posteriormente, las pasantes reconocieron que habían sido instigadas por este último a presentar la denuncia, pero el tribunal determinó que las declaraciones habían sido infundadas; Marco Antonio Díaz quedó libre y la investigación fue archivada en la Secretaría.

Ese esfuerzo de Villarreal quedó compensado en 2005, cuando fue designado director corporativo de Administración en Pemex. Su nombramiento movió el escándalo de la Secretaría de la Función Pública a Petróleos Mexicanos. Su primera acción fue nombrar a su sobrino Gerardo Lozano Montemayor en la Gerencia de Recursos Materiales, el área compradora del corporativo y desde donde se pueden hacer muchos negocios.

De acuerdo con la denuncia  DE/ 024 / 2005 / NA / 041, Villarreal participó directamente en  la contratación de su sobrino. El expediente en Función Pública confirma que se acreditó el parentesco entre Villarreal Dávila y Lozano Montemayor; que el funcionario intervino de forma directa en la contratación y se acreditó el impedimento legal de la relación laboral por contravenir la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pese a que el nepotismo es una falta grave que debe ser sancionada con la inhabilitación del funcionario, los contactos de Villarreal en la Secretaría permitieron “congelar” el caso y reescribir a su pariente a la DCIDP, en donde labora actualmente.

Las andanzas de Rosendo

Villarreal se estrenó a lo grande en la resolución del controvertido caso del convenio 10275 que había suscrito Raúl Muñoz Leos con el sindicato petrolero. La campaña de combate a los “peces gordos” se había empañado en la administración panista por un embrollo de magnitudes mayores al Pemexgate de Rogelio Montemayor.

Muñoz Leos había autorizado un acuerdo con el sindicato por más de 7 mil 700 millones de pesos, que implicaban pagos a dicho gremio por más de 4 mil 600 millones. Si bien lo que finalmente provocó su destitución fue la revelación de una cirugía estética de su esposa, el antecedente más gravoso habían sido los favores que otorgaba a los hermanos Bribiesca Sahagún desde la Dirección General de Pemex, así como este acuerdo que ubicaba muy mal a la administración de Vicente Fox en el supuesto combate a la corrupción.

El gobierno estaba en una encrucijada. Pues si bien el acuerdo con el sindicato no era correcto desde una perspectiva presupuestaria, por  lo que los recursos no se podían erogar, si lo era desde una perspectiva laboral, pues la firma del director comprometía a la empresa frente a la organización sindical y la asignación de recursos era una exoneración de facto al sindicato por el Pemexgate de 2000.

Rosendo Villarreal, experto en prácticas que su partido pretendía erradicar, llega a un acuerdo en el que en lugar de entregarle al sindicato 4 mil 200 millones de pesos para vivienda, reduce la cantidad a “tan sólo” mil 865 millones, lo que significaba una real recuperación de casi 2 mil 400 millones.

Esto le permite a Villareal posicionarse mejor al interior de la empresa petrolera y fortalece su relación con los altos círculos del poder panista. A finales de la administración de Vicente Fox, el director corporativo de Administración pone al servicio de la esposa del  presidente, Martha Sahagún, las fuerzas de inteligencia de Pemex para investigar a Jesús González Schmal. En documentación que ha sido expuesta al público se consigna cómo la Gerencia de Seguridad Física de Pemex, cuyo titular es el general Víctor Manuel de la Peña Cortés –bajo el mando de Rosendo Villarreal-, investigó al entonces diputado federal González Schmal, quien en ese momento tenía la encomienda del Congreso de investigar los delitos cometidos por los hermanos Bribiesca, hijos de la esposa del presidente.

Otros panistas vinculados a Villarreal en esta saga, son César Nava, excandidato particular de Felipe Calderón y actual candidato a la dirigencia nacional de ese partido; el polémico senador Juan Bueno Torio, este último fue director de Pemex Refinación; Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Distribución y Reparto, y Oswaldo Machado, gerente de Transporte Terrestre.

Pero la influencia de Rosendo Villarreal ve en aumento en el gobierno calderonista. López Huesca, quien recibe “protección” y mantiene su puesto como gerente de Filiales en la Subdirección Comercial de Pemex Refinación, le paga un viejo favor a Villarreal por “congelar” el caso de prevaricato en su contra, al otorgarle a sus hijos franquicias para la instalación de gasolineras en Coahuila.

El asunto saltó a la atención de la alta dirección de Pemex por la necesidad de reportar actividades mercantiles que puedan representar un conflicto de interés en la Forma 20-F, que Pemex debe enviar cada año a la  Securities & Exchange Comisión de los Estados Unidos. Es tal la confianza de Villarreal en su capacidad para controlar la Secretaría de la Función Pública y a su titular que no sirve para nada, que ni siquiera guarda las formas. Obtener una franquicia de gasolinera, que bajo las leyes internacionales debe reportarse como un posible conflicto de interés, le parece a este funcionario que es cosa tan menor que no le pareció necesario pedirle permiso a nadie para tramitar su asignación, independiente del efecto que esto pudiera tener cuando menos en la reputación de la empresa o del PAN.

Esta pugna por el control de Pemex ha vuelto insostenible la situación de la empresa. En medio de un fuerte jaloneo los funcionarios se abstienen de tomar decisiones. Sin embargo, con la aprobación de la nueva Ley petrolera, la organización no puede permanecer igual. Hay plazos establecidos sobre acciones improrrogables. La administración de la empresa tiene que actuar para ejecutar las acciones que el legislativo espera como parte del compromiso que implicó aprobar la reforma. Los nuevos consejeros profesionales empiezan a entender la naturaleza de la “cueva de lobos” a la que se han incorporado. Con más tomadores de decisiones, el riesgo de la parálisis aumenta. El Congreso exige que se rindan cuentas y reclama que se cumpla con lo pactado. Por su parte Reyes Heroles está obligado a tomar decisiones y proponer cambios, mientras que sus contrincantes detienen la marcha y esperan a que el Legislativo o el Ejecutivo le corten la cabeza al director general.

Ya veremos quien gana, por lo pronto Calderón no ha tomado la decisión de remover a un técnico de su confianza, como es Jesús Reyes heroles, y entregarle el poder a un grupo radical panista que está más identificado con el foxismo que con las fuerzas del presidente.