Activo servidor público en el gobierno de Felipe Calderón, el doctor José Enrique Villa Rivera ha sido distinguido por el presidente de la República al nombrarlo director General de tres organismos públicos en distintos momentos: Instituto Politécnico Nacional (IPN), Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Como es tradición, después de su renuncia al IPN, todos los exdirectores de esta honrosa institución académica mantienen un salario vitalicio igual al que recibían al momento de su salida, que en el caso de Villa Rivera ascendería a unos 170 mil pesos mensuales, algo más que el sueldo del mismo jefe del Ejecutivo. Pero lo mismo sucede con los expresidentes de la República y los exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes al dejar su encargo público, mantienen su salario con todas sus prestaciones mientras viven. ¿Qué sería de México si también los obreros, jornaleros y campesinos tuvieran un salario vitalicio?

En el caso del doctor Villa Rivera, actual director General del Conacyt, la pensión no sería el único beneficio. Incluso enfrenta una investigación en la Secretaría de la Función Pública por supuestas violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Identificada con el folio DE/015/011, la indagatoria también involucra a otros cuatro exfuncionarios del Instituto Mexicano del Petróleo.

En la acusación –presentada el 1 de junio de este año ante la Secretaría Técnica de la oficina del secretario de la Función Pública–, el Sindicato Nacional de Trabajadores del IMP acusa al exdirector General de haber cobrado una indemnización por 512 mil 463 pesos, mediante el cheque número 0026186 de BBVA Bancomer, y un finiquito por 134 mil 246 pesos, cheque 0026187 del mismo banco. En total, el doctor Villa Rivera cobró por su salida del IMP 646 mil 709 pesos. El salario mensual integrado del director general del IMP asciende a 197 mil 198 pesos mensuales.

El alegato del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMP ante la Función Pública es que Enrique Villa no debió cobrar una liquidación (512 mil 463 pesos), porque él renunció al cargo para ocupar la Dirección General del Conacyt, y en consecuencia no tenía más derecho que a su finiquito (134 mil 246 pesos).

Advertido de la acusación en su contra, el ahora director General del Conacyt se adelantó al dictamen de la Función Pública y devolvió el monto recibido por la liquidación, según informó la Secretaría que mantiene abierto el expediente y que en breve tendrá que resolver. Aunque este caso se trata de sólo unos cuantos cientos de miles de pesos, implica una cuestión ética y moral de los servidores públicos y el abuso que hacen del poder público.

Otros cuatro exfuncionarios del IMP están en la misma situación que el doctor Villa Rivera: aunque renunciaron a sus responsabilidades en el Instituto para seguir a su jefe al Conacyt, fueron liquidados.

Fuentes de la Secretaría de la Función Pública adelantan que el exdirector del IMP no tendría responsabilidad alguna porque ya devolvió el dinero. Aun así, habrá que esperar cómo resolverá esa dependencia –responsable de velar por el buen comportamiento de los funcionarios– el caso de los cuatro subordinados de Villa Rivera que se niegan a regresar la liquidación que ya se gastaron.

La carta de renuncia

Como pruebas de su denuncia, el Sindicato del IMP presentó varios documentos originales ante la Función Pública. Con fecha del 28 de febrero de 2011, el doctor José Enrique Villa Rivera envió su carta de renuncia al doctor Juan José Suárez Coppel, director General de Petróleos Mexicanos y presidente del Consejo Directivo del IMP, en la que le informa:

“Muy estimado Sr. Presidente del Consejo Directivo:

“Con esta fecha me permito respetuosamente presentar ante el Consejo Directivo del Instituto Mexicano del Petróleo mi renuncia al cargo de Director General del IMP, por asumir nuevas responsabilidades. Expreso mi más profundo agradecimiento al Consejo Directivo y en particular a su Presidente, por el gran apoyo brindado durante mi gestión. Le ruego hacer extensivo este agradecimiento a la comunidad del Instituto Mexicano del Petróleo.

“Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo” (sic).

Una segunda carta, también fechada ese día, dirigida al nuevo director general del IMP, expone:

“Atendiendo a circunstancias personales y a las condiciones operativas que imperan en el Instituto Mexicano del Petróleo, me permito comunicarle la terminación de la relación de trabajo que me vincula a este instituto, con efectos a partir del 28 de febrero de 2011.

“En ese tenor, agradeceré su gestión para que me sean cubiertas todas y cada una de las cantidades y conceptos a que tengo derecho, y que deriven del mutuo acuerdo que motiva la conclusión laboral” (sic).

Un tercer documento entregado como prueba ante la Función Pública es el “Convenio de terminación de la relación de trabajo” entre el IMP y Villa Rivera.

Adelantamos que la Secretaría de la Función Pública exonerará al director general del Conacyt de cualquier responsabilidad administrativa y, tal vez, también a sus cuatro compañeros de trabajo que lo han acompañado por las tres direcciones generales que ha ocupado durante los cuatro años y medio del gobierno de Felipe Calderón.

*Periodista

Fuente: Contralínea 239 / 26 de junio de 2011