La Habana, Cuba. Utilizar el pretexto de la ayuda humanitaria a los migrantes para justificar una intervención militar es una vieja estrategia aplicada ya en varios países, que ahora Estados Unidos pretende imponer contra Venezuela, en contubernio con la Organización de Estados Americanos (OEA).

Desde hace meses el gobierno de Caracas viene denunciando estos planes, pero ahora fue el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien se encargó de confirmarlos.

Durante la visita efectuada el 14 de septiembre a una zona fronteriza de Colombia con Venezuela, Almagro aseguró que en cuanto a la intervención militar para derrocar al presidente Nicolás Maduro, “no debemos descartar ninguna opción”.

Sus declaraciones son una paráfrasis de las ofrecidas por el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, el año pasado, cuando afirmó que “tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una opción militar si fuese necesario”.

Fiel a su retórica antivenezolana, Almagro calificó como dictador al presidente Maduro, electo democráticamente por su pueblo, y lo culpó de ocasionar una crisis de migrantes en la región.

El máximo representante de la OEA había ordenado antes crear un grupo de trabajo sobre la migración venezolana, iniciativa que –de acuerdo con el gobierno de Caracas– busca imponer un llamado “canal humanitario”, en contra de la soberanía de su pueblo.

Están creando una narrativa de Venezuela como Estado fallido, en la que ellos son los salvadores humanitarios, advirtió el embajador del país sudamericano ante la OEA, Samuel Moncada.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), alrededor de 1.6 millones de personas salieron de Venezuela en los últimos 3 años, y el 90 por ciento de ellas están en naciones de América del Sur.

Entre las causas de esta migración, un factor determinante, que los monopolios mediáticos eluden mencionar, es el sabotaje permanente de Estados Unidos a la economía nacional.

La nueva escalada de agresiones contra el país sudamericano comenzó desde marzo de 2015, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró a Venezuela como una “amenaza para la seguridad nacional” y decidió aplicar sanciones contra varios funcionarios.

El bloqueo a la economía continuó en los años siguientes y se recrudeció, aún más, después de que Nicolás Maduro fuera reelecto en los comicios de mayo pasado con el 68 por ciento de votos, un resultado que Washington rechazó.

Luego de esos comicios, Trump firmó un decreto ejecutivo para endurecer los embargos financieros y prohibir las transacciones con los organismos públicos, incluida la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Esta guerra económica, apoyada por la oposición, intenta asfixiar al país e impide al gobierno la compra de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales.

Uno de los casos más recientes fue el bloqueo de siete millones de dólares destinados a la adquisición de tratamientos de diálisis para pacientes con problemas renales.

En la campaña mediática sobre el tema de la emigración, los medios también evitan señalar que Venezuela ha sido históricamente un gran receptor de refugiados.

Más de 6 millones 500 mil colombianos, peruanos y ecuatorianos radican en territorio venezolano y se benefician de los programas sociales aplicados por el gobierno. Una suerte bien diferente corren los venezolanos en otros países, muchos de los cuales resultaron víctimas de falsas promesas sobre una mejor calidad de vida.

De ahí que durante los últimos días, unos 3 mil venezolanos se acogieran al Plan Vuelta a la Patria, puente aéreo activado por las autoridades para facilitar el regreso de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad.

El presidente Nicolás Maduro denunció que en países como Colombia, Ecuador y Perú se está desarrollando una cruzada de odio, persecución, desprecio y xenofobia contra su pueblo.

Esta campaña mundial, encabezada por Estados Unidos, busca crear un escándalo para justificar una intervención en el país, advirtió.

Los planes de agresión, alentados por el secretario general de la OEA, provocaron el repudio de gobiernos y organizaciones progresistas en la región.

“Atentar contra Venezuela es atentar contra América Latina”, advirtió el presidente de Bolivia, Evo Morales, en su cuenta de la red social Twitter.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) considera las declaraciones de Almagro como una clara evidencia de los planes desestabilizadores contra los gobiernos progresistas.

Para el presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), el dominicano Manolo Pichardo, las palabras de Almagro reafirman el papel de la OEA como un instrumento al servicio de Estados Unidos.

Pichardo recordó el silencio cómplice y la actitud asumida por la Organización de Estados Americanos frente al golpe de Estado en Honduras (2009) y contra el gobierno legítimo de Dilma Rousseff en Brasil (2016).

“Sobran ejemplos que evidencian que la OEA, que legitimó la intervención militar estadounidense en abril de 1965 en República Dominicana para impedir el retorno del gobierno democrático de Juan Bosch, sigue siendo un instrumento para justificar las agresiones contra América Latina y el Caribe”, afirmó.

Hasta la mayoría de los países del llamado Grupo de Lima, con excepción de Colombia, Canadá y Guyana, dijeron rechazar cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención en Venezuela.

En un artículo, el diario The New York Times reveló contactos secretos mantenidos durante 2017 y 2018 por funcionarios del gobierno de Donald Trump y exmilitares venezolanos adversos al proceso revolucionario, con el objetivo de promover el derrocamiento del presidente Maduro.

Si a ello se suman las denuncias sobre un plan del Comando Sur con ese mismo propósito, los incidentes y provocaciones en la frontera colombo-venezolana y las más recientes declaraciones de Almagro, es fácil inferir que se prepara un golpe contra Venezuela.

Carmen Esquivel/Prensa Latina

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