Ahora se percata el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, que los poderes fácticos se escudan en la libertad de expresión para impulsar sus proyectos políticos, mientras que María del Carmen Alanís, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reconoce que la insatisfacción que existe en América Latina con la democracia tiene su origen en la profunda desigualdad económica y social sobre la que se ha establecido el régimen democrático en la región.

Desde luego que les asiste la razón, aun cuando se hayan quedado cortos en sus apreciaciones. Con todo, les faltó proceder con un elemental sentido autocrítico para que sus puntos de vista tuvieran un asidero ético. En nuestro país, ambas instituciones han incumplido sus responsabilidades al haberse limitado a proceder como simples instrumentos para legitimar procesos amañados, en los que están en juego intereses del grupo en el poder y de la oligarquía. En los hechos, su autonomía es violada sin un mínimo pudor, como sucedió en los comicios de 2006, cuando la consigna era evitar a toda costa que Andrés Manuel López Obrador surgiera como el vencedor.

Así, queda demostrado que se pueden fundar instituciones de avanzada, altamente eficaces en el papel, pero en la realidad quedan absolutamente nulificadas porque se utilizan, tanto por los poderes fácticos como por el grupo en el poder, para consolidar su hegemonía, tal como lo demuestran los hechos. Cabe recordar que el penoso caso de Juanito en la delegación Iztapalapa lo creó el TEPJF, cumpliendo seguramente instrucciones del Ejecutivo, al tratar de convalidar a la candidata del grupo de los Chuchos en contra de los anhelos de cambio de la mayoría de los habitantes de dicha demarcación.

Es cierto, como afirma Valdés Zurita, que los poderes formales y los fácticos lesionan la ley y contravienen el papel del IFE. Sin embargo, esta situación no cambiará si la propia institución no hace valer su autonomía y su calidad moral. Y lo mismo vale para el TEPJF, el cual se ha significado por su lealtad no al Estado, sino al grupo en el poder, como sucedió en 2006 y como aconteció en las recientes elecciones intermedias de julio, donde validó el gran fraude electoral cometido en Durango, porque así le fue ordenado que lo hiciera por acuerdos entre Felipe Calderón y el Partido Revolucionario Institucional, en momentos circunstanciales que propiciaron tal negociación.

Es muy satisfactorio decir en público que “ningún edificio democrático puede fincar cimientos sólidos sobre un agrietado terreno donde la pobreza, la exclusión y la desigualdad han echado raíces tan profundas”, como lo dijo la presidenta del TEPJF. Pero su papel como institución al servicio del Estado democrático debe servir para superar tal situación adversa, no para contribuir a que se mantenga y solidifique con mayor pobreza y exclusión, como lo está haciendo con su actuación al servicio de un gobierno reaccionario, que se sostiene con base en la corrupción, la violencia indiscriminada y la demagogia ruin, en contubernio con los poderes fácticos.

Lo cierto es que ambas instituciones han demostrado estar al servicio de los poderes formales y los fácticos, originando así nuevos problemas a la sociedad civil, que observa impotente cómo se viola su voluntad cuantas veces lo requieren dichos poderes. Esto es muy grave, teniendo en cuenta que vendrán comicios cruciales para el futuro de México, particularmente en 2011 para gobernador en el Estado de México y, un año después, para el cambio en la Presidencia. ¿Qué confianza podemos tener en instancias que carecen de autoridad moral para realizar y convalidar elecciones imparciales? Efectivamente, ninguna.

En consecuencia, es preciso organizar a la sociedad para que se convierta en la contralora de dichos organismos del Estado, recurrir a todas las instancias posibles para alertar a la población para que sirva de freno a posibles acciones ilegales, para favorecer a los poderes fácticos. Los comicios del próximo año son la oportunidad para probar estas acciones en defensa del sufragio efectivo, del respeto al voto. Es urgente que tanto el IFE como el TEPJF sirvan a la sociedad, como única manera de evitar una crisis de gobernabilidad brutal que se sumaría a la que ya se padece por la incapacidad del grupo en el poder para ejercer su responsabilidad. Más acciones turbias de ambas instancias serían un claro llamado a la ingobernabilidad. ¿Acaso eso es lo que quiere la oligarquía para imponer de una vez por todas una dictadura sostenida por la fuerza?

*Periodista

Contralínea 210 / 28 de Noviembre de 2010