Será sólo coincidencia, pero desde que llegó el Partido Acción Nacional (PAN) a Los Pinos, hace 10 años, los centros de apuestas de juegos y sorteos han proliferado en todo el país. Y si a esto sumamos que la única responsable de regular todos los juegos de azar es la Secretaría de Gobernación, precisamente la encargada de la política interna, pues no hay duda de que los gobiernos federales del PAN son los promotores de estos establecimientos, muchos de ellos irregulares y verdaderos centros de lavado de dinero.
Según expertos internacionales en investigar delitos de cuello blanco, son precisamente las casas de juegos y sorteos de azar en donde se lavan cuantiosas fortunas, cuyo origen se relaciona con narcotráfico, secuestros, tráfico de armas, prostitución infantil y fraudes financieros, entre muchos otros delitos.
Llama la atención que sean dos gobiernos conservadores y de ultraderecha, los de Vicente Fox y Felipe Calderón, los que hayan promovido estos negocios, en donde el crimen organizado participa activamente, mientras que las autoridades no hacen algo para detenerlos.
Lo más grave es que muchos de estos establecimientos operan al margen de la ley, es decir sin que las secretarías de Gobernación y de Hacienda regulen su funcionamiento. La primera, en relación con los permisos y el cobro de cuotas, y la segunda, en el cumplimiento del pago de impuestos. ¿Quién permite entonces su operación y funcionamiento, principalmente en los estados de la frontera Norte de México?
¿Cómo creerle a Felipe Calderón cuando dice que lucha en contra de bandas de la delincuencia organizada, si el gobierno que él dirige permite el crecimiento de la industria del juego irregular, en donde se blanquean capitales sucios, muchos de ellos vinculados directamente con el tráfico de drogas?
En esta industria de juegos y sorteos algo raro pasa. Algunos negocios sí están regulados y vigilados por autoridades fiscales, financieras y judiciales, pero otros no. Los que se han sometido a las leyes en la materia, enfrentan los efectos de la crisis como cualquier otra actividad industrial, pero los que operan irregularmente y que no pagan impuestos son una competencia desleal.
En 2008, antes de que estallara la debacle de los mercados financieros con un claro impacto en la economía, los principales actores en la industria del juego tuvieron ingresos por más de 531 millones 41 mil 700 pesos.
En 2009, los permisionarios de negocios como hipódromos, galgódromos, frontones, centros de apuestas remotas –los famosos books– y las salas de sorteos de números vieron disminuir sus ingresos en 56 millones 841 mil 700 pesos, al caer las cifras a 474 millones 200 mil pesos, es decir 10.7 por ciento menos.
Para 2010, el sector espera una leve recuperación, sin llegar a las cifras alegres de 2008, y pronostica cifras apenas por arriba de 2009.
Por ejemplo, el negocio Caliente, de la familia Hank Rhon, vendió parte de su empresa a un grupo español, mientras que el empresario José María Guardia, Chema, con una gran participación en la industria del juego en la región de la frontera Norte, ha tenido una muy mala racha a pesar de sus buenas relaciones con la jerarquía eclesiástica del país, en donde el mismo cardenal Norberto Rivera ha inaugurado los centros de apuestas.
Los llamados negocios legales en esta industria tienen que cumplir con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, una tasa del 35 por ciento. Además, deben cubrir el pago de derechos a la Secretaría de Gobernación. Y, a diferencia de otros sectores como el de las cigarreras que trasladan cualquier incremento en impuestos al consumidor, elevando el precio de los productos para su venta final, la cerrada competencia en la industria del juego y los problemas económicos hacen prácticamente imposible que los negocios relacionados eleven sus tarifas.
Otra opción sería reducir el monto de los precios. Sin embargo, esa alternativa también está descartada en el mundo de las apuestas, pues también representa una reducción en la asistencia a las salas de jugadores.
Por ello, los negocios ilegales que están involucrados en esta onerosa industria y que no cumplen con el pago de impuestos y derechos ante Gobernación tienen amplias ventajas sobre los establecimientos legales.
No es extraño entonces que los empresarios de esta actividad tengan plenamente identificados los establecimientos irregulares que ofrecen a los jugadores mayores premios y a sus empleados mejores condiciones laborales, pues simplemente operan fuera de la ley.
La Secretaría de Gobernación, a cargo de Francisco Blake, debería estar preocupada, porque, sin permisos, operan decenas de establecimientos en todo el país, mientras que la Secretaría de Hacienda, cuyo titular es Ernesto Cordero, tampoco hace algo para cobrar los impuestos correspondientes, y mucho menos vigila que éstos no sean utilizados para el blanqueo de capitales producto de delitos como el narcotráfico.
Entre los estados donde se ha identificado la operación de establecimientos irregulares o fuera del marco legal, está Coahuila, con al menos 15 negocios de juegos y apuestas que operan sin el permiso de Gobernación. Estos centros cambian constantemente de razón social sin perder su mercado.
Otra región con este problema es Nuevo León, en donde además de la violencia que mantiene aterrada a su población, su capital se ha convertido en un centro de apuestas. En esta entidad, operan, por lo menos, siete casas irregulares.
La misma situación se vive en Tamaulipas, con ocho centros de apuestas al margen de la ley; Sinaloa, una, y Sonora, tres.
Seguramente serán el Departamento del Tesoro de Estados Unidos o la agencia antidrogas estadunidense los que investiguen esas operaciones ilegales en los centros de apuestas y después informen en su lista anual cómo se lava dinero en México.
