Mientras el gobierno federal empeña importantes recursos económicos en una guerra fallida contra el narcotráfico, el desempleo en México crece inexorablemente y afecta de manera dramática a los jóvenes. Por su parte, testigos del derrumbe de la economía nacional, los organismos internacionales dan la voz de alerta en torno a la improcedencia del modelo económico aplicado a rajatabla en este país, en el que todo indica que continuará el derrame de sangre por un conflicto que cuenta con el apoyo del gobierno de Estados Unidos.
Los costos
Además de los 28 mil muertos desde 2006 por acciones de narcotráfico y violación a los derechos humanos, México es considerado uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico. A ello se agregan las víctimas del desempleo, más de 7 millones 500 mil jóvenes, quienes, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), integran el 45 por ciento de los que no estudian ni trabajan. Este organismo económico añade que los “desempleados en los servicios públicos” se han triplicado en 2008-2009 respecto de 2007, además de registrar un aumento importante del número de trabajadores que pasan del sector formal al informal, cantidad mayor a la de la crisis de 1994-1995, según el documento Perspectivas del empleo 2010.
Una de las principales víctimas del desempleo causado por la desviación de recursos hacia una guerra interna son los jóvenes. Basta citar las recientes declaraciones del director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, quien, en su intervención del 13 de septiembre en la conferencia conjunta que desarrolla el Fondo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló que la crisis mundial no terminará si primero no se termina con el desempleo. Asimismo, afirmó que el desempleo “no sólo desalienta a la juventud, sino daña sus perspectivas y capacidades, además de que un joven sin trabajo es más propenso a sufrir problemas de salud o incluso morir mucho antes de llegar a la edad madura”.
En México, difícilmente se podrá reducir el desempleo en una economía de guerra que ya ha afectado su competitividad. Según el Informe global 2010-2011, del Foro Económico Mundial, con base en la medición de 139 países, México ha caído al nivel 66 y es superado por Chile, Panamá, Costa Rica, Brasil y Uruguay. El informe señala que, en la región, éste es uno de los países más afectados por la crisis económica debido a su estrecha relación con Estados Unidos, y que uno de los principales desafíos es la creciente preocupación por la seguridad pública.
El conflicto también ha impactado a las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Según una investigación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, México ha tenido un raquítico crecimiento por no integrar su industria al proceso de comercio exterior, lo que incluso habría agudizado los desequilibrios distributivos y regionales. El estudio indica, además, la persistencia de una economía dual en la que grandes corporativos extranjeros dominan el mercado exportador, mientras que la mayoría de Pymes sólo operan en el mercado local.
México tiene pocas perspectivas para salir adelante por su fuerte dependencia de la debilitada economía estadunidense. La OCDE, en su estudio sobre perspectivas económicas, publicado el 9 de septiembre, afirma que la recuperación económica mundial será más lenta de lo previsto, ya que el crecimiento del G7 caerá a 1.5 por ciento de ritmo anual para el segundo semestre de este año.
Las perspectivas de la guerra
Las declaraciones de Hillary Clinton, ante el influyente Consejo de Relaciones Exteriores en Washington, de que México se parece a Colombia de hace 20 años, ya que el narco muestra un mayor nivel de “insurgencia” y controla diversas regiones del territorio, permiten prever que el conflicto continuará. En su alocución, Clinton reiteró el compromiso del gobierno estadunidense en seguir apoyando a México en esta lucha armada y aseveró que “el presidente Felipe Calderón merece altas calificaciones por su valor para combatir a los narcos”. Un combate en el que emplea a más de 50 mil efectivos de las Fuerzas Armadas. Otro indicador de que esta situación se mantendrá es el proyecto de presupuesto para 2011 en el que el gobierno federal pretende destinar mayores recursos a los gastos bélicos, en detrimento del fomento al empleo y al crecimiento económico.
El empeño del gobierno en su ofensiva contra el narcotráfico ha rebasado el respeto a los derechos humanos, por lo que diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) han solicitado al Senado de Estados Unidos no liberar 36 millones de dólares previstos en el Plan Mérida. Argumentan que eso significaría pasar por alto “las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en México, incluida la tortura, las violaciones, los asesinatos y las desapariciones forzosas”. Una de las evidencias de mayor peso que presentan las ONG es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha recibido cerca de 4 mil quejas contra el Ejército y sólo un soldado ha sido sentenciado desde 2007 y ninguno desde que se aplica el Plan Mérida.
Ante el desastre económico, la esperanza de los jóvenes para encontrar empleo en medio de un conflicto armado es nula y su porvenir será sacrificado como parte de la estrategia del primer mandatario de continuar en la búsqueda de “altas calificaciones” otorgadas por el Departamento de Estado. En esa búsqueda, mucha sangre correrá de aquí a 2012, fecha hasta la cual se mantendrá el ejército en las calles.
*Doctor en derecho de la cooperación internacional por la Universidad de Toulouse I, Francia
