México y sus 30 años sin crecimiento económico

Las reformas estructurales aprobadas sin tomar en cuenta la opinión de la sociedad y de los expertos en las diversas áreas, y cuya frase cliché es “mover a México”, no han logrado mover en los hechos ni 1 centímetro a la aletargada economía nacional que nuevamente este año apunta a tener un crecimiento inferior al pronosticado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 3.9 por ciento del producto interno bruto (PIB); ahora sólo se espera, en los cálculos oficiales más optimistas, llegar apenas a un 2.7 por ciento. El desoír a las voces autorizadas que han vaticinado el inexorable fracaso en puerta por la insistencia de los tecnócratas en mantener el modelo económico adoptado hace 5 sexenios amenaza con llevar al país a la ruina absoluta.

En el incierto escenario, nuevamente la fiel aplicación de las doctrinas neoliberales pasa su costosa factura a la quebrada economía mexicana que, desde hace 30 años y por seguir ciegamente las recetas de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), ha padecido un crecimiento promedio anual de su economía del 2.2 por ciento del PIB, muy inferior al alcanzado por países de América del Sur, como Argentina, Bolivia o Venezuela, que se han atrevido cambiar las lesivas prescripciones de la oligarquía global por otras tendientes a la aplicación de mayor gasto público en áreas que generan empleos, transformando su aparato productivo con mayor inversión y dotando de un mayor poder adquisitivo a la población para el fortalecimiento de su mercado interno.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el cambio de timón operado en el modelo económico de esas naciones les permitió en la última década lograr, en el caso de Argentina, un crecimiento acumulado de su PIB del 95 por ciento; y a Bolivia de un 47 por ciento; mientras que México apenas llegó a un 28 por ciento.

El director de la Sede Subregional de la Cepal en México, Hugo E Beteta, ha señalado con objetividad que de los 164 millones de pobres que hay en América Latina, 57 millones son mexicanos. Y mientras en Argentina, de 2005 a 2012, la pobreza disminuyó de 30.6 a 4.3 por ciento; y en Bolivia se redujo de 63.9 a 42.4 por ciento, en México, en el mismo periodo, aumentó de 31.7 a 37.1 por ciento.

La lectura es clara: el modelo económico aplicado en nuestro país desde hace 30 años, es decir, en los últimos 5 sexenios, ha demostrado hasta el cansancio no estar diseñado para generar progreso productivo y mucho menos fomentar el bienestar social, pues como lo aceptó el propio secretario de Hacienda, Luis Videgaray, la productividad en el país no ha crecido desde hace 3 décadas. “El crecimiento –expuso el funcionario– lo está aportando fundamentalmente nuestra fuerza de trabajo, y la adición de capital y la productividad están siendo un freno. Es decir, que nos hubiera ido mejor si tuviéramos la productividad que teníamos en 1980. Estamos quedando a deber en materia de crecimiento económico”.

La confesión externada por el titular de Hacienda no puede ser más ilustrativa del deterioro que ha tenido la nación desde la llegada al poder de la llamada tecnocracia, que fincó sus raíces neoliberales con el arribo al poder de Miguel de la Madrid en 1982, en cuyo gobierno se abandonó la política progresista y nacionalista por la de carácter abiertamente neoliberal, que fielmente hizo eco a la ola de privatizaciones de empresas estatales iniciadas en el mundo por el gobierno de Margaret Thatcher, en Inglaterra, y que tuvieron su origen en las recetas de la “sana política económica” recomendada por el FMI y el BM, pregonada por los organismos internacionales como sinónimo de “modernización” y “saneamiento de las finanzas públicas”.

En el sexenio de Miguel de la Madrid se inició la privatización de las más de 1 mil empresas públicas, muchas de ellas altamente rentables, que ahora se encuentran en manos de los empresarios nacionales y extranjeros, como fue el caso de Siderúrgica Mexicana, que llegó a controlar la industria del acero con empresas como Altos Hornos de México, Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas y Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, tendencia que cobró mayor auge en el gobierno de Carlos Salinas, cuando se devolvieron a particulares los bancos expropiados al final del sexenio de José López Portillo y se consumaron ventas, a precio de ganga, como la de Teléfonos de México, sentándose las bases para la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México y la participación de capital privado en el sector energético, como fueron las reformas hechas en 1994 a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que permitió la generación de electricidad a los particulares. Además, el país ingreso al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha traído más perjuicios que beneficios a diversos sectores de la economía nacional.

Con la llegada al poder de los gobiernos panistas, la aplicación de los dictados de los organismos internacionales llegó a su clímax al ir preparando el terreno para que hoy se consumen reformas como la energética, que son celebradas con ruidosa algarabía por las poderosas trasnacionales. No fue casual la arbitraria decisión de extinguir a Luz y Fuerza del Centro el 11 de octubre de 2009, dejando en la calle a 44 mil integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), como tampoco el despido de los 8 mil trabajadores de Mexicana de Aviación. En ambos casos no han sido el interés público ni la economía nacional los beneficiarios de tales medidas, sino las empresas extranjeras que, en el área del sector eléctrico, obtuvieron –de 2000 a 2012–, 772 permisos de generación de electricidad, lo que representó una encubierta privatización y un claro desplazamiento de la ahora agonizante Comisión Federal de Electricidad: despojo a la nación que será legalizado con la aprobación de las leyes secundarias por parte de un domesticado Congreso de la Unión.

El comparativo de Videgaray demuestra que, en efecto, el país estaba mejor cuando no entraba a la esfera neoliberal, que además de haber despojado al Estado y a la nación de la propiedad de las empresas públicas, sólo ha acrecentado la pobreza y la desigualdad. Una prueba irrefutable es que de 1976 a la fecha el poder adquisitivo de los trabajadores en México ha acumulado una pérdida del 72 por ciento; de igual forma, la política de imponer los bajos salarios ha redundado en un debilitamiento del mercado interno y, en consecuencia, ha impactado en una menor productividad, al grado de que la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) establece en sus parámetros que México tiene el mayor porcentaje de trabajadores viviendo en la marginación; es decir, el peor país de los 34 miembros del organismo internacional; siendo así que el 18.5 por ciento de los mexicanos que laboran son pobres, cantidad mayor a la que enfrenta Turquía con 18 por ciento, o Chile o Israel con 15 por ciento.

En contrasentido, el último reporte de la revista Forbes ubica a 16 mexicanos en la lista de los multimillonarios del mundo, cuyas fortunas superan los 1 mil millones de dólares. De hecho, de acuerdo con la publicación especializada, son unas 35 familias las que controlan la economía nacional, contra una población mayoritaria ahora también expoliada por las reformas hacendaria y laboral que han pauperizado, a través de la legalización del subempleo, su fuerza laboral, despojándola de los beneficios de la seguridad social y cancelando otras prestaciones sociales al tasar impositivamente el otorgamiento de vales de despensa y hasta las horas extras de su jornada laboral. Los cambios fiscales han golpeado también la expansión de las pequeñas y medianas industrias limitando dramáticamente la creación de empleos y cancelando fuentes de trabajo, como lo exponen los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía al informar que, de enero a marzo de este año, 52 mil 502 personas quedaron cesantes.

Y mientras la tecnocracia persiste en su obstinación por cerrar los ojos a la avasallante realidad de una economía que no crece, los que si van al alza de manera desproporcionada son: el costo de la canasta básica, los precios de los servicios como la electricidad, la gasolina, el gas doméstico y el agua; y los impuestos que ahorcan los mermados ingresos de los trabajadores, sobre todo de la clase media, como el predial, el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado.

En tanto, los “expertos” economistas egresados de universidades como Harvard o Yale, siguen culpando de nuestra crisis interna a los vaivenes del exterior, sin reparar que es el modelo neoliberal, adoptado hace 30 años, el responsable de lo que ahora padecemos y que amenaza con dejarnos sin país ante la privatización absoluta de las empresas públicas, entre ellas Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, que pasarán a manos de las multinacionales en una franca traición a la patria, sepultando su promesa de crecer un 5 por ciento del PIB, establecido como premonitorio epitafio del disfuncional y agonizante Pacto por México.

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas