Contra lo que supone Felipe Calderón y diversos sectores de la sociedad, el problema fundamental de México no es el narcotráfico y la violencia asociada al mismo. Comparado con la turbia connivencia establecida entre los gobiernos neoliberales, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y la oligarquía mexicana, aquel es un simple juego de niños, ciertamente sangriento.
La “guerra” calderonista contra los cárteles de las drogas no ha sido lo suficientemente efectiva para ocultar del escrutinio público un hecho que le ha causado un daño aún más grave al país: las “relaciones peligrosas” –para usar el título de la novela epistolar publicada por Pierre Choderlos de Laclos en 1782– de los poderes político y económico, entre familiares, amigos y socios emergentes y temporales de las elites dominantes, por encima de los límites constitucionalmente fijados, que han convertido al erario, al Estado y las riquezas de la nación en su oscuro objeto de deseo, en su impune saqueo y rapiña, recreando con creces lo que el economista Joseph Stiglitz calificó como el capitalismo de amigotes, aunque otros analistas, con mayor precisión, la han denominado capitalismo mafioso. Ellas hacen palidecer las seductoras y trágicas intrigas de poder, de honras y deshonras palaciegas y de alcoba que transgreden la moral de la época de la perversa, puritana y al mismo tiempo libertina nobleza francesa de finales del siglo XVIII, deliciosamente recreadas por Choderlos de Laclos. Tales relaciones rememoran la frase de El Padrino: “No es nada personal, sólo es cuestión de negocios”.
A nadie sorprendería que el día que impere el estado de derecho en México se lleve a cabo una imparcial investigación sobre la privatización de las empresas estatales y de los sectores estratégicos de la nación –proceso iniciado por Miguel de la Madrid–, la manera en que han sido rescatados y subsidiados los empresarios que terminaron quebrando tales empresas, su nueva nacionalización y reprivatización, la renegociación de la deuda pública, los controvertidos contratos de servicios múltiples o las relaciones con el narco, y se aplique el imperio de las leyes.
Pero mientras eso sucede, si es que llega a ocurrir, los negocios entre el gobierno y los hombres de presa –más que de empresa– degradan a los trabajadores y la vida nacional, destruyen al capitalismo y al país con su insaciable voracidad. En correspondencia con la economía que se desplomaba en 2008, entraba en 2009 en su peor recesión desde la década de 1930 e iniciaba una incierta reactivación; la captación y el crédito de la banca comercial extranjerizada se contraían. La primera crece 16 por ciento, en términos reales, en 2008; en 2009, en apenas 5.6 por ciento, y en la primera mitad de 2010 decrece 1.6 por ciento. El segundo se elevó 23 por ciento en 2007; 5.7 por ciento, en 2008; en 2009 se contrae 5.3 por ciento, y en lo que va de 2010, en 0.5 por ciento. Nada extraño si se considera la situación económica. Lo llamativo son sus ganancias netas, descontando la inflación: 50.5 mil millones de pesos (MMDP) en 2008; 59.9 MMDP en 2009, y 35.5 MMDP en la primera mitad de 2010, por lo que cerrarán el año por encima de los 70 MMDP. ¿Cómo explicar la rentabilidad bancaria? Muy fácil: por la especulación financiera, el recorte de las prestaciones de los trabajadores, el despido de parte de ellos y la sobrecarga de trabajo; pero sobre todo por los voraces intereses y comisiones cobradas a los deudores, afectados por la caída de ingreso real, la pérdida de su empleo, los impuestos y el alza de los precios de los bienes y servicios públicos y privados. Ni el Congreso ni el banco central han querido controlar los abusos de los banqueros.
México es un paraíso para la oligarquía financiera trasnacional y criolla; también para otras fracciones capitalistas. En Chile, por ejemplo, el gobierno y entidades privadas organizaron un rápido programa de rescate de 33 trabajadores que quedaron atrapados dentro de la mina de oro y cobre San José, al Norte de Santiago. Incluso Sebastián Piñera, el derechista y neoliberal presidente, se trasladó de inmediato hasta el yacimiento para supervisar los trabajos y anunció una revisión a fondo de las condiciones de trabajo de la minería. En cambio, en México se escriben las páginas más siniestras de la política antiobrera y antisindical impuesta por la derecha radical neoliberal panista-priista. No sólo no hicieron nada serio por rescatar los cuerpos de los 65 trabajadores muertos el 19 de febrero de 2006 en Pasta de Conchos –víctimas de la negligencia criminal de la empresa Grupo México, de Germán Larrea, del grave deterioro de la seguridad de la mina que le permitió a la empresa “reducir” los costos de producción y aumentar sus ganancias, solapado por el titular del Trabajo foxista, Francisco X Salazar–, al contrario, hicieron lo necesario para ocultar el homicidio industrial y exonerar a Larrea. Más aún, con Javier Lozano en ese puesto, ya con Calderón, iniciaron una verdadera cacería en contra del sindicato minero, pisoteando la Constitución, las leyes laborales y los convenios suscritos con la Organización Internacional del Trabajo, con el objeto encarcelar a su líder que no quiso someterse a los dictados de los hombres de presa y del calderonismo, destruir al organismo e imponer otro controlado por la empresa, y desmantelar sus conquistas sociales (el derecho a la huelga, a la seguridad industrial, la libre organización, el contrato colectivo, la reducción y eliminación de las prestaciones y los salarios pagados). Después continuaron la violenta embestida con los mineros de ese lugar y sus familias. Los aparatos de represión del Estado se cubrieron de gloria, al igual que con los 1 mil 200 mineros de Cananea que fueron arrojados impunemente a la calle, y con los de Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero. Brutales con los trabajadores, a los inversionistas de la minería, donde tienen gran presencia los canadienses, se les ha apoyado fiscalmente y se les permite pisotear los derechos de trabajadores, contaminar y destruir la ecología.
Si los trabajadores no aceptan por las buenas la contrarreforma laboral neoliberal, necesaria para elevar la “productividad”, la “competitividad” y las ganancias empresariales, a costa de la miseria y de la vida de los trabajadores, la extrema derecha gobernante la impone a garrotazos y arrojando las leyes laborales y la carta magna al bote de basura.
Favor con favor se paga, y generosamente. Al amigo y socio neoliberal Larrea, actualmente miembro de los consejos de administración de Vamos México y de Televisa, se le paga con creces su financiamiento de la campaña presidencial de Fox. ¿Qué permite suponer que no hizo lo mismo con la de Calderón? Se dice que Calderón le entregó simbólicamente a José Luis Barraza y al grupo Banamex –Roberto Hernández y los antiguos accionistas de ese grupo financiero conocen perfectamente las “bondades” del capitalismo de amigotes: recibieron 6.2 mil millones de dólares contantes y sonantes, libres de impuestos, al vender al intermediario al Citigroup, que saquea alegremente a los ahorradores y las empresas locales con la complacencia gubernamental– a Aeroméxico, por la ayuda financiera que le permitió asaltar la Presidencia en 2006, cruzada que involucró a la mafia oligárquica.
Se dice, asimismo, que Barraza, entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pagó 130 millones a la radio y la televisión para aceitar la guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador (La Jornada, 18 de octubre de 2007). En un gesto dadivoso, José Ángel Córdova, Alonso Lujambio y Bruno Ferrari, de católicos valores familiares, no permitirán que otra romana familia, la Servitje, los concesionarios de la Coca-Cola y demás empresarios vendedores de basura disfrazada de alimentos, vean afectadas sus nada apostólicos negocios. Han garantizado que continúen intoxicando y atentando en contra de la salud de los infantes escolapios pobres, miserables y desnutridos.
A Gastón Azcárraga, no tienen nada que contarle de las virtudes del capitalismo mafioso: figuradamente, en circunstancias similares y por las mismas razones, se apoderó de Mexicana de Aviación, turbiamente la atracó y la llevó a la quiebra, con la benevolencia calderonista.
Juan Molinar, titular de Comunicaciones y Transportes –corresponsable de la muerte de los niños quemados en la Guardería ABC y que gracias a la generosidad de los supremos cortesanos no está en la cárcel, porque continúa impunemente con sus tropelías–, dice que no es el momento de investigar las escabrosas causas de la bancarrota de Mexicana de Aviación, sino salvar a la empresa. ¿A quién le importa, por ejemplo, el destino de los 1 mil millones de pesos “prestados”, en quién sabe qué condiciones, por el Banco Nacional de Comercio Exterior a la aerolínea, y quién los pagará, así como los derechos brutalmente pisoteados de los usuarios de la empresa?
No puede mezquinarse la titánica aplicación de Molinar. Está por sacar a flote a Mexicana de Aviación. Y lo hace develando otra parte del conmovedor rostro del capitalismo mafioso: el familiar. El difunto Camilo Mouriño, el álter ego de Calderón, fue espléndido con su raza al momento de repartir las jugosas concesiones que depredan y llevan a la ruina a Petróleos Mexicanos. Molinar ahora rescata a Mexicana de su escabrosa ruina con oscuros “empresarios” de límpido pasado y linaje. La familia real no puede quedar fuera del negocio. El patriota Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo recibirá los dividendos por sus servicios. Por su contribución en el miasma electoral de 2006 que le dio el triunfo a Calderón, y por ser familiar de la princesa Margarita de Calderón. Hace poco, otro familiar de doña Margarita, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, disfrutaba plácidamente de la depredación de la concesionada Guardería ABC; pero su maldito incendio y, en mala hora, la muerte de los infantes acabaron con su negocio opulentamente pagado con nuestros impuestos. No obstante, los ministros cortesanos evitaron que arrumbara su osamenta en la cárcel. Los socios y los amigos de la derecha panista no fueron olvidados por Molinar: Andrés Rozental, medio hermano del mercenario Jorge Castañeda, y colaborador de Calderón; Vicente Ariztegui, contribuyente de la campaña de Calderón, y Javier, de apellido Molinar, entre otros, se sumarán en la cruzada que rescatará a Mexicana de sus cenizas, como el ave fénix; se apoderarán de ella a precios de regalo.
Una de las condiciones impuestas para esa patriótica contribución será, para beneplácito de Javier Lozano, la destrucción del contrato colectivo de los trabajadores y la reducción de sus prestaciones; la “flexibilidad” laboral otra vez para los esclavos modernos.
El asalto nocturno de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, al estilo del Decreto Noche y Niebla, igualmente conocido como Decreto NN, emitido por Hitler en 1941, también ha reportado beneficios. A los trabajadores electricistas les tocó la “flexibilidad”; a los desconocidos hombres de presa –para la sociedad, no para los calderonistas–, al menos 505 contratos por un monto de más de 1 mil millones de pesos, entregados directamente, sin licitación de por medio. ¿En qué condiciones? Nadie sabe. A Calderón y Lozano nada les importa el desastre eléctrico de la Zona Metropolitana. Que paguen sus votos por la izquierda gobernante capitalina.
Televisa, financiador de campañas panistas y feroz enemigo de los grupos progresistas, y su socio Nextel no quedaron fuera del negocio, al obtener el usufructo del espectro radioeléctrico. Pero este “detalle” merece comentarse separadamente.
El capitalismo mafioso, de amigotes, familiares y socios opera con soltura como una versión autóctona del Decreto NN; envuelve y oscurece los turbios negocios que algún día tendrán que descubrirse para restaurar la justicia y el estado de derecho, como un paso insoslayable para instaurar la república democrática y acabar con la depredación neoliberal y el despotismo político.
