El nuevo recorte presupuestal por 239 mil 700 millones de pesos que mantendrá intocables los privilegios de los altos funcionarios en los tres poderes públicos, pone de nuevo al descubierto la cada vez más acentuada e inequitativa distribución de la riqueza en el país. Mientras un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2017 ganará 6 millones 766 mil 428 pesos, incluidos aguinaldo y compensaciones, un trabajador con salario mínimo de 73 pesos diarios tendría que laborar 300 años para juntar tal cantidad.
La selecta casta de toga y birrete gana mensualmente en promedio 563 mil 869 pesos, cuando millones de mexicanos apenas y subsisten con el magro ingreso de 2 mil 190 pesos al mes; esto es, los ministros ganan 257 veces más que el grueso de la población, como sucede también con el resto de los miles de funcionarios, gobernadores, senadores y diputados, quienes se resisten a ser solidarios con los que menos tienen y se niegan a bajarse el sueldo a la mitad ahora que el país debe apretarse nuevamente el cinturón, pues como dicen allá en el rancho: “que se haga la voluntad de Dios –y la austeridad— en los bueyes de mi compadre”.
Podrá entenderse el porqué a la clase política en el poder la unen millonarios intereses personales, que la han vuelto inmune a la situación de crisis que golpea desde hace años a las clases menos favorecidas. Si no, ¿cómo entender que muchas de las resoluciones emitidas por los miembros de la Corte han dejado en la indefensión a millones de mexicanos que ahora están a merced lo mismo de empresarios que de reformas emitidas por el Congreso? ¿Por qué entonces tiene que pagar una expoliada población con su hambre y miseria los privilegios de quienes se han convertido en sus verdugos?
El México color de rosa de que disfrutan los ministros como muchos otros miembros de los poderes públicos que ocupan cargos de alto nivel, no corresponde a la terrible realidad que enfrentan en el día a día la inmensa mayoría de personas a las que se les intenta engañar con la aplicación de recortes que terminarán por afectarlos en su educación, en su salud y en su desarrollo social.
Desde hace tres años iniciaron los tijeretazos al presupuesto y la clase política nada ha dicho de aplicar la palabra austeridad en sus nóminas doradas; por el contrario, diputados y senadores en el Congreso han avalado la contratación de más deuda pública hasta llegar a la inmanejable cifra de más de 8 billones de pesos, en un perverso e irresponsable maridaje entre los tres poderes de la Unión.
De lo que se trata no es de optimizar recursos, sino que éstos sigan permitiendo el holgado nivel de vida de una selecta casta de funcionarios y políticos enquistados en el poder, para quienes la suerte que corren millones de pobres con cada golpe de la crisis es lo que menos les importa.
Resulta absurdo e increíble que para el año entrante se contemple destinar recursos por 568 mil 197 millones de pesos para afrontar el costo financiero de la deuda, mientras que para atender áreas prioritarias como educación, salud, desarrollo social y universidades públicas se destinen sólo 556 mil 41 millones.
Nuestros genios neoliberales han diseñado una política económica que no ha detonado el desarrollo del país a través de sus reformas, pero sí ha terminado por doblegarlo ante los organismos financieros internacionales por la vía del endeudamiento.
En lo que va del sexenio se ha pagado ya por los intereses del servicio de la deuda un billón 334 mil 505 millones de pesos; cantidad que de haberse canalizado a la construcción de hospitales, mejores salarios a maestros y una política de verdaderos apoyos al desarrollo del campo –no con políticas asistencialistas que son paliativos a la marginación de las zonas rurales–, hubiera representado auténticos beneficios sociales a millones de personas. Tan sólo por día, la deuda pública le cuesta al país un desembolso de mil 161 millones de pesos diarios.
De los funcionarios que tampoco tendrán que preocuparse porque el país se siga endeudando mientras a ellos les va muy bien, se encuentran los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que al igual que los ministros de la Corte, se llevarán el próximo año un sueldo anual de 6 millones 766 mil pesos, como también los miembros del Consejo de la Judicatura Federal que ganarán de manera acumulada, con sueldo y prestaciones, 8 millones 938 mil 234 pesos.
A este grupo de privilegiados también hay que sumar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), con Lorenzo Córdova a la cabeza; al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Plascencia, cuyas escasas recomendaciones nadie toma en cuenta, así como a otros titulares de organismos como el Inegi, el INAI, el Ifetel, la Comisión Federal de Competencia y un sinfín de aparatos burocráticos que en los hechos no han demostrado tener un beneficio concreto a la población, pero que en su mayoría representan un altísimo costo a los recursos públicos. En promedio, sus titulares ganan anualmente más de 2 millones de pesos.
Y mientras de acuerdo con los criterios presupuestales áreas como educación y salud enfrentarán para 2017 reducciones de hasta un 10 por ciento en relación con los recursos asignados este año, el INE obtendrá un presupuesto de 15 mil 371 millones de pesos para atender elecciones en tres entidades: Coahuila, Nayarit y Estado de México. De un mismo trato de excepción gozan los diputados y senadores, quienes obtendrán un aumento en sus recursos por 986 millones de pesos.
Cada uno de los senadores se llevará el año entrante un sueldo de un millón 312 mil pesos, amén del pago de otros gastos y compensaciones, lo mismo que los diputados que en promedio se llevarán a su cartera un millón 942 mil pesos. Envidiables ingresos como pago por aprobar leyes que tienen al país y millones de sus habitantes en la ruina absoluta y en una galopante marginación.
Así, mientras al país se le deja sin recursos para educación y salud, se insiste en solapar la evasión fiscal de los poderosos consorcios convertidos en amenazantes grupos fácticos que anualmente evaden impuestos por 488 mil millones de pesos, como también en devolverles a otros consentidos del Estado impuestos por 288 mil millones de pesos. De tal manera que bastaría con aplicar puntualmente una auténtica política fiscal de recaudación para compensar los recortes anunciados para el 2017.
Claro que para que esto sucediera debería existir un Poder Judicial autónomo y honesto, alejado de insultantes prerrogativas como las que gozan los miembros de la Corte, quienes por cierto aprovecharon las fiestas patrias para irse de puente desde el pasado martes 13 y retornar a sus actividades hasta el lunes 19. Mientras tanto, será el pueblo quien pague los costos de esta política neoliberal que ha convertido en una brecha abismal la riqueza de unos cuantos contra la pobreza de millones.
Contralínea 507 / del 26 de Septiembre al 01 de Octubre 2016
