Manejar en la Ciudad de México es una cuestión lucrativa para una empresa privada, desde que Miguel Ángel Mancera instrumentó el Nuevo Reglamento de Tránsito (NRT) el 15 de diciembre de 2015. Que, en caso de no ser respetado, implica el pago de elevadas sumas de dinero por infracciones, cuyo monto fue excesivamente incrementado. Así como por otras nuevas igualmente onerosas. El documento fue proporcionado gratuitamente y se puede consultar en línea ( www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/0dfe0f2c2728da104e72f26974d2ad23.pdf) para que, al ser multado, no exista queja del ciudadano por falta de avisos al respecto. Incluso, el benigno gobierno, ante la inconformidad de los capitalinos, ha otorgado un periodo de prueba que no estaba previsto cuando se instrumentó el NRT y que vence el 15 de febrero próximo. Lapso en que los infraccionados por primera vez, sobre todo en lo referente a las temibles “fotomultas”, les será condonada la amonestación. Incluso a los que ya pagaron su primer multa antes de la emergente consideración.

Tiene razón el gobierno al querer armonizar el desplazamiento vehicular en una ciudad de tránsito caótico, conductores intrépidos, egoístas, veloces –cuando podían– y lentos e irascibles en los embotellamientos. Sobre todo los de las antes llamadas vías rápidas y que en realidad no lo eran a las horas de gran afluencia vehicular, como el Anillo Periférico, el Viaducto y el Circuito Interior. Arterias donde hoy no se pueden superar los 80 kilómetros por hora. Pronto se olvidarán las madrugadas de rápidos viajes en la ciudad o los lances parásitos tras las ambulancias. Pero más allá de nostalgias al volante y de lo que diga el gobierno sobre el NRT, éste inició mal como documento oficial para hacer respetar las normas de tránsito y un instrumento educativo en el aspecto vial. Es un texto que ha roto ya otras normas, sobre todo en escritura, mal educando en este rubro al ciudadano. Libro del que se pueden señalar numerosos errores ortográficos y de redacción, de los que sólo cito tres: página 3 en el artículo 1, segundo párrafo, renglón tercero “…territorio dela Ciudad…” (sic); página 12 en el artículo 6, sección III, inciso (c), renglón primero “Transiten en comitivas organizadas, procesiones o filas…” (sic); y en la misma página y artículo, sección V, renglón primero: “Prioridad de uso en las calles de prioridad peatonal, dónde los peatones…” (sic). En una burda falta de respeto a la sociedad. Pero más allá de faltas en escritura, el NRT es en parte incongruente en su aplicación, principalmente en lo que se refiere a los límites de velocidad.

La velocidad límite de desplazamiento de 40, 50 y 80 kilómetros por hora –los de 20 y 30 kilómetros por hora en escuelas, hospitales y accesos o salidas son acertados al no implicar largos recorridos– es un desatino para la gran ciudad. Por ejemplo, de la caseta de peaje a Cuernavaca al Aeropuerto Internacional hay 24 kilómetros en línea recta. Trayecto que sin semáforos y conflictos viales implica un tiempo de 18 minutos a 80 kilómetros por hora y 29 minutos a 50 kilómetros por hora para los vehículos particulares. Pero que en realidad y en cualquier ruta posible, cuya distancia es mayor, puede implicar varias horas.

La velocidad permitida es además un despropósito para las unidades de tipo estándar en el límite de los 40 kilómetros por hora, ya que a esa rapidez se debe hacer cambio de segunda a tercera velocidad en muchos vehículos. Esto traerá para esos automotores mayor desgaste y más consumo de combustible. En todo caso, para no forzar las máquinas se deberá conducir a menor velocidad, lo que incrementará el tiempo de viaje, condenando a las unidades de carga y pasajeros a menos de 40 kilómetros por hora en casi todas las vialidades, a excepción de Tlalpan (80 kilómetros por hora) y algunos ejes, como el 3 Oriente (50 kilómetros por hora). Los desplazamientos vehiculares eran ya lentos debido a la carga vehicular, la ineficaz traza urbana, los baches, las manifestaciones y las obras viales que la autoridad sigue emplazando de día. Traslados que hoy son aún más calmosos.

La aplicación del NRT y su tecnología manipulada remotamente y/o manualmente –en diversas arterias, como Tlalpan, hay operadores de radares móviles parapetados detrás de las paradas del transporte público, incluso en áreas sin la señalización correspondiente– es para “educar” a los conductores. Pero esta acción también ha hecho oficial lo que era evidente, la ineficacia de la corporación de tránsito para aplicar la reglamentación pertinente en lo que parece más una operación recaudatoria de impuestos en la forma de multas. Lo que puede deberse a las necesidades monetarias del gobierno capitalino, incluso cuando la compañía operadora de radares y cámaras recibe más del 40 por ciento de lo ingresado por cada multa. El sistema tecnológico le reportará al gobierno más multas que las obtenidas por la agrupación de tránsito. Y no es que antes no se infringiera el reglamento. Al contrario, era violado casi sistemáticamente por la mayoría de los conductores. Lo que pasaba es que, si los agentes aplicaban de inicio el reglamento correctamente –y no en una distorsionada interpretación del mismo–, después las infracciones rara vez se materializaban y en cambio tenían un final feliz entre oficial e infractor, que comenzaba con la solicitud del primero de una mordida disfrazada de ayuda para el segundo o con el clásico: “¿No lo podemos arreglar de otra manera?” del segundo al primero, en una negociación por la condonación de una suma mayor: lo que durante años ha sido en la corporación de tránsito un sistema de cobros y entres desde los agentes y en dirección ascendente hasta otros oficiales de mayor rango.

Pero lo más grave es la incorporación de una empresa privada a la vigilancia de la circulación vehicular y a la aplicación de infracciones, pues implica la privatización del ejercicio de la corporación de tránsito y del gobierno capitalino, que está involucrando a particulares en la realización de sus obligaciones como autoridad. Es un jugoso negocio para la empresa privada, pues ésta no participaría con el único objetivo de recuperar lo invertido. Es muy posible que se esté infraccionando diariamente una ganancia más allá de lo que se invirtiera en infraestructura, y más aún cuando es su personal el que opera los dispositivos. Esperemos que Miguel Ángel Mancera cancele el contrato con la empresa privada y, en vez de empeñar las tareas de tránsito, ponga orden en dicha agrupación antes de que finalice su gestión o se postule para otro cargo. En suma, la instrumentación del NRT mediante una compañía, aunque sea en la participación de un porcentaje de lo recaudado por las multas, es la muestra de la ineficacia y corrupción de la corporación de tránsito capitalina. En una evidente privatización de las funciones del gobierno de la Ciudad de México.

Roberto E Galindo*

*Maestro en ciencias en exploración y geofísica marina, licenciado en arqueología especializado en contextos sumergidos y buzo profesional, licenciado en letras hispánicas, licenciado en diseño gráfico. Actualmente cursa la maestría en apreciación y creación literaria en Casa Lamm

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]

Contralínea 474 / del 08 al 13 de Febrero 2016