En los últimos días, tres diarios calificados entre los más importantes e influyentes en el mundo mostraron sus miserias periodísticas. Primero fue El País, en España, al publicar una fotografía que mostraba a un supuesto moribundo presidente venezolano Hugo Chávez, postrado en una cama de un hospital cubano y conectado a tubos todo su cuerpo.

 

La imagen, presentada en la primera plana como una primicia periodística, de inmediato le dio la vuelta al mundo, sólo que para sorpresa de los editores españoles era falsa y se trataba de un burdo montaje, como revelaría posteriormente el autor en el sentido de que buscaba exhibir a la prensa amarillista e irresponsable que sin verificar la información se atrevía a publicarla.

 

Sin el mínimo rigor periodístico, El País cayó en su propia trampa, y aunque se disculpó posteriormente, el daño a su imagen de que practica un periodismo de excelencia se fue por los suelos, pues sólo confirmó su línea editorial de derecha dispuesta a todo con tal de desprestigiar a un régimen socialista y a uno de sus líderes. Grave error periodístico que se suma a los problemas internos que vive, desde hace varios meses, ese periódico español.

 

El segundo caso involucra al poderoso diario inglés The Guardian y al corporativo mediático más grande de América Latina, Televisa. Ese periódico, que goza de prestigio internacional, realizó una investigación sobre la relación de negocios que tuvo Televisa con el quipo de campaña del ahora presidente de la República, el priísta Enrique Peña Nieto.

 

El resultado de ese trabajo periodístico evidenció –algo que sabemos todos los mexicanos– un gasto excesivo en publicidad de parte del Partido Revolucionario Institucional para exaltar la imagen de su entonces candidato presidencial: las publicaciones se presentaban a la audiencia como “noticias”. Lo que parecía un trabajo impecable de la periodista responsable se vino abajo cuando el área jurídica de Televisa consideró como una difamación lo publicado por The Guardian y amenazó con llevar a juicio al diario inglés.

 

Las negociaciones entre ambos grupos mediáticos demoraron meses, pero al final The Guardian decidió abandonar a su reportera y se quebró ante el poderío de Televisa, por lo que de común acuerdo rectificó su publicación y ofreció disculpas a la empresa televisora mexicana.

 

El tercer caso, ocurrido apenas la semana pasada, involucra al periódico estadunidense The New York Times. En su primera plana presentó una “exclusiva” que rebotó de inmediato en todas las redacciones de la prensa impresa y electrónica en México, en donde se afirmaba que el gobierno de Barack Obama había influido al gobierno de Enrique Peña Nieto para impedir que un general del Ejército Mexicano, Augusto Moisés García Ochoa, asumiera la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), debido a las dudas que tiene Estados Unidos por supuestos vínculos del militar con el narcotráfico y por hechos de corrupción, al cobrar presuntamente comisiones que, asegura el diario, gestionó con empresas privadas a cambio del otorgamiento de contratos multimillonarios.

 

Sin fuente alguna ni documentos que sustentaran dicha información (sólo basada en dichos de supuestos informantes que nunca son citados y que, dice, son militares y funcionarios de ambos gobiernos), cinco periodistas de este “prestigiado” diario estadunidense firman la “primicia informativa” que no duró ni 24 horas antes de ser desmentida por los gobiernos de México y de Estados Unidos. Y el problema no es el desmentido, pues ya estamos acostumbrados a que ambos gobiernos desmientan información verídica, sino la falta de sustento informativo de la noticia en cuestión.

 

Pero más grave aún es que en la propia nota de primera plana de The New York Times –retomada por la prensa mexicana sin reparo alguno, sólo porque provenía de la catedral del periodismo– se desmiente que el gobierno de Obama y sus agencias de espionaje y antidrogas hubieran encontrado evidencias de vínculos del general García Ochoa con el crimen organizado, quien durante el sexenio pasado se desempeñó como director general de Administración de la Sedena y actualmente es comandante de la II Región Militar, con base en Coahuila.

 

La “información”, que parece más una filtración tendenciosa generada desde dentro de la propia Secretaría de la Defensa, porque carece de soporte periodístico alguno, no aguantó ni siquiera 1 día. Lo único que buscaba era golpear aún más al general en desgracia que fracasó en sus aspiraciones por dirigir al máximo órgano de la defensa nacional del país.

Otro problema de la información son las supuestas comisiones que cobraría el general por asignar contratos de obras y servicios, y que según The New York Times ascendieron a un 10 por ciento de cada contrato asignado, lo que significaría miles de millones de dólares.

 

Igual que en la acusación sin pruebas de narcotráfico, los periodistas estadunidenses no presentaron una sola evidencia ni una declaración con fuente, y se encubren bajo el prurito de informantes de los dos gobiernos. Tampoco revelaron qué empresas fueron las beneficiadas y mucho menos entrevistaron a quien podría estar involucrado.

 

Pero el problema no es que los periodistas se aprovechen de las filtraciones, pues éstas son tan viejas como el mismo periodismo y todos los reporteros abrevamos de ellas, lo que permite en muchos casos la revelación de información que de otro modo se mantendría oculta a pesar de ser de interés público.

 

El problema entonces de The New York Times es que no tuvo rigor periodístico alguno, pues con la mínima investigación los cinco periodistas hubieran descubierto que hay un expediente abierto en la Sedena, y que su Órgano Interno de Control, Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea indaga sobre la asignación de contratos multimillonarios a empresas extranjeras y nacionales por el incumplimiento de servicio en materia de salud y fallas en equipos relacionados con las áreas de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual, más allá de la pésima contratación y cumplimiento, pone en riesgo la seguridad nacional del país.

 

La semana pasada publicamos en este espacio el nombre de las empresas privadas que son investigadas y que por instrucciones del secretario, el general Cienfuegos, dejarán de prestar servicios a la Defensa. Estas son Distribuidora Disur, Servicios Empresariales Begam, Zaken Internacional, Yanbal, Security Tracking Devices, Broadlink, AVyD Solutions, todas relacionadas a las áreas específicas de salud, inteligencia y espionaje.

 

En el caso del desmentido que hizo México al periódico de Estados Unidos por conducto de la Secretaría de Gobernación, obedeció más a buscar defender a Enrique Peña Nieto, pues se insistió en que la designación de los secretarios de Estado compete sólo al presidente de la República, por lo que se rechazó cualquier injerencia del gobierno de Estados Unidos en la designación del secretario de la Defensa.

 

Por supuesto que la designación la hizo el presidente de la República, pero en materia de seguridad nacional, como es el caso, siempre se le consulta al gobierno de Barack Omaba por si tiene alguna información contraria a dicha designación, de tal manera que México le otorga a Washington la capacidad de veto. Esto es distinto.

 

Además, los reporteros que revisamos permanentemente lo que sucede en las Fuerzas Armadas sabemos que hay distintas normas para realizar compras y contratar servicios para la Defensa. Entre ellas destacan las compras que se hacen a través de un Fideicomiso de Administración para la Compra de Equipo Militar, presidido por el subsecretario de la Defensa, que en el sexenio pasado fue el general Demetrio Gaytán Ochoa, actual director general del Banco del Ejército.

 

Entonces el general Gaytán autoriza las compras que posteriormente son revisadas por el Comité de Adquisiciones de la Sedena, presidido por el oficial mayor, que a finales del gobierno anterior fue el general Salvador Cienfuegos Zepeda, actual secretario de la Defensa, y también son vigiladas por el inspector y contralor del Ejército.

 

Pero todo lo que tiene que ver con la parte operativa y administrativa para compra de bienes y servicios de salud, educación y, por supuesto, de seguridad nacional, pasa siempre por el escritorio del secretario de la Defensa, es decir, no se adquiere nada sin que él lo autorice, y en el gobierno pasado ese cargo lo ocupó el general Guillermo Galván Galván (quien por cierto acaba de salir de una delicada operación de rodilla).

 

Entonces las peticiones que hace el secretario de la Defensa son enviadas al jefe del Estado Mayor Presidencial y éste las canaliza para ser sancionadas por dicho Comité de Adquisiciones. Una vez aprobadas, la Dirección General de Administración, que hasta 2012 ocupó el general Moisés García Ochoa, se encarga de adquirir los bienes a través de la Subdirección de Adquisiciones. En todos los casos, la Sedena está obligada a cumplir la Ley de Adquisiciones.

 

Hay otras compras que hace la Secretaría de la Defensa, como las relacionadas con la seguridad nacional, por ejemplo, el avión 787 adquirido el sexenio pasado, cuya autorización de compra salió directamente de Los Pinos por parte del entonces comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, Felipe Calderón Hinojosa, hasta noviembre de 2012.

 

La duda sobre la investigación que realiza el contralor del Ejército, el general Guillermo Moreno Serrano, es si se responsabilizará a todos aquellos que autorizaron dichas compras en el sexenio pasado y que algunos de ellos ahora ocupan los más altos rangos de la Secretaría de la Defensa. Parece un laberinto del cual no podrán salir.

 

*Periodista

 

 

 

 

 

Fuente: Contralínea 321 / febrero 2013